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LOS INTERNAUTAS DENUNCIAN QUE ESTA MEDIDA ATENTA CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Una ley polémica que nació con el Gobierno del PP


El actual anteproyecto que impulsa el Gobierno viene a revivir una ardua polémica que ya tuvo lugar durante el anterior mandato del PP con motivo de la redacción de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).




Esta norma, actualmente vigente, fue aprobada finalmente en 2002, y desató las críticas de los internautas. La ley establece que será un órgano competente "el encargado de interrumpir la prestación de servicios en Internet, pero según Tejerina, abogada de AI, "queda más o menos claro que dichas medidas serán ordenadas por la resolución de un juez".

De hecho, desde su aprobación, la Administración no ha intervenido en esta materia, siendo los órganos jurisdiccionales los encargados del cierre de páginas web, ya que "no hay vigente procedimiento administrativo alguno" a este respecto, señala la letrada. Ahora, el Gobierno expone con mayor claridad sus intenciones a través del actual anteproyecto (LISI).De hecho, en un primer borrador presentado por Industria en septiembre el texto citaba expresamente que tanto un órgano "jurisdiccional "como "administrativo" gozarían de potestad para cerrar webs, lo que habría limitado el ámbito. Luego, fue sustituido por organo "competente", sin aclarar, esta vez,según los expertos,las competencias judiciales.

La promesa del PSOE

Tras la aprobación de la LSSI en Consejo de Ministros, el entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, a calificó como" una ley de censura del ciberespacio".

Según el PSOE, introducía el "ambiguo" concepto de "autoridad competente "para cerrar webs. Algo que, según la Constitución, "corresponde a un juez", explicaba Rubalcaba . El PSOE prometió entonces cambiar esta norma en caso de acceder al Gobierno.

Otros puntos conflictivos

El órgano asesor de Industria (CATSI) ha criticado otros puntos polémicos del anteproyecto, que podría entrar en vigor en 2007. Ahora, está en periodo de alegaciones.

- Responsabiliza a los proveedores y motores de búsqueda de los contenidos que alberguen bajo "sudirección, autoridad o control" -como blogs o enlaces a otras páginas-.

- Según un reciente informe fiscal, en base a la legislación comunitaria, los servidores no están obligados a supervisar o controlar este tipo de contenidos.

- Las fuentes del sector consultadas advierten que ello podría fomentar la deslocalización de proveedores y dominios haciaotros países.

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