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PLASMADA EN EL PROYECTO DE LEY QUE APROBÓ EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL PASADO VIERNES.

CLI trasladará al Parlamento su oposición a la iniciativa del Gobierno de retener datos telefónicos y electrónicos.


Al igual que hicieron otras ONG europeas que también velan por las libertades civiles, la Comisión de Libertades e Informática ya hizo pública su preocupación por la aprobación de la correspondiente Directiva Europea el pasado 21 de febrero de 2006.




El proyecto de ley -que se denomina de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación- ya ha sido examinado por la Agencia Española de Protección de Datos y supone la incorporación al ordenamiento español de la citada Directiva que obliga a los operadores a guardar los datos entre 6 y 24 meses para, según su exposición de motivos, mejorar la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves. Concretamente la norma española establece, en síntesis, que las empresas de telefonía deberán conservar durante 12 meses los datos de cualquier tipo de comunicación –tanto fija como móvil o por Internet- que indiquen el origen, el destino, la hora, la fecha y el aparato utilizado, pero en ningún caso el contenido de la misma. Igualmente la norma que se debatirá próximamente en el Parlamento, obliga a identificar a los compradores de las tarjetas de prepago, por si las fuerzas y cuerpos de seguridad, previa autorización judicial, los requieren en el marco de una investigación.

La CLI quiere recordar ahora que el mandato de la UE al que alude el Gobierno español se basa en, efectivamente, una Directiva Europea aprobada en el Consejo de Ministros de la Unión Europea pero sin tener en cuenta la posición mayoritaria del Parlamento Europeo que la rechazó previamente por no ser conforme a los principios de la normativa europea de protección de datos, ni cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al derecho a la intimidad, vulnerar el principio de inocencia, e imponer una cargas desproporcionadas a las empresas de telecomunicaciones para implantar un sistema cuya eficacia resulta dudosa. Ante estas circunstancias, el Parlamento pidió a la Comisión Europea que propusiera una iniciativa acorde con la legislación vigente, basándose en el Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa que propuso una duración máxima de conservación de los datos de 90 días, y fomentando la cooperación entre los Estados Miembros. Sin embargo y lamentablemente, la opinión del Parlamento Europeo sigue sin tener un carácter vinculante por lo que la propuesta se aprobó por el Consejo de la Unión sin atender la citada petición.

La CLI no solamente evalúa la legitimidad formal de una iniciativa como la que analizamos en el presente comunicado sino que cree necesario analizar las cuestiones de fondo que son las que originan que cada vez con mayor frecuencia las políticas de seguridad faciliten la intrusión en nuestra intimidad.

Las razones de la oposición de la CLI a esta articulación de medidas son las siguientes:

1. La retención de los datos de comunicaciones es, entendemos, una herramienta que invade las vidas privadas de los ciudadanos europeos al expandir de forma significativa las capacidades de vigilancia de una forma improcedente. Al mismo tiempo desactiva toda una serie de protecciones en los instrumentos para la protección de los derechos humanos, como las directivas de Protección de Datos y la Convención Europea de los Derechos Humanos.

2. La retención de los datos personales de todos es, a nuestro juicio, una actividad ilegal según los términos del artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos y además es un acto desproporcionado.

3. La seguridad obtenida a través de esta retención podría ser ilusoria, ya que es factible que el tráfico de datos que se asocie a un individuo esté de hecho asociado a otro, o a un proceso que no esté conectado a las actividades de ese usuario.

4. El Estado y las empresas acumulan (y se cruzan) cada vez más datos sobre los ciudadanos y cada vez resulta más difícil conocer lo que saben de nosotros. En realidad ya no sabemos cuánta información tiene el Estado; solamente podemos averiguarlo de forma sectorial. Creemos además que el ansia por parte de las administraciones y de las empresas de obtener información de carácter personal de cada uno de nosotros, crece de forma inversamente proporcional a la debida transparencia. La CLI denuncia este hecho como un déficit democrático que nos asola, en particular desde el atentado terrorista del 11S de 2001.

5. El simple hecho de llamar por teléfono o el de navegar por Internet, son hechos que suponen dejar informaciones sobre nuestra identidad sin que podamos saber quien tendrá acceso a las mismas, ni que va a hacer con ellas, ni por cuánto tiempo. Estos datos de carácter personal corren el riesgo de ser explotados de forma ajena a nuestra voluntad, contraviniendo el principio de finalidad, y de ser potencialmente accesibles en todo el mundo. Nuestra vida privada se reduce así poco a poco con el riesgo de que esta tendencia se convierta en irreversible.


En conclusión, la Comisión de Libertades e Informática hará un seguimiento de la evolución legislativa del Proyecto de Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, efectuando en su caso las propuestas de enmienda que considere necesarias para velar por la protección de datos de carácter personal. Al mismo tiempo y aprovechando esta oportunidad queremos alertar a la ciudadanía de que es necesario elevar la sensibilización social sobre estas materias para poder corregir la, a nuestro juicio, alarmante falta de cultura de derechos derivada de la falta general de cultura política.

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