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EDITORIAL DE ABC

Contra el canon digital


MÁS de un millón de firmas ha conseguido reunir la plataforma ciudadana «Todoscontraelcanon», integrada por organizaciones empresariales, profesionales y asociaciones de consumidores y usuarios. Es muy significativa la composición heterogénea de esta plataforma, lo que demuestra que el asunto ha calado muy hondo en diversos sectores ciudadanos.




El Ministerio de Industria recibe por esta vía la expresión de un estado de ánimo generalizado en contra del canon que graba los dispositivos electrónicos que pueden reproducir o copiar.

El llamado canon «por copia privada» puede suponer un serio obstáculo para el desarrollo en España de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, que está lejos de haber alcanzado los niveles exigibles en una economía que se sitúa entre las primeras de Europa y del mundo.

La presión de las sociedades de autores en defensa de intereses legítimos no puede ser el único criterio atendible. Empresas y usuarios aportan argumentos sólidos para evitar la puesta en práctica de un mecanismo poco convincente. Entre ellos, que favorecerá el surgimiento de un mercado negro y la deslocalización industrial, con grave perjuicio para las empresas pequeñas y medianas. Es notorio también el daño que puede ocasionar al usuario particular, que se limita a obtener una copia para uso propio y no tiene ánimo de lucro o reventa.

n último término, se hace recaer el peso de la ley sobre la parte más débil, creando una especie de presunción en contra del ciudadano que no es fácil de sostener de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Como ya ocurriera en otros casos recientes (entre ellos, la ley del Cine, ahora paralizada), el Gobierno parece incapaz de buscar un equilibrio razonable entre los diversos sectores implicados, y las querencias intervencionistas se mezclan con el apoyo indiscriminado a una de las partes.

En el caso de la propiedad intelectual, reconocida por la Constitución y los convenios internacionales, el Ejecutivo no ha sido capaz de encauzar los intereses de las sociedades de autores, no siempre coincidentes en su totalidad con los propios creadores o intérpretes. Ahora choca con otro de los elementos afectados y, sobre todo, con la realidad social en el uso de copias digitales, que va muy por delante de las normas reguladoras. Industria y Cultura deberían ser sensibles a las reivindicaciones formuladas por la plataforma contra el canon con el apoyo explícito de una gran cantidad de ciudadanos.

No se trata de dar un vuelco a la situación, sino de aplicar las reglas de negociación y consenso, esenciales en una sociedad moderna y compleja, y mucho más cuando está en juego el futuro de la Sociedad de la Información en España y, por tanto, de un elemento nuclear para el progreso de nuestra economía. Las leyes no pueden vivir de espaldas a los ciudadanos y, desde este punto de vista, poner puertas al campo no es la mejor fórmula para garantizar los intereses de todos.

Editorial del ABC


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