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LOS AUTORES `COPYLEFT' NO SE BENEFICIAN DEL CANON

La guerra del canon


El pasado 27 de marzo, el Ministerio de Cultura y el de Industria, Turismo y Comercio debían haber aprobado una orden conjunta que determinase la cuantía del llamado `canon digital'. No fue así: las posiciones a conciliar eran --y son-- tan diametralmente opuestas que ha faltado tiempo para encontrar una solución que satisfaga a todas la partes implicadas.




Paloma B. Chamorro - La Clave - La polémica viene de lejos: ya en 1992 empezaron a gravarse casetes y cintas de vídeo vírgenes, fotocopiadoras y otros aparatos capaces de reproducir trabajos sujetos a derechos de autor, con una tasa destinada a compensar el dinero que los artistas perdían como consecuencia de las copias privadas que los usuarios podían hacer de sus obras. A partir del 1 de septiembre de 2003, el `canon por copia privada' comenzó a ser aplicado a los CD y DVD tras un acuerdo entre la industria productora de tecnología digital y las entidades de gestión de derechos de autor. Finalmente, el pasado mes de junio, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual estipulaba que el pago del canon debía efectuarse por todos los "soportes materiales idóneos para reproducir obras protegidas". La expresión dejaba vía abierta para gravar no sólo los CD y DVD, sino también los reproductores MP3, teléfonos móviles multimedia o lápices de memoria.

La reformada Ley de Propiedad Intelectual dispone que sean las entidades de gestión de derechos de autor, por un lado, y los fabricantes y distribuidores de equipos, por otro, quienes, en un plazo de cuatro meses, lleguen a un acuerdo sobre los aparatos y soportes digitales que deben quedar sujetos al canon y la cantidad a pagar por cada uno de ellos. En caso de que no haya consenso --y no lo hubo-- la decisión debe ser tomada en los tres meses siguientes por los Ministerios de Cultura y de Industria. Pero también ha pasado ya el tiempo acordado y todavía no se ve la luz al final del túnel: "El Gobierno está empeñado en escuchar a todos los sectores e intenta ahormar una solución que proteja los derechos de autor, de quienes crean los nuevos formatos, permitir el negocio legítimo a través de las nuevas tecnologías y proteger los intereses generales de los ciudadanos", señaló la ministra de Cultura, Carmen Calvo, cuando, hace unos días, confirmó que la fecha estipulada debía ser aplazada.

USUARIOS BAJO SOSPECHA

La plataforma Todoscontraelcanon está integrada por ciudadanos, profesionales, asociaciones empresariales y de consumidores. Aunque sus funciones e intereses son diversos, todos están de acuerdo en que el canon "representa un porcentaje alto en el precio final del dispositivo sin tener en cuenta que éstos cada vez se usan más para uso privado". En su opinión, es cierto que cintas de vídeo y casetes vírgenes eran usados sobre todo para copiar obras sometidas a derechos de autor, pero no sucede lo mismo con los CD, DVD o teléfonos móviles. Además del perjuicio económico que el canon supone para la industria productora de tecnología digital, el descontento proviene de la criminalización que la ley hace de los usuarios. Ángel Matilla, de la Asociación de Internautas, señala que el canon "viola el precepto básico de la presunción de inocencia" porque da por sentado "que absolutamente cualquier soporte digital que se compre va a ser usado de forma ilegal. Es como si alguien compra un coche y en los 18.000 euros que le cuesta van incluidas las posibles multas por exceso de velocidad que va a cometer en el futuro". Además se acumula `multa' sobre `multa', porque cobran por el CD virgen, pero también por el aparato en que se va a utilizar.

En el otro extremo, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y el resto de entidades de gestión de derechos de autor estiman que el canon es la única forma de compensar a los artistas de los perjuicios provocados por la `copia privada'. Asimismo, creen que su pago beneficia a todos: a la industria digital, porque la posibilidad de copiar películas y canciones ha incrementado las ventas de CD y DVD vírgenes; y a los particulares, porque si no existiera la compensación no se podrían hacer copias legales. Por otro lado, mantienen que los responsables del pago no son los consumidores, sino los fabricantes o distribuidores. "Nada justificaría que cuando más copias se hacen por parte del público (provocando así la caída en las ventas de productos culturales) se retirara una medida, existente en toda Europa, cuya finalidad es mitigar las pérdidas que se están generando al sector cultural", afirma Pedro Farré, director de Relaciones Corporativas de la SGAE.

CARÁCTER RETROACTIVO

Pero incluso dentro de las entidades que se benefician del cobro del canon hay voces discordantes. Ernesto Díaz, director de la escuela Pachu Músicas y socio de la SGAE, considera que, aunque en un principio fue creada para administrar y defender los derechos de los autores, a medida que los beneficios obtenidos iban menguando, y la directiva "veía horizontes mayores", ésta empezó "a buscar el dinero donde fuera". En su opinión, la SGAE se ha convertido en un "monopolio tremendo" que no representa los intereses de los `pequeños' artistas y creadores --por otro lado, la mayor parte de sus asociados--. "Cuando todos los estudios de grabación de Madrid están cerrando porque no hay trabajo, la SGAE se permite montar un par de ellos para hacer la competencia a los demás. Su dinero revierte sólo `en las altas cumbres' de la música: se montan macrofestivales que benefician a quien lo organiza y a artistas `ultrafamosos' porque, en general, el que no lo es bastante consigue si le pagan el hotel".

Y ahí están también los cuatro millones de autores que prefieren gestionar sus derechos de forma autónoma, bajo licencias Copyleft. Según explica la Asociación de Música en Internet en su página web, este colectivo ofrece sus trabajos de forma gratuita a través de Red, "por ello la imposición de un canon en cualquier servicio o producto digital, informático o telemático que encarezca la descarga de la misma para el usuario no es bien acogido, ya que merma su divulgación perjudicando su medio de financiación, la venta de entradas para sus conciertos".

Aunque todavía Cultura e Industria no han decidido nada, en cuanto se emita la preceptiva Orden Ministerial, "tendrá efectos retroactivos al momento de entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad Intelectual" (8 de julio de 2006), aclara Ofelia Tejerina, abogada de la asociación de Internautas. Así las cosas, aunque "no se ha decidido aún ni cuánto ni por qué conceptos, la industria ya debe dinero a la SGAE".

Las claves de la ley, los recaudadores y los usuarios

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) diferencia entre equipos y soportes materiales de reproducción analógicos (casetes, cintas de vídeo o magenetófonos) y digitales (DVD, CD, MP3, etcétera). El canon que gravará los digitales está por determinar. En cuanto a los analógicos, las fotocopiadoras se han cargado con una tasa de entre 15 y 200,13 euros (en función de la cantidad de copias por minuto que puedan hacer), los magnetófonos con 0,60 euros, los vídeos con 6,61 euros, los casetes con 0,18 euros por hora de grabación y las cintas de vídeo con 0,30 euros por hora de grabación.

Según explica Pedro Farré, el canon "se destina a las entidades de gestión que administran los derechos de propiedad intelectual. En el caso de los derechos que se generan por la música y por el cine, en la modalidad de audio, el 50% de la remuneración es recaudada por la SGAE en nombre de los autores, el 25% por AIE (entidad de gestión de los artistas) y el 25% por AGEDI (entidad de gestión de los productores discográficos); en la modalidad de vídeo, la remuneración es recaudada prácticamente a partes iguales por la SGAE en nombre de los autores, AISGE (entidad de gestión de los artistas audiovisuales) y EGEDA (entidad de gestión de los productores audiovisuales). Estas entidades reparten estos derechos de propiedad Intelectual entre sus socios y destinan una parte muy importante a servicios asistenciales y a actividades de formación y de promoción cultural, tal y como exige la LPI".

Todoscontraelcanon presentó el 19 de marzo en el Ministerio de Industria un manifiesto respaldado por más de un millón de firmas. Además de denunciar un canon que consideran injusto, la plataforma, que ha expresado su "total respeto por la propiedad privada, y por los derechos de los autores", propone como alternativa "que se pague la compensación en el momento en que se adquiere la obra", ya que de esta manera "paga quien adquiere el derecho, recibe el dinero directamente el propietario del mismo y sólo se aplicaría a aquellos contenidos que se pudieran copiar".

La Ley del Cine --que obliga a las cadenas de televisión a invertir el 5% de sus ingresos anuales en cine europeo y español-- y el canon por préstamo para las bibliotecas públicas son otros frentes abiertos entre Cultura y la sociedad. En el segundo caso, y al contrario de lo ocurrido con el `canon digital', aunque teóricamente también es una medida de protección de los derechos de autor, ha sido contestado por más de cien intelectuales.

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