Si en los primeros borradores inquietaba que se autorizara a los órganos competentes, sin determinar cuáles, a bloquear el acceso a páginas web (algo que hoy, con la vigente LSSI, sólo corresponde a los jueces), la concreción que ahora se introduce en el proyecto resulta escandalosa: corresponderá a la SGAE y a las demás entidades gestoras de derechos de autor decretar la retirada de cualquier contenido que, a su juicio, vulnere la propiedad intelectual. Así, sin anestesia, sin pudor ninguno de mandar a la papelera el número 5 del artículo 20 de nuestra Constitución, precepto que, para eso, exige siempre una resolución judicial.
O dicho de otro modo, de aprobarse la versión actual, los proveedores de servicios de internet tendrán que obedecer, sin previa ni ulterior revisión, las órdenes de las precitadas entidades de cuya sensibilidad y mesura todos tenemos noticia cuando soliciten no ya el cierre de un concreto sitio web, sino incluso la desconexión de un usuario cualquiera de internet por hacer uso de las redes P2P.
Como comprenderán, la movilización ante semejante disparate está siendo inmediata.
La Asociación de Internautas, tras subrayar la oposición del mismísimo Consejo de Estado, considera que la norma prevista convierte a las Sociedades de Gestión en verdaderas instancias judiciales, capaces de calificar como ilícita y culpable la actuación de un particular y de convertir a las prestadoras de servicios en empresas subordinadas al capricho de estos supuestos jueces. En idéntico sentido, con el aval y la fuerza del millón de firmas incoloras que la sostienen, se pronuncia la Plataforma Todos contra el canon.
Es probable que tales reacciones y las que supongo se añadirán terminen consiguiendo que jamás se apruebe la propuesta. Pero no deja de parecerme significativo que haya llegado a idearse semejante solución, tan complaciente con los palmeros como restrictiva y antidemocrática. Una muestra más, la enésima, del respeto exacto que a nuestros dirigentes les merecen los intereses y derechos de la mayoría.
Artículo de Rafael Padilla en Huelva Información
O dicho de otro modo, de aprobarse la versión actual, los proveedores de servicios de internet tendrán que obedecer, sin previa ni ulterior revisión, las órdenes de las precitadas entidades de cuya sensibilidad y mesura todos tenemos noticia cuando soliciten no ya el cierre de un concreto sitio web, sino incluso la desconexión de un usuario cualquiera de internet por hacer uso de las redes P2P.
Como comprenderán, la movilización ante semejante disparate está siendo inmediata.
La Asociación de Internautas, tras subrayar la oposición del mismísimo Consejo de Estado, considera que la norma prevista convierte a las Sociedades de Gestión en verdaderas instancias judiciales, capaces de calificar como ilícita y culpable la actuación de un particular y de convertir a las prestadoras de servicios en empresas subordinadas al capricho de estos supuestos jueces. En idéntico sentido, con el aval y la fuerza del millón de firmas incoloras que la sostienen, se pronuncia la Plataforma Todos contra el canon.
Es probable que tales reacciones y las que supongo se añadirán terminen consiguiendo que jamás se apruebe la propuesta. Pero no deja de parecerme significativo que haya llegado a idearse semejante solución, tan complaciente con los palmeros como restrictiva y antidemocrática. Una muestra más, la enésima, del respeto exacto que a nuestros dirigentes les merecen los intereses y derechos de la mayoría.
Artículo de Rafael Padilla en Huelva Información
