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CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID | CEIM

Los empresarios madrileños rechazan aplicar el canon digital


El presidente del CEIM, Confederación Empresarial de Madrid, Arturo Fernández se opone a la gestión del canon por medio de empresas privadas porque eliminan la seguridad y la transparencia.




EFE - El Mundo - El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Arturo Fernández, rechazó hoy la aplicación del canon digital en las actuales condiciones, porque es "un gravamen que limita la libertad de las empresas y de los ciudadanos, y perjudica su competitividad y el acceso a la información".

Los empresarios de Madrid rechazan también la gestión de este canon a través de entidades privadas que "eliminan la seguridad y transparencia necesaria para que la actividad empresarial se pueda llevar a cabo con la seguridad y garantías necesarias".

Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y ante los cambios introducidos en esta ley a su paso por el Congreso de los Diputados, el nuevo texto da vía libre al establecimiento de un nuevo canon para los soportes digitales.
Si se aplica el canon...

Como consecuencia de su aplicación, el canon digital introduce una doble imposición: por un lado se pagan derechos al comprar o adquirir el contenido, y por otro, se vuelven a pagar por el hecho de almacenarlo en un dispositivo o de moverlo a través de una red de telecomunicaciones, con independencia de si los contenidos almacenados, reproducidos o transferidos están sometidos o no derechos de autor.

Según el CEIM, el canon, como también se ha demostrado con el Canon Analógico utilizado en los CD y DVD, no erradica la piratería, pero sí, en cambio, incrementa el coste de los soportes y propicia que la compra de reproductores o servicios de Internet sean forzados a deslocalizarse a otros países que no tienen estos gravámenes.

Por esta razón rechaza cualquier posible reclamación de cantidad a ciudadanos, empresas o administraciones con carácter retroactivo en concepto de canon digital que podrían únicamente ser reclamadas a partir de la entrada en vigor de las tarifas establecidas por la administración sobre conceptos previamente establecidos.

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