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TODOS CONTRA EL CANON

Los promotores de los conciertos llevan a la SGAE a la Audiencia Nacional


Cada vez que suena la primera nota en un concierto, los responsables financieros de la SGAE sonríen. Han vuelto a hacer caja. Quizás usted no lo sepa, pero gran parte de lo que paga por su entrada cuando acude a ver a su artista preferido o al grupo de moda va directamente a las arcas de SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores.




Javier Romera / El Economista En teoría, esa recaudación va a parar a los autores de la música, pero según denuncian algunas empresas, hay que tener en cuenta que esos mismos autores son también los intérpretes de sus obras, por lo que estarían cobrando por duplicado.

La Asociación de Promotores Musicales de España (APM) denunció ante el Servicio de Defensa de la Competencia, un organismo dependiente del ministerio de Economía, que la SGAE les estaba imponiendo unas condiciones abusivas para poder realizar los contratos. Además de tener que pagar una fianza previa, deben entregar a la entidad el 10% de todo lo que recauden en la taquilla. Tanto el Servicio, como posteriormente, el pasado mes de marzo el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), dieron sin embargo la razón a la SGAE, por lo que la asociación ha decidido acudir ahora ante la Audiencia Nacional.


Batalla jurídica

"Nuestros abogados están trabajando ya en ello para poder presentar la denuncia este mismo mes", asegura José Luis Martínez, director gerente de la APM. Según dice, "la SGAE cobra un canon altísimo en comparación con las entidades de gestión de otros países. En Estados Unidos o Reino Unido los organizadores de los conciertos tienen que pagar sólo un 3% y en la mayoría de los países de Europa ronda el 5%".

El TDC reconoce, de hecho, que "las tarifas aplicadas por SGAE en España difieren de las entidades similares en otros países de la Unión Europea", aunque insiste también en que "esto no sería una condición suficiente para concluir que dicha disparidad suponga per se una conducta abusiva". En su resolución, el Tribunal va incluso más allá y reconoce que las tarifas no son adecuadas, pero debido a que "los elementos que constan en el expediente impiden su calificación como abusiva".

Los promotores critican, especialmente, que cuando quieren traer a un artista extranjero para ofrecer un concierto en España no pueden acudir directamente a la sociedad de autores de su país de origen, sino que tienen que negociar directamente con la SGAE. "Se ha dado la paradoja, por ejemplo, de que cuando hemos traído un cantante británico y aunque en Reino Unido el canon es del 3%, al tener que negociar con SGAE nos sigue cobrando un 10% por esos derechos", asegura el gerente de la APM.

La asociación que defiende los intereses de los promotores musicales agrupa a un total de 37 empresas, que facturan en conjunto más de 53 millones de euros y emplean a 21.178 trabajadores. Entre sus socios figuran compañías como Advances Music, Concert Tour o Doctor Music.


El polémico canon digital

La SGAE asegura que cuando se les notifique la denuncia la estudiarán con detalle. Mientras tanto, asegura un portavoz, "no se pueden hacer declaraciones". Este no es, sin embargo, el único problema al que se enfrenta la SGAE. Parte de la industria tecnológica española se ha rebelado ya y ha dejado de pagar las tarifas por el canon digital.

Ante la incertidumbre legislativa -el Gobierno tenía que haber fijado en marzo qué aparatos deben pagar el canon y que importe les corresponde a cada uno-, las compañías han preferido esperar ante lo que consideran "un claro abuso por parte de las entidades de gestión" y no pagar las cuotas, que por ahora siguen siendo provisionales.

Tal y como adelantó elEconomista el pasado 29 de agosto, los ingresos de SGAE derivados de los aparatos de audio han caído así un 18,3%, hasta 10,2 millones de euros, y los de vídeo un 3,2%, hasta 10,7 millones. A pesar de los impagos, la piratería, el fraude y el retraso en la aprobación de la nueva normativa, la SGAE cuenta con una situación financiera más que saneada. La entidad que defiende los derechos de los autores ingresó en total el año pasado 342,6 millones de euros.

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