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EDITORIAL DE EL ECONOMISTA

Un canon para una sociedad privada


El Gobierno está a punto de dar luz verde al canon Con que se gravará a diversos reproductores y soportes digitales. La decisión es muy polémica, tanto para los consumidores —que pagarán el encarecimiento de estos productos— como para la industria tecnológica, que de la noche a la mañana ve cómo irremediablemente pierde competitividad al tener que aumentar precios y reducir márgenes. Este nuevo canon va a afectar, en principio y salvo futuras modificaciones, a los soportes de disco compacto(CD), al formato DVD, las memorias USB y los teléfonos móviles.




También afectará a los reproductores del formato Musical MP3, escáneres y fotocopiadoras, entre otros dispositivos. Lo que más desencaja a industria y consumidores es el motivo del canon, ya que además de ir contra las recomendaciones de la Unión Europea, presupone que se van a usar ilícitamente los dispositivos para manejar material protegido por derechos de autor, imposibilitando así al consumidor su defensa.

Si sigue adelante este canon, debería gestionarlo una sociedad pública de una transparencia ejemplar

Pero no se debe dejar de lado un asunto que es igualmente grave: el hecho de que el canon lo recaude una sociedad privada como es la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), una entidad que cuenta con un curioso entramado de empresas, una lista de asociados que no hace pública, y sobre la que pesa una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. En caso de seguir adelante con este canon, lo más lógico sería que fuera recaudado a través de una sociedad pública, dependiente del Ministerio de Cultura, con unas cuentas perfectamente auditadas y con una información cuya transparencia debiera ser ejemplar. De otra forma, no se podrá evitar que la sociedad se sienta robada sin motivo y su presunción de inocencia, ese derecho constitucional, se vea absolutamente vulnerada.

Editorial de El Economista

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