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AL GRANO

El canon digital es un desequilibrio democrático


El crecimiento de la banda ancha en España ha retrocedido a niveles anteriores a 2004 y su acceso sigue siendo uno de los más lentos y caros de Europa. Por ello, Víctor Domingo cree que la última posibilidad para acceder a la Sociedad de la Información pasa necesariamente por una nueva regulación para las telecomunicaciones, que favorezca la inversión y la innovación, y que posibilite el despliegue de redes de banda ancha de nueva generación. Respecto al canon digital, que considera un desequilibrio democrático, el presidente de la Asociación de Internautas y miembro fundador de la plataforma ‘Todos contra el canon’, valora positivamente que tanto el Partido Popular, como Iniciativa per Catalunya y Ciudadanos se hayan comprometido a suprimirlo.




Maria Martínez El Nuevo Lunes .- ¿Qué opina de la polémica Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados?

-El artículo 8 de la Ley de Medidas de la Sociedad de la Información convierte a la LSSI en la "ley de la censura para Internet" pues vulnera de plano derechos fundamentales como la libertad de expresión, información y otros derechos como la libertad de empresa, limitando sus garantías constitucionales. La reforma de la Ley de Comercio Electrónico quiere dejar abierta la posibilidad de que las Administraciones Públicas y entidades privadas puedan retirar contenidos de Internet o cerrar páginas web sin intervención judicial. Por otra parte, el Gobierno de España ha perdido un magnifica oportunidad para declarar el acceso a la banda ancha e Internet cómo servicio universal, y deja off line a 3.700.000 ciudadanos españoles, en función del lugar donde viven.

-¿Y de la normativa de interceptación de las comunicaciones telefónicas y electrónicas?

-El Capítulo II del Título V del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Gobierno el 15 de abril de 2005, que regula “la interceptación legal de las comunicaciones”, ha sido impugnado por la Asociación de Internautas (AI) ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. La AI considera que dicha regulación es inconstitucional y que infringe el ordenamiento jurídico.
En nuestra opinión, el Gobierno ha excedido el ámbito de autorización concedido por el artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones, que no le faculta para establecer el procedimiento legal relativo a la interceptación de las comunicaciones acordadas por la autoridad judicial, materia reservada a ley orgánica, por tratarse del enervamiento de un derecho fundamental como es el secreto de las comunicaciones, amparado en el apartado 3 del artículo 18 de la Constitución.

-La AI lleva años luchando desde Internet contra el canon digital de la SGAE y ahora desde la plataforma “Todos contra el canon”. ¿Cuál es su postura respecto a este tema?

-Es cierto, luchamos para librarnos de compensación por nada, contra eso estamos. Los derechos de autor, que sean remunerados, compensados, adquiridos..., como establece el legislador y considere oportuno su creador, pero sin trampa ni cartón como se pretende desde el Gobierno con la Ley de Propiedad Intelectual.

El Gobierno quiere mantener casi intacta la remuneración compensatoria, incluso extendiéndola a todo tipo de mecanismos que posibiliten la copia aunque sea provisional. Además, quiere impedir en la práctica la copia privada incluso al ciudadano que tenga acceso legítimo a la obra que pretende reproducir.

Este sinsentido penaliza al interés general, bajo sospecha y, por si acaso, incluso a los derechos legítimos de los autores a los que se pretende defender. El Gobierno sólo asegura la recaudación de 115 millones de euros en 2008 a las sociedades privadas de gestión de derechos de autor, lo que no significa que esa cantidad cumpla su función. El canon es un desequilibrio democrático que infama nuestro Estado de Derecho.

-La AI ha dado su apoyo a Mariano Rajoy y éste a la Asociación en la lucha contra el canon. ¿Cree que si el Partido Popular gana las elecciones se solucionará el problema?

-Sinceramente, no lo sé. Aunque valoro en mucho que el Partido Popular, Iniciativa per Catalunya o Ciudadanos se comprometan a suprimirlo. Prefiero eso a que, como el PSOE, los políticos incidan en su imposición. En cualquier caso, todos los partidos políticos saben ahora que la oposición al canon está sólidamente fundamentada y su supresión es necesaria.  El 10 de marzo tendrán que dar una solución inmediata.

-El crecimiento de la banda ancha en España se ha estancado. ¿Cuál es el motivo?

-Es más, retrocede a niveles anteriores al 2004. En el mes de noviembre del pasado año el número de líneas de banda ancha ha aumentado en 145.475, lo que supone un descenso del 32 % respecto a las 214.090 de noviembre de 2006. El mes se cierra con un total de 7.919.818 líneas, con un descenso acumulado anual del 17,5%.

Por otro lado, el acceso a la banda ancha en España es el más caro y lento de Europa, al tiempo que, como he comentado, casi cuatro millones de ciudadanos no tienen derecho a estos accesos en función de su localización geográfica. Está situación deviene del empecinamiento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y del Gobierno en mantener el vigente modelo regulatorio, que se ha agotado en casi una década de intentar salvaguardar a toda costa la viabilidad de los operadores revendedores frente a los operadores propietarios de redes.

Este modelo, basado en “regulación asimétrica”, viene ejerciendo un efecto inhibidor sobre la inversión en nuevas redes, la innovación y la aparición de ofertas diferenciadas, que está perjudicando gravemente a los derechos y los intereses de los usuarios. La última posibilidad de España para acceder a la Sociedad de la Información pasa necesariamente por una nueva regulación para las telecomunicaciones, que favorezca la inversión y la innovación, y que posibilite el despliegue de redes de banda ancha de nueva generación.

Al mismo tiempo, esta nueva regulación no debería penalizar el esfuerzo inversor de los operadores para incorporar la amplia gama de productos diferenciados que las tecnologías de las telecomunicaciones están en disposición de ofrecer a los ciudadanos. Además, tendría que reafirmar la declaración de servicio universal para el acceso a Internet mediante banda ancha.

-¿Qué opinión le merecen las tarifas que se cobran en España por el uso de la banda ancha? ¿Cómo se podría abaratar el precio?

-Como he dicho, la banda ancha en España es cara, tan cara cómo lenta. La Comisión Europea la cifra en un 20% más cara que en el resto de la Unión Europea. Desgraciadamente, nuestro Gobierno no atiende a razones para no abordar los cambios regulatorios necesarios que le demandamos como, por ejemplo, referenciar un precio máximo para todas las operadoras. Sólo un dato, los márgenes comerciales brutos de los proveedores de acceso a Internet sin red propia oscilan entre el 59% y el 67%, lo que viene a significar una de las rentabilidades más altas de Europa. En eso sí somos líderes, aunque sea a costa del interés general.

-Telefónica ha anunciado una rebaja de sus tarifas de “roaming” de SMS e Internet. ¿Qué le parece esta medida?

-Las operadoras de móviles, aunque con el mercado de voz saturado, no consiguen captar clientes para acceder a Internet, ni siquiera con los portátiles 3G. La causa es evidente, no ofrecen tarifa plana para acceder a Internet. Tarifican por tiempo o por información consumida. Así las cosas, las operadoras de móviles se alejan de Internet, mientras que las operadoras de telefonía fija integran su red, camino de la VOIP y del acceso de nueva generación a Internet.

-Recientemente ha habido un intento de “phishing” a la Agencia Tributaria. ¿Considera que esta práctica está proliferando? ¿Cómo se puede evitar?

-La suplantación de identidades corporativas para obtener datos y claves bancarias privadas a través de correos electrónicos fraudulentos, conocido por "phishing", es la estafa más frecuente en la Red en España. En el primer semestre de 2007, el número de casos ascendió a 1.964 frente a los 1.184 totales de 2006. Desde la Asociación de Internautas prevenimos a la comunidad e informamos a las entidades suplantadas y a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero esto no es suficiente si no se detienen a los “cibercacos”.

La justicia española resulta ineficaz, ya que no trabaja online. Internautas y empresas tenemos que defendernos como mejor podamos, ya que estamos desasistidos y solos ante este fraude.

-Los españoles ya compramos más dominios .es que .com, .net y .org. ¿Esto es un logro del Gobierno?
-Por supuesto que sí. En el 2004 España solo tenía 40.000 dominios .es registrados y 1.200.000 .com, lo que significa que salía mucho dinero de España. El Gobierno socialista atendió una histórica reivindicación internauta, como era la liberalización de los dominios .es y la bajada de precios en consonancia con los dominios genéricos. Ahora, los porcentajes se traducen en 805.327 dominios .es al cierre de 2007, frente a los cerca de 797.000 .com. Teníamos razón.

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