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BENAVENTE

El Ayuntamiento de Benavente, con los votos de PP e IU, se suma a la plataforma contra el canon digital


La Comisión Informativa de Régimen Interior y Comunicación que se celebra a primera hora de la mañana de hoy aprobará un dictamen en contra del canon digital que será llevado, para su aprobación, a la sesión plenaria. Los ediles del PP que sustenta el gobierno municipal se oponen al canon digital, lo mismo que el portavoz del grupo de IU-Los Verdes. Aunque con diferentes matices, los populares «instan« al Gobierno de la nación a la derogación del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, solicitando la exclusión del pago del canon, del mismo modo que se adhieren a la plataforma nacional "Todos contra el canon". Por su parte, IU-Los Verdes quien también se adhiere a la plataforma, pretende que se revise el modelo para que sea más selectivo en relación a los soportes a los que grave y su gestión la realice la Administración.




M. A. CASQUERO / LA OPINIÓN DE ZAMORA.- El PP benaventano hace público su malestar por el establecimiento del canon considerándolo «una forma injusta de gravar a los ciudadanos que usen habitualmente equipos informáticos o de almacenamiento de información». El argumento expuesto por los populares se basa en que con el canon digital todos los benaventanos «nos veremos condenados al previo pago de una multa por adquirir tecnología». Una defensa del uso de las nuevas tecnologías como medio para la organización del trabajo, difusión de ideas y expresión de la cultura por la que «siempre» han apostado, señalan los populares.

Según la propuesta que hoy se presenta en Comisión, los populares se preguntan «si es razonable que paguemos justos por pecadores», inquiriendo acerca del «por qué tendrían que pagar dicho canon las personas, empresas, asociaciones y organismos que utilicen la tecnología de acuerdo a las normas». Según los populares, el canon digital «impulsado por el PSOE, grava mediante un impuesto o sanción disimulado en forma de canon todos los elementos digitales, electrónicos o multimedia susceptibles de contener o grabar información digital», ya estarían en este caso los CDs, DVDs, las memorias portátiles USB, discos duros, ya los de un ordenador o videoconsola, etc. También los ciudadanos tendrán que abonar un canon por comprar una tarjeta de memoria (SD), de las utilizadas para las cámaras fotográficas.

El canon establece que por un disco duro de 160 GB de capacidad con un coste de mercado entre los 80 y 100 euros, se tendría que pagar un canon de 15 euros. Trasladado este concepto al gasto de material informático y consumibles de un hogar español, supone un incremento anual de unos 330 euros por familia, que «saldrá del bolsillo de todos los ciudadanos», argumentan los populares quienes señalan que el propio Ayuntamiento de Benavente tendría que pagar «derechos de autor así como los ciudadanos tendrían que pagar una multa por tomar fotografías con su cámara». Esta circunstancia es una premisa calificada como «injusta y falta de ética» preguntándose si el Gobierno puede cobrar «derechos de autor a los ciudadanos por el material digital utilizado para su disfrute».

Las críticas de medida injusta y de que en absoluto acabará con la piratería o el "top-manta" son repetidas así mismo por IU-Los Verdes proponiendo la adhesión a la plataforma nacional en contra del canon e «instando» al Gobierno para que proceda a revisar el modelo, a la par que se exima del pago a todas aquellas organizaciones administrativas, asociaciones, ONGs y colectivos, así como empresarios y autónomos que no hacen uso de los soportes y equipos para almacenar contenidos con derechos de autor.

Las consideraciones de «gravar indiscriminadamente a todos los ciudadanos sólo por el hecho de ser sospechosos» de poder realizar una copia de una obra sujeta a propiedad intelectual es el argumento que expondrá en Comisión el portavoz de IU-Los Verdes, Manuel Burón, quien al mismo tiempo considera también que el Consistorio benaventano «queda afectado en su calidad de usuario administrativo» de los soportes y equipos digitales con los que prestan servicio a los vecinos.

Desde IU se estima que la medida favorece a determinadas personas privadas y entidades que reparten los ingresos sin ningún tipo de control estatal.

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