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La policía contrata a empleados con antecedentes para traducir escuchas telefónicas


La Sección Sindical Estatal de Interior de CCOO ha denunciado que la Dirección General de la Policía (DGP) ha suscrito un contrato con SEPROTEC, una empresa dedicada a la traducción, para que realice una serie de trabajos relacionados con la seguridad del Estado, a pesar de contar con unos 300 empleados públicos que podrían llevar a cabo esas tareas con total garantía.




Luis Martínez en Nueva Tribuna .- Según el sindicato, la DGP pone en manos de una empresa privada tareas de gran responsabilidad como el servicio de interpretación de declaraciones orales, traducciones escritas, escuchas telefónicas y transcripciones de cintas de audio u otros soportes informáticos grabados en lenguas distintas del castellano.

Para cumplir con el objeto del contrato, SEPROTEC ha proporcionado personas que incluso cuentan con antecedentes policiales para unas labores que suponen acceso directo a información relevante para la seguridad del Estado y de los ciudadanos. La adjudicación del contrato a la citada empresa ha supuesto al Ministerio del Interior un desembolso de 2.600.000 euros.

En concreto, el sindicato denuncia que el primer servicio prestado por Seprotec desde la adjudicación de este contrato se prestó en el mes de mayo en el aeropuerto de Barajas por un ciudadano pakistaní que contaba en su “curriculo” con siete antecedentes policiales, entre ellos dos delitos por falsificación de documentos, además de otro antecedente por delitos contra la salud pública.

Un segundo caso denunciado por el sindicato señala a un ciudadano kurdo, también con antecedentes policiales, que ha prestado sus servicios como traductor en los interrogatorios policiales.

Cobraban a los inmigrantes llegados en pateras

Además, CCOO denuncia que algunas personas contratadas por empresas privadas han llegado incluso a cometer fraudes en su labor como traductores. “En Las Palmas, uno de estos traductores cobraba a los inmigrantes por alterar los interrogatorios, falsificando los lugares de procedencia de las personas llegadas en patera, para evitar su repatriación”.

El portavoz de la sección sindical estatal de Interior de CCOO, César Pérez, señala que, con la contratación de empresas privadas de traducción, el ministerio ofrece en bandeja “información muy sensible, que afecta a nuestra seguridad” a gente que puede utilizarla para cualquier cosa.

Además, las empresas de traducción no ofrecen ninguna garantía de la capacitación de las personas que asisten a interrogatorios y escuchas telefónicas en materias como antiterrorismo, inmigración y otros asuntos “sensibles”, denuncia CCOO.

Traductores pakistaníes en la detención de células islamistas

A partir de los atentados del 11-M, el Ministerio del Interior ha disparado la contratación de traductores encargados de las escuchas y los interrogatorios policiales. En concreto, los traductores de árabe han pasado de 10 a casi un centenar a raíz de los atentados islamistas en Madrid.

En este sentido, CCOO señala que los traductores encargados de asistir a la policía tras la detención de células islamistas en Barcelona compuestas por pakistaníes pertenecían a la plantilla de Seprotec. “Hay muy pocos traductores de ‘urdu’, el idioma pakistaní, en España”, afirma el sindicato.

Por otro lado, Pérez indica la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Justicia han rescindido el contrato de la empresa de traducción Seprotec por incumplir los servicios que tenían encomendados. También la Subdirección de Asilo del Ministerio del Interior decidió anular el contrato de traducción con la empresa por “no da garantías“, apunta CCOO.

El sindicato indica que el ministerio debe contratar a personal laboral, tal y como se venía haciendo hasta ahora. “Con los 2.600.000 euros que cobra Seprotec se podría cobrar a mucho, mucho personal, que ofrezca más garantías”, apunta el sindicato.

“No parece muy sensato dejar en las manos de cualquiera información tan sensible para nuestra seguridad”, concluye.


LA ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS PRESENTA RECURSO DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Contra la interceptación de las comunicaciones privadas sin control judicial




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