F. ÁLVAREZ MADRID -ABC.- Mientras el Consejo de Europa aprobó en primavera el borrador de la primera Convención sobre Acceso a los Documentos Públicos. la legislación española facilita aún cobertura legal a toda institución pública que no quiera proporcionar cierta información o documento. Esta es una de las principales conclusiones del informe que la organización Access Info Europe hará público hoy, en el que se ha seguido el curso de distintas solicitudes.
En la práctica diaria hay obstáculos reales y, en muchas ocasiones, insalvables para conocer lo que las administraciones hacen con el dinero público
78% sin información
El 78 por ciento de las 41 solicitudes emitidas por este grupo no recibieron la información solicitada. En el 43 por ciento de los casos obtuvieron respuestas que no incluían la información solicitada. El resto se zanjaron con silencio administrativo. Sólo un 22 por ciento recibió respuesta con la información solicitada. «Gran parte de las respuestas dadas por la Administración para denegar los datos que se pedían no está en consonancia con los principios del derecho de acceso a la información establecidos a nivel internacional», denuncia el informe.
Caso 1. El Ministerio de Defensa no facilita información de ninguna clase a los ciudadanos. La solicitante presentó cuatro peticiones de información a Defensa. La primera, sobre el número de inmuebles propiedad de este Departamento vendidos en el año 2007. En otra se solicitaba el número de militares españoles que han sido tratados por traumas postconflicto en los últimos años y el coste anual de su tratamiento. En una tercera se pretendía saber las denuncias presentada por miembros de las Fuerzas Armadas por razones de discriminación por género. Y en la última se preguntaba por el número de militares que han sufrido amputaciones de algún miembro o han sidos de baja médica como resultado de algún accidente en Irak y Afganistán desde 2001. Para todas estas preguntas la respuesta fue la misma. La información solicitada «no constituye materia propia de la información administrativa» que se facilita a los ciudadanos, sin que se expliquen los motivos de la denegación. El principio es la publicidad y el secreto debe ser siempre la excepción, según Access, por lo que han presentado un recurso contencioso-administrativo contra este proceder.
Caso 2. El Ministerio de Cultura se niega a dar información sobre el canon. Un ciudadano buscaba información sobre cómo emplea la SGAE el dinero que recib del canon. Cultura se niega a facilitar las memorias del año 2006 de la SGAE porque «no forma parte de un expediente administrativo», pero no aclara si se encuentra en su poder o no.
«Dado que estas entidades están obligadas a emplear una parte del canon en actividades dirigidas a toda la comunidad de artistas y no sólo a socios, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se está empleando ese dinero y si de verdad está sirviendo para ayudar a todos los artistas con independencia de su vinculación a estas entidades. El Ministerio se escuda detrás de las carencias de la normativa actual que regula el derecho de acceso a la información para denegar una información de claro interés público», recoge textualmente el informe.
Caso 3. El Ministerio del Interior no facilita los datos sobre el número de personas expulsadas de España. A la pregunta, ¿cuántas personas han sido expulsadas de territorio español desde enero de 2007?, Interior dice que es «desaconsejable» facilitar esa información a particulares.
En la práctica diaria hay obstáculos reales y, en muchas ocasiones, insalvables para conocer lo que las administraciones hacen con el dinero público
78% sin información
El 78 por ciento de las 41 solicitudes emitidas por este grupo no recibieron la información solicitada. En el 43 por ciento de los casos obtuvieron respuestas que no incluían la información solicitada. El resto se zanjaron con silencio administrativo. Sólo un 22 por ciento recibió respuesta con la información solicitada. «Gran parte de las respuestas dadas por la Administración para denegar los datos que se pedían no está en consonancia con los principios del derecho de acceso a la información establecidos a nivel internacional», denuncia el informe.
Caso 1. El Ministerio de Defensa no facilita información de ninguna clase a los ciudadanos. La solicitante presentó cuatro peticiones de información a Defensa. La primera, sobre el número de inmuebles propiedad de este Departamento vendidos en el año 2007. En otra se solicitaba el número de militares españoles que han sido tratados por traumas postconflicto en los últimos años y el coste anual de su tratamiento. En una tercera se pretendía saber las denuncias presentada por miembros de las Fuerzas Armadas por razones de discriminación por género. Y en la última se preguntaba por el número de militares que han sufrido amputaciones de algún miembro o han sidos de baja médica como resultado de algún accidente en Irak y Afganistán desde 2001. Para todas estas preguntas la respuesta fue la misma. La información solicitada «no constituye materia propia de la información administrativa» que se facilita a los ciudadanos, sin que se expliquen los motivos de la denegación. El principio es la publicidad y el secreto debe ser siempre la excepción, según Access, por lo que han presentado un recurso contencioso-administrativo contra este proceder.
Caso 2. El Ministerio de Cultura se niega a dar información sobre el canon. Un ciudadano buscaba información sobre cómo emplea la SGAE el dinero que recib del canon. Cultura se niega a facilitar las memorias del año 2006 de la SGAE porque «no forma parte de un expediente administrativo», pero no aclara si se encuentra en su poder o no.
«Dado que estas entidades están obligadas a emplear una parte del canon en actividades dirigidas a toda la comunidad de artistas y no sólo a socios, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se está empleando ese dinero y si de verdad está sirviendo para ayudar a todos los artistas con independencia de su vinculación a estas entidades. El Ministerio se escuda detrás de las carencias de la normativa actual que regula el derecho de acceso a la información para denegar una información de claro interés público», recoge textualmente el informe.
Caso 3. El Ministerio del Interior no facilita los datos sobre el número de personas expulsadas de España. A la pregunta, ¿cuántas personas han sido expulsadas de territorio español desde enero de 2007?, Interior dice que es «desaconsejable» facilitar esa información a particulares.
