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AUTOCARES

Las principales asociaciones del sector cierran filas frente al convenio firmado con la SGAE en el año 2000


Las asociaciones empresariales han decidido denunciar el convenio suscrito con la SGAE, AISGE y AIE en 2000 con validez de cinco años y prorrogable anualmente. Los representantes de las empresas han decidido renovar el documento y redactar otro que se ajuste más a las actuales circunstancias.




NEXOTUR.com / Según informa Fenebús, la última reunión con los representantes de los derechos de autor se celebró el pasado julio, momento en el que se decidió convocar otro encuentro para el mes de septiembre, en el que supuestamente estas entidades ofrecerían a las empresas de transporte nuevas propuestas. Tras haber comenzado el mes de octubre sin noticias de la SGAE, AISGE y AIE, las asociaciones empresariales han tomado la iniciativa y han decidido denunciar el convenio de 2000.

Fenebús lleva meses reclamando ante sus asociados y mediante los medios de comunicación la escasa validez de un convenio que no se ajusta a las necesidades ni de los operadores ni de los usuarios de los autocares. "La generalización del uso de aparatos reproductores de vídeo y audio individuales ha invalidado parte de las cláusulas sobre las que se redactó el convenio", sostiene la Federación.

Tribunales dan la razón al Sector
Por otro lado, las constantes denuncias presentadas ante los juzgados por parte de las sociedades representantes de autores, intérpretes y ejecutantes a las empresas operadoras ha puesto en tela de juicio la utilidad del convenio. Además últimamente han sido las empresas de transporte quienes han salido mejor paradas de los juicios celebrados al respecto.

Así, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó la denuncia de la SGAE y afirmó que debe ser esta última quien pruebe que se hace uso de los aparatos reproductores de vídeo y audio de los autocares. Hasta ese momento, el solo hecho de llevarlos a bordo ya era suficiente para obligar a las empresas a pagar el canon, lo que ha provocado que muchas inutilizasen los sistemas de audio y vídeo ante el constante aumento tanto de precios como de entidades que reclamaban su parte por los derechos de autor.
 
Ahora mismo, los empresarios deben abonar cerca de 6.000 euros por vehículo y año, una cantidad que se reparten entre los más de 1.200 euros de la SGAE, los 400 de MPCL -la licencia de los productores- y los 4.290 que reclaman AGEDI y AIE -órgano conjunto de recaudación de artistas y productores, por derechos fonográficos.

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