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LISI

La propuesta del PP para que no se puedan cerrar páginas web sin control judicial choca con el intervencionismo del PSOE


El Senado rechaza la toma en consideración de la proposición de Ley del Grupo Popular. Proponía modificar el artículo 4 de la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, aprobada hace menos de un año. Chiquillo denuncia la seria existencia de sombras de censura administrativa en la red, por un articulado confuso y sin precisión




La pretensión del Partido Popular de acabar con la facultad que el Gobierno de Zapatero adquirió hace menos de un año para cerrar, sin intervención alguna de la autoridad judicial, páginas web ha chocado con la oposición frontal del PSOE, que ha preferido mantener los criterios de autoritarismo e intervencionismo en relación a Internet y las nuevas tecnologías.

El Senado rechazó hoy la proposición de Ley del Partido Popular que planteaba reformar la Ley 56/2007 de 28 de Diciembre de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI). José María Chiquillo, senador por la Comunidad Valenciana, aseguró que la redacción actual de la LISI arroja “dudas, incertidumbres y, cuanto menos, sombras de censura administrativa en la red, por un articulado confuso y sin precisión”. Por ello, insistió, conforme a la propuesta del PP, en que “la legalidad de los contenidos publicados o que fluyen en libertad por la red, deberían estar en manos de los jueces y tribunales de justicia”.

Según el PP, “una página web es una publicación protegida por el derecho a la libertad de información y expresión, y que, en consecuencia, solo debería ser cerrada por un juez”. “Queremos –señaló Chiquillo- una nueva redacción, desde el rigor, y un nuevo artículo en el que no quepan dos o más interpretaciones, que garantice la seguridad jurídica y la confianza de todos los actores de la sociedad de la información”.

En la exposición de motivos de su proposición de Ley, los populares recuerdan que la Ley de medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que se aprobó el pasado año, para reformar diversos aspectos de la legislación en materia de nuevas tecnologías, establece en su artículo 4 que las restricciones a la prestación de servicios podrán ser llevadas a cabo por “órganos competentes” y no requiere como indispensable una intervención judicial para adoptar las citadas medidas de cierre. De esta manera podrían quedar limitadas las garantías de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de expresión, puesto que toda página web es una publicación y, por lo tanto, cualquier secuestro o control de sus contenidos estará afectando a un derecho fundamental.

A continuación, reproducimos la propuesta íntegra del PP en el Senado:

Se da nueva redacción al párrafo primero del artículo 4, con el texto siguiente: “A los prestadores establecidos en países que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 7.2 y 11.2”.

Se da nueva redacción al artículo 8 con el texto siguiente: “Artículo 8. Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario.

1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los principios a los que alude este apartado son los siguientes:

a) La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.

b) La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.

c) El respeto a la dignidad de las personas y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social y

d) la protección de la juventud y de la infancia

En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este apartado se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger a la libertad de expresión o a la libertad de información y los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, cuando estos pudiera resultar afectados.

2. La adopción de restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la información provenientes de prestadores establecidos en un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo distinto a España deberá seguir el procedimiento de cooperación intracomunitario descrito en el siguiente apartado de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal y de cooperación judicial.

3. Cuando un juez, en ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE, establecer restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de la información que proceda de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo distinto de España, deberá seguir el siguiente procedimiento:

a) Requerirá al Estado miembro en que esté establecido el prestador afectado para que adopte las medidas oportunas. En el caso de que no las adopte o resulten insuficientes, dicho juez notificará, con carácter previo, a la Comisión Europea o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo y al Estado miembro de que se trate las medidas que tiene intención de adoptar.

b) En los supuestos de urgencia, el órgano judicial podrá adoptar las medidas oportunas, notificándolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisión Europea o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo con la mayor brevedad y, en cualquier caso, como máximo, en el plazo de quince días desde su adopción. Así mismo, deberá indicar la causa de dicha urgencia.

Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado se realizarán siempre a través del órgano de la Administración General del Estado competente para la comunicación y transmisión de información a las Comunidades Europeas.

4. Los órganos competentes de otros Estados Miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo podrán requerir la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 de esta ley si lo estiman necesario para garantizar la eficacia de las medidas de restricción que adopten al amparo del apartado anterior.

5. Las medidas de restricción que se adopten al amparo de este artículo deberán, en todo caso, cumplir las garantías y los requisitos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 11 de esta ley.»

Nota emitida por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

TuSenado.com



UNA PREGUNTA SIN RESPUESTA

¿Por qué aún la Lisi dice 'órgano competente' dónde supuestamente quiere decir 'juez'?





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