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INTERVENCIÓN DE JORDI GUILLOT EL PLENO DEL SENADO - 26/11/08

El canon no tiene futuro


Con esta moción volvemos a discutir sobre el canon digital, una figura polémica que no solo genera entre nosotros un debate contradictorio y crítico, porque el debate está igualmente en la calle, en los medio de comunicación y en el mundo académico. En la Unión Europea se ha abierto también una reflexión sobre el presente y el futuro del canon digital y en el Congreso de los Diputados se ha constituido una subcomisión para hablar de la propiedad intelectual, de modo que hablará también, obviamente, del canon digital. Vamos a discutir, pues, sobre qué es el canon digital y sobre su actual gestión.




Está claro que hablar del canon digital es hablar de los derechos de autor. Está claro que hablar del canon digital es hablar de la propiedad intelectual. Estamos, pues, frente a una figura a la que hay que encontrar alternativas, porque no genera la respuesta para la que fue creada, pero que es de momento una figura legal. El canon está cuestionado, el canon es polémico, pero es una figura respaldada por una directiva europea y por una ley del Estado.

No obstante, hablamos también de una transposición muy singular de la directiva europea a nuestra legislación. Una transposición muy del gusto de las entidades de gestión de los derechos de autor. Por último, estamos hablando de un canon que no acaba de resolver el derecho indiscutible que tienen los autores de recibir compensaciones ni es aceptado por la opinión pública.

Antes de justificar la moción, permítanme que explique cuál es mi punto de partida. Yo estoy a favor de los derechos de autor, estoy a favor de que estos perciban compensaciones por el uso de sus obras. Creo que es fundamental que los poderes públicos protejan la creatividad, la cultura y a los actores culturales. Sin embargo, no con figuras como el canon digital, una especie de tasa o de impuesto indirecto, y menos aún con su actual gestión. Estoy en contra del canon digital porque, al ser indiscriminado, es injusto, y porque se basa en la presunción de que toda utilización de productos o soportes digitales tiene la finalidad de copiar obras protegidas. A partir de esta premisa, se grava de forma indiscriminada la compra de productos digitales, ya sea por un particular ya sea por una empresa o por la Administración. Las empresas y administraciones no están autorizadas a realizar copias privadas. Habría que preguntar entonces por qué deben pagar este canon. Evidentemente, son las empresas y las administraciones los grandes consumidores de soportes y aparatos digitales.

¿De cuánto estamos hablando? Según el estudio que hizo la comisión que estableció las tarifas en vigor, hablamos de unos ingresos de unos 110 millones de euros al año; es decir que hablamos de cantidades significativas. De estos 110 millones de euros anuales, 50 millones provienen de los soportes de grabación, Cds o DVDs. De manera que se da la paradoja de que los productos digitales con gran capacidad de memoria solo ingresan 15 millones de euros, mientras que los de mayor venta y consumo, a partir además de su compra por empresas y administraciones públicas producen la mayor parte de los ingresos.

En plata: se grava lo que más se vende y no lo que más memoria tiene y, a partir de ahí, se hinchan los recursos que genera el canon digital. Es evidente, pues, que los cánones aplicados a determinados soportes o aparatos no siempre se calculan sobre la base de los comportamientos observados en los consumidores.

Las opiniones críticas sobre el canon son muchas y diversas. En primer lugar, ahí están los más de dos millones de firmas de la plataforma Todos contra el canon. La Audiencia Provincial de Madrid afirmaba en una sentencia: confuso derecho es este por el que se cobra canon a cambio de una actividad prohibida. El dictamen de la comisión que asesora al Ministerio de Industria sobre la sociedad de la información, y que preside el doctor Castells, califica al canon de manifiestamente ineficaz e imperfecto; es injusto e indiscriminado; no frena la piratería y nos hace a todos responsables de ella. Y continúa la comisión: queremos abrir un debate sobre cómo gestionar los derechos de autor en el mundo digital.

Otro aspecto que no apoyo es que la gestión, tanto la recaudación como la distribución, esté en manos de entidades privadas de gestión de los derechos de autor. Tampoco me gustan las leyes al servicio del interés de estas entidades.

Pero voy a poner un ejemplo que todos van a entender. ¿Cómo puede ser que la actual ley inste, en primer lugar, a un acuerdo entre las entidades de gestión y los fabricantes para fijar el canon digital? Parece incomprensible. ¿Y cómo puede ser que la ley siga diciendo que, en caso de que fabricantes y entidades de gestión no se pongan de acuerdo, serán los ministerios de Cultura y de Industria los que fijen la cuantía de esos cánones? ¡Como si los ministerios del Estado fueran representantes de las partes! Creo que es inconcebible e incluso un poco surrealista si detrás no hay grandes intereses.

Es insostenible una gestión de los hechos con estos parámetros y resulta necesario un control público. Hoy tenemos una ley, un Gobierno que tiene una opinión sobre el canon y unas mayorías parlamentarias que tienen la suya, como pudimos comprobar hace aproximadamente un año en la tramitación legislativa. Por tanto, esta moción intenta moverse en los ámbitos de la ley y también colocarse en la percepción de los diferentes grupos parlamentarios porque, evidentemente, la voluntad del autor de esta moción es intentar ganar la votación. No vengo aquí a romper una lanza en contra del canon digital, sino a intentar avanzar y corregir aquellas aristas de mayor punta de la actual legislación.

El objetivo de la moción es, en primer lugar, reabrir el debate, de ahí la propuesta de constituir una comisión en la que participen, no solo los políticos, fabricantes y entidades de gestión, sino también los creadores, los consumidores y los usuarios.

En segundo lugar, pretende ampliar las exenciones. No tiene sentido -y tampoco tienen derecho- que las empresas y administraciones sean personas jurídicas ante la copia privada y paguen canon.

En tercer lugar, para mí es fundamental el control parlamentario. Ya que nos compete a nosotros hacer las leyes y fijar toda la normativa que afecta a esta materia, debe existir el necesario control parlamentario más allá de las competencias propias que tiene el Ministerio de Cultura en esta materia y han de presentarnos anualmente un informe. Por último, es importante que el ministerio intente también una mayor fijación de los precios y las tarifas que marquen las cuantías máximas.

En cuarto lugar, hay que acometer la revisión del real decreto sobre los porcentajes fijados para cada uno de los sujetos con derecho a recibir compensación equitativa por copia privada.

Estoy convencido que el actual canon tiene poco futuro. El presente y futuro que marca la sociedad de la información y su evolución tecnológica lo hace inviable y poco útil. La moción tiene un alcance limitado pero una doble voluntad: ir corrigiendo, en primer lugar, una legislación que es un verdadero monumento a la hipocresía -y lo afirmo porque las principales justificaciones que se hacen sobre el canon nada tienen que ver con la realidad- y, en segundo lugar, salir al paso de una experiencia, a mi juicio, muy negativa de política “lobbista”, que es la que se está viviendo con todo lo que afecta a la gestión y recaudación del canon digital. Creo que esta política de “lobbismo” es muy negativa y en último extremo complica aún más las cosas y crea mayor conflictividad y polémica, y la mejor manera de salir al paso es la exigencia de un control parlamentario.

Señorías, ante este debate social y político, hacen falta respuestas políticas, y creo que he apuntado algunas. En el futuro deberemos avanzar en una lógica que permita visualizar que los que primero defienden los derechos de autor son los poderes públicos y que la instancia fundamental de defensa de la creatividad y derechos del mundo de la cultura son los poderes públicos y no las entidades privadas de gestión. A partir de aquí, si hay que crear cánones, impuestos indirectos, tasas o lo que sea, ha de hacerse con luz y taquígrafos, con transparencia, con finalidades y objetivos claros y compartidos y con el control parlamentario que convenga y haga falta.

Así debería ser en el futuro pero, mientras, hemos de ir corrigiendo lo que podamos en el presente. Por eso, les pido su apoyo a esta moción.

Obviamente, celebro el acuerdo y que se pueda apoyar esta transacción y, en este sentido, voy a hacer referencia a los puntos que, desde mi punto de vista, son más importantes y al mensaje que se envía al aprobar esta transacción. Pero, sobre todo, celebro el tono del desacuerdo mantenido con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista o su gesto de no hacer uso del turno en contra porque creo que eso nos permite seguir hablando y que abrimos el camino al desacuerdo constructivo, para seguir trabajando sobre una cuestión que no es nada fácil, como decía el senador Vilajoana y es cómo vamos a ser capaces de hacer compatibles los derechos de consumidores y los derechos de autor. Habrá que analizar esta cuestión porque hoy no lo son y buscar figuras que realmente permitan compatibilizar estos dos derechos, teniendo en cuenta el impacto y el desarrollo -casi a la velocidad de la luz- del mundo de la sociedad de la información.

Desde mi punto de vista, al aprobar esta transaccional lanzamos el mensaje, en primer lugar, de que somos conscientes del debate que existe y que somos conscientes de que es nuestra obligación como legisladores encontrar respuestas y soluciones -como se ha dicho anteriormente- que nos permitan casar, aunar, hacer compatibles y conciliar los derechos de los consumidores y los derechos de los autores. En segundo lugar, porque al aprobar este texto lanzamos otro mensaje claro y para mí fundamental que, en parte, explica el porqué de la presentación de esta moción y es que queremos un control parlamentario adecuado de la gestión de estas figuras, como es el caso del canon digital. Repito este claro mensaje: queremos un control parlamentario adecuado sobre una figura tan polémica.

En tercer lugar, además de ese control parlamentario adecuado sobre esa figura tan polémica también queremos lanzar el mensaje de que aquí no debe caber otro interés que el general y se debe acabar cualquier sombra de duda sobre otro tipo de cuestiones. A partir de aquí, creo que podremos ir avanzando, desactivando la conflictividad que se haya podido generar en relación con estas figuras, etcétera y construir propuestas que nos permitan a todas y a todos encontrar las mejores soluciones para, en definitiva, conciliar los derechos generales.

“INTERVENCIÓ DE JORDI GUILLOT AL PLE DEL SENAT, EL 26/11/08, SOBRE LA SEVA MOCIÓ DE REVISIÓ DEL CÀNON DIGITAL.”

Texto transaccional aprovado:

El Senado insta al Gobierno a:

Primero.- Que el Ministerio de Cultura, cree un grupo de trabajo con representación de los sectores afectados (consumidores y usuarios, creadores, industria de la electrónica…) para poder discernir los avances y propuestas entorno a la legislación de los derechos de autor y su justa retribución en equilibrio con los nuevos retos y oportunidades de la sociedad de la información y su evolución tecnológica.

Segundo.- Que se presente en el momento en que concluya si no se ha finalizado todavía, ante el Congreso y el Senado, el estudio encargado por el Ministerio de Cultura en enero de 2008, a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, en el que se analiza y evalúa el sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual.

Tercero.- Que atendiendo a las facultades del Ministerio de Cultura, éste proceda a presentar ante el Congreso y el Senado, un informe anual sobre las correspondientes memorias de las entidades de gestión, sus balances y cuentas anuales además de datos sobre la distribución de las cantidades recaudadas por cada entidad de gestión entre sus miembros.

Cuarto.- Que se inicie el procedimiento de transferencia a las CCAA de las competencias y facultades que en esta materia legalmente les son propias.


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