FACUA-Consumidores en Acción lamenta que la principal preocupación del Gobierno en relación a Internet sea defender los intereses de las entidades de gestión de derechos de autores y editores en lugar de poner freno a las irregularidades que sufren millones de consumidores con los abusos y fraudes de las operadoras de telecomunicaciones.
FACUA denuncia que el Gobierno pretende poner una placa de policía privada a las compañías de telecomunicaciones y permitirles que espíen a los usuarios sin mediar siquiera una orden judicial, una medida totalmente desproporcionada teniendo en cuenta que el objetivo será intentar verificar si acceden a obras culturales protegidas por derechos de autor.
Porque la idea de la Comisión Europea y que parece compartir el Gobierno de España, advierte la asociación, es que los proveedores de acceso a Internet (ISP) serían a la vez policías y jueces, que dictarían sus sentencias -cortar el servicio- partiendo de la presunción de culpabilidad de cualquiera que entrase en ciertas webs o compartiese archivos a través de la Red.
Es más, ¿cómo puede presuponerse que los archivos que comparte un usuario a través de las redes P2P están protegidos por derechos de autor y, de estarlo, si se trata de obras en las que se permite o no su copia o difusión sin ánimo de lucro?
FACUA considera de enorme importancia la defensa de la propiedad intelectual, pero recuerda al Gobierno que hay derechos fundamentales de los ciudadanos que están por encima, como el secreto de las comunicaciones, la privacidad, la intimidad y la presunción de inocencia.
La asociación considera que la idea en la que trabaja el Gobierno podría resultar anticonstitucional y además implicaría privatizar funciones exclusivas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y obviar el papel de los jueces.
FACUA denuncia que el Gobierno pretende poner una placa de policía privada a las compañías de telecomunicaciones y permitirles que espíen a los usuarios sin mediar siquiera una orden judicial, una medida totalmente desproporcionada teniendo en cuenta que el objetivo será intentar verificar si acceden a obras culturales protegidas por derechos de autor.
Porque la idea de la Comisión Europea y que parece compartir el Gobierno de España, advierte la asociación, es que los proveedores de acceso a Internet (ISP) serían a la vez policías y jueces, que dictarían sus sentencias -cortar el servicio- partiendo de la presunción de culpabilidad de cualquiera que entrase en ciertas webs o compartiese archivos a través de la Red.
Es más, ¿cómo puede presuponerse que los archivos que comparte un usuario a través de las redes P2P están protegidos por derechos de autor y, de estarlo, si se trata de obras en las que se permite o no su copia o difusión sin ánimo de lucro?
FACUA considera de enorme importancia la defensa de la propiedad intelectual, pero recuerda al Gobierno que hay derechos fundamentales de los ciudadanos que están por encima, como el secreto de las comunicaciones, la privacidad, la intimidad y la presunción de inocencia.
La asociación considera que la idea en la que trabaja el Gobierno podría resultar anticonstitucional y además implicaría privatizar funciones exclusivas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y obviar el papel de los jueces.
