Así consta en el informe enviado por el Consejo de Estado al Gobierno sobre el proyecto de Ley de financiación de RTVE, que prevé la renuncia a la publicidad como forma de sostener económicamente al grupo público y establece, en su lugar, aportaciones del Estado, de las televisiones comerciales y del sector de las telecomunicaciones.
El informe, al que ha tenido acceso EFE, advierte de que ese modelo, "si bien tiene la ventaja de impedir que la publicidad determine la programación, puede conducir al alejamiento del mercado, a sustituir la atención de la audiencia y sus necesidades e intereses por criterios excesivamente burocráticos", de modo que las cadenas así financiadas pueden acabar siendo residuales. Para evitarlo, recomienda el informe, convendría introducir mecanismos que permitan valorar la programación de RTVE.
El pasado 8 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley y lo remitió al Consejo de Estado y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), para que ambas instituciones emitiesen sendos informes que ni tienen carácter vinculante. Tras recibir los dos informes, el pasado viernes el Ejecutivo dio el visto bueno al proyecto de Ley y lo envió a las Cortes para su tramitación urgente. El Consejo de Estado, que califica de "drástico" el cambio de modelo que propone el Gobierno a través de una renuncia "definitiva e inmediata" de RTVE a la publicidad, subraya que no se plantea esa modificación de forma gradual, y supone que se habrán analizado "las eventuales distorsiones que pueden producirse en el mercado publicitario televisivo".
Una de las principales críticas del informe al proyecto del Gobierno es la falta de demostración documental que justifique las premisas del mismo: que la eliminación de la publicidad en RTVE supondrá un incremento de la misma en las cadenas privadas, lo que explica que éstas deban financiar la radio televisión pública con una parte de sus ingresos. Esa "no es una premisa segura ni fácilmente mesurable", según el Consejo de Estado, que advierte de que, dadas las características del mercado publicitario, "no cabe hablar propiamente de la liberación de un sector del mercado -el actualmente ocupado por Televisión Española- en favor eventualmente de las otras cadenas, sino de su supresión, sin que quizá se produzca, al menos en la forma esperada, el desplazamiento de la demanda de los anunciantes".
Malos augurios
En ese sentido cita el informe que sobre este mismo asunto ha emitido la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, que alerta de que incluso si se produce ese trasvase de anunciantes, al no poder las cadenas privadas superar los minutos de publicidad que tiene permitido legalmente emitir, se producirá un aumento de los precios de la publicidad. Respecto a otra de las vías de financiación que el proyecto establece para RTVE -la aportación obligatoria sobre los operadores de telecomunicaciones de ámbito estatal o que operen en más de una comunidad autónoma- el Consejo advierte de que las empresas previsiblemente trasladarán esos costes a los usuarios, lo que será una dificultad añadida para generalizar, a precios asequibles, la llamada Sociedad de la Información.
Por último estima que imponer una aportación obligatoria a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas -que no parece que vayan a beneficiarse de que TVE deje de emitir publicidad- "puede comprometer su capacidad de inversión" en momentos de crisis y de necesidad de desplegar redes de nueva generación. Respecto a la posibilidad, apuntada por la CNMT, de que el nuevo modelo pudiera ser contrario al derecho comunitario, el Consejo de Estado considera en cambio que no existen dudas sobre su conformidad con el mismo.
Respecto al procedimiento por el que el Gobierno se ha planteado este "cambio sustancial e inmediato" de la financiación de la Corporación RTVE, el Consejo llama la atención sobre el hecho de que un proyecto de tanta trascendencia no haya sido precedido, como lo fue la Ley de la Radio Televisión Pública, de la constitución de un consejo de expertos que podrían haber aconsejado al ejecutivo.
El informe, al que ha tenido acceso EFE, advierte de que ese modelo, "si bien tiene la ventaja de impedir que la publicidad determine la programación, puede conducir al alejamiento del mercado, a sustituir la atención de la audiencia y sus necesidades e intereses por criterios excesivamente burocráticos", de modo que las cadenas así financiadas pueden acabar siendo residuales. Para evitarlo, recomienda el informe, convendría introducir mecanismos que permitan valorar la programación de RTVE.
El pasado 8 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley y lo remitió al Consejo de Estado y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), para que ambas instituciones emitiesen sendos informes que ni tienen carácter vinculante. Tras recibir los dos informes, el pasado viernes el Ejecutivo dio el visto bueno al proyecto de Ley y lo envió a las Cortes para su tramitación urgente. El Consejo de Estado, que califica de "drástico" el cambio de modelo que propone el Gobierno a través de una renuncia "definitiva e inmediata" de RTVE a la publicidad, subraya que no se plantea esa modificación de forma gradual, y supone que se habrán analizado "las eventuales distorsiones que pueden producirse en el mercado publicitario televisivo".
Una de las principales críticas del informe al proyecto del Gobierno es la falta de demostración documental que justifique las premisas del mismo: que la eliminación de la publicidad en RTVE supondrá un incremento de la misma en las cadenas privadas, lo que explica que éstas deban financiar la radio televisión pública con una parte de sus ingresos. Esa "no es una premisa segura ni fácilmente mesurable", según el Consejo de Estado, que advierte de que, dadas las características del mercado publicitario, "no cabe hablar propiamente de la liberación de un sector del mercado -el actualmente ocupado por Televisión Española- en favor eventualmente de las otras cadenas, sino de su supresión, sin que quizá se produzca, al menos en la forma esperada, el desplazamiento de la demanda de los anunciantes".
Malos augurios
En ese sentido cita el informe que sobre este mismo asunto ha emitido la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, que alerta de que incluso si se produce ese trasvase de anunciantes, al no poder las cadenas privadas superar los minutos de publicidad que tiene permitido legalmente emitir, se producirá un aumento de los precios de la publicidad. Respecto a otra de las vías de financiación que el proyecto establece para RTVE -la aportación obligatoria sobre los operadores de telecomunicaciones de ámbito estatal o que operen en más de una comunidad autónoma- el Consejo advierte de que las empresas previsiblemente trasladarán esos costes a los usuarios, lo que será una dificultad añadida para generalizar, a precios asequibles, la llamada Sociedad de la Información.
Por último estima que imponer una aportación obligatoria a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas -que no parece que vayan a beneficiarse de que TVE deje de emitir publicidad- "puede comprometer su capacidad de inversión" en momentos de crisis y de necesidad de desplegar redes de nueva generación. Respecto a la posibilidad, apuntada por la CNMT, de que el nuevo modelo pudiera ser contrario al derecho comunitario, el Consejo de Estado considera en cambio que no existen dudas sobre su conformidad con el mismo.
Respecto al procedimiento por el que el Gobierno se ha planteado este "cambio sustancial e inmediato" de la financiación de la Corporación RTVE, el Consejo llama la atención sobre el hecho de que un proyecto de tanta trascendencia no haya sido precedido, como lo fue la Ley de la Radio Televisión Pública, de la constitución de un consejo de expertos que podrían haber aconsejado al ejecutivo.
