Pero lo importante es que la sociedad del conocimiento no preocupa al Gobierno español. Lo urgente es el negocio, ya que el pasado jueves súbitamente en el marco de un Consejo de Ministros extraordinario, dedicado a la crisis económica, se aprobó, por motivos de urgencia, un Decreto Ley por el que se regula la TDT de pago rompiendo el equilibrio existente en el mercado audiovisual con claro beneficio de La Sexta, propiedad del grupo controlado por Jaume Roures, en perjuicio del Grupo PRISA. No es de extrañar, pues, el malestar que está generando una decisión que, desde el punto de visto tecnológico, no sólo es precipitada sino también temeraria.
Desde el punto de vista jurídico, basta con recordar que ese sorpresivo decreto ley se ha adoptado en contra del dictamen del Consejo de Estado, que considera que la reforma vulnera la legislación de contratos con la Administración, no responde al interés general y elude el indispensable debate parlamentario y la posibilidad de introducir enmiendas, por lo que el Consejo de Estado aconseja posponer la decisión al normal desarrollo de la Ley audiovisual.
La decisión adoptada no podemos calificarla de ilegal. El ordenamiento constitucional permite el Decreto-Ley para situaciones extremas. Es al Parlamento a quien le corresponde decidir sobre la ratificación, pero en todo caso no habrá discusión, ni propuestas ni enmiendas. Solo votación. Pero lo que si podemos afirmar es que en este caso, la decisión adoptada, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en que se produce, no es correcta desde el punto de vista de los valores y de la ética.
Conviene recordar, como el 14 de marzo de 2004, un Zapatero emocionado que acaba de ganar las elecciones anunciaba una nueva forma de hacer política y el resurgimiento de una nueva ética civil. Según dijo, su gobierno iba a potenciar la participación ciudadana, la transparencia, la no discriminación y la honradez en el proceder gubernamental. Todos recordamos como terminaba su discurso: Espero que el poder no me cambie. Apenas cinco años nos separan de aquel momento, y se han producido muchos cambios, y no precisamente para bien.
El propio presidente impulsó que esos principios se trasladaran a un Código de Buen Gobierno que debían seguir los miembros del Ejecutivo y los altos cargos de la Administración General del Estado, que fue publicado para su general conocimiento por Orden Ministerial de 7 de marzo de 2005. En su desarrollo y para que esos valores también fueran exigibles jurídicamente se aprobó la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
El Código establece unos principios éticos para el Gobierno y sus miembros, entre otros: 1) se evitará toda actuación que pueda producir discriminación. 2) La adopción de decisiones perseguirá siempre la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares o clientelares.
Ahora vemos como esos principios han sido cuestionados. El Decreto Ley rompe un equilibrio preexistente en el ámbito audiovisual en detrimento de uno de los actores (PRISA), que enmarca la decisión en el interés de unos pocos y entiende que es un ejemplo de rancio clientelismo a favor de La Sexta. El propio Consejo de Estado, más moderado, subraya en su informe que la decisión no responde a los intereses generales y que está falto de oportunidad. Las asociaciones de consumidores y los comerciantes se quejan porque cientos de miles de descodificadores y aparatos de TV han quedado obsoletos de repente, la industria tampoco esta satisfecha, así la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (Aetic) alzó su voz contra la urgencia del Ejecutivo para poner en marcha la nueva modalidad televisiva y sin que el Ministerio de Industria haya elaborado normas con las características técnicas de los descodificadores para que sean abiertos, es decir, compatibles con todas las cadenas. Otros como el diario El Mundo aplauden la decisión que según ellos traerá mas diversidad y oferta, en esta misma línea El Plural recuerda que la situación actual no era más que un privilegio concedido por el ex presidente Felipe González al grupo de Polanco.
El citado código que se impuso Rodríguez Zapatero recalca, además, que la finalidad del mismo es la prevención de las situaciones de conflicto de intereses, y entiende que puede existir ese conflicto cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas. Un concepto nuevo que posteriormente junto con las incompatibilidades ha sido trasladado a la ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos, que ha modificando el régimen jurídico anterior que databa de 1995 y se limitaba solo a las incompatibilidades de los ministros y altos cargos.
Pues bien, pensamos que la ministra de Defensa, Carme Chacón, que intervino en el Consejo de Ministros del pasado jueves, el que dio luz verde al citado decreto ley, ha podido vulnerar ese principio.
La ministra pudo incurrir en un conflicto privado de intereses, y, por lo tanto, con arreglo al articulo 7 de la referida Ley y debería haberse inhibido. La razón es sencilla: la ministra se casó a finales de 2007 con Miguel Barroso, a quien se le considera incluido en el círculo más próximo a Rodríguez Zapatero, ex secretario de Estado de Comunicación y ex director de la Casa de América. En la actualidad, Barroso trabaja para el grupo WPP, copropietario del grupo Imagina y es un hombre del entorno del empresario catalán Jaume Roures, propietario de Mediapro e impulsor de La Sexta, la cadena de televisión en abierto concedida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en noviembre de 2005, dos meses después de que Barroso dejara su cargo en La Moncloa, y que dirige su también amigo y antiguo socio José Miguel Contreras. Además de aglutinar este consorcio, Roures impulsó desde Mediapro la llegada a los kioskos del diario Público, completando así un grupo de medios cuya finalidad era competir con Prisa por el espectro ideológico de la izquierda. Además, parece ser que Barroso sigue muy vinculado al entorno de Zapatero como hombre de referencia para cuestiones de imagen y marketing político.
Entendemos que todo ello son razones más que suficientes para que la ministra Chacón no hubiera intervenido en el Consejo de Ministros que aprobó el inesperado decreto ley que tanto favorece al grupo de los, cuanto menos, amigos de su marido.
No es la primera vez que una ministra del actual gobierno interviene en asuntos cuanto menos discutibles en función de su cargo y su anteriores intereses privados, como es el caso de ministra González-Sinde. Aunque la Ley tiene previsto para estos casos que cualquiera pueda interponer denuncia por conflicto de intereses, lo desaconsejamos. La ley esta muy estudiada para que se cumpla la fatídica sentencia de Lampedusa que todo cambie para que todo siga igual. Para empezar la denuncia la resuelve un organismo que depende de la Presidencia del Gobierno, lo que implica con recursos la tardanza de un año para poder acudir a los Tribunales, y cuando estos quieran resolver, dos o tres años después, la legislatura se habrá agotado.
Pero seguimos pensando lo mismo que decíamos días antes, que esto no pasa con un gobierno abierto y transparente, y al igual que resulta cuestionable que la ministra de cultura pueda intervenir en actividades en las que tiene intereses privados, bien personales, bien familiares o de su entorno, también lo es, al menos desde un punto de vista ético, que la ministra Chacón no se haya inhibido de intervenir en un Consejo de Ministros que adoptó una decisión tan favorable para un grupo de comunicación sobre el que gravita la sombra de su marido, Miguel Barroso.
Digámoslo alto y claro: necesitamos una democracia que funcione todos los días y no solo cada cuatro años cuando hay elecciones.
Asociación de internautas
Desde el punto de vista jurídico, basta con recordar que ese sorpresivo decreto ley se ha adoptado en contra del dictamen del Consejo de Estado, que considera que la reforma vulnera la legislación de contratos con la Administración, no responde al interés general y elude el indispensable debate parlamentario y la posibilidad de introducir enmiendas, por lo que el Consejo de Estado aconseja posponer la decisión al normal desarrollo de la Ley audiovisual.
La decisión adoptada no podemos calificarla de ilegal. El ordenamiento constitucional permite el Decreto-Ley para situaciones extremas. Es al Parlamento a quien le corresponde decidir sobre la ratificación, pero en todo caso no habrá discusión, ni propuestas ni enmiendas. Solo votación. Pero lo que si podemos afirmar es que en este caso, la decisión adoptada, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en que se produce, no es correcta desde el punto de vista de los valores y de la ética.
Conviene recordar, como el 14 de marzo de 2004, un Zapatero emocionado que acaba de ganar las elecciones anunciaba una nueva forma de hacer política y el resurgimiento de una nueva ética civil. Según dijo, su gobierno iba a potenciar la participación ciudadana, la transparencia, la no discriminación y la honradez en el proceder gubernamental. Todos recordamos como terminaba su discurso: Espero que el poder no me cambie. Apenas cinco años nos separan de aquel momento, y se han producido muchos cambios, y no precisamente para bien.
El propio presidente impulsó que esos principios se trasladaran a un Código de Buen Gobierno que debían seguir los miembros del Ejecutivo y los altos cargos de la Administración General del Estado, que fue publicado para su general conocimiento por Orden Ministerial de 7 de marzo de 2005. En su desarrollo y para que esos valores también fueran exigibles jurídicamente se aprobó la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
El Código establece unos principios éticos para el Gobierno y sus miembros, entre otros: 1) se evitará toda actuación que pueda producir discriminación. 2) La adopción de decisiones perseguirá siempre la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares o clientelares.
Ahora vemos como esos principios han sido cuestionados. El Decreto Ley rompe un equilibrio preexistente en el ámbito audiovisual en detrimento de uno de los actores (PRISA), que enmarca la decisión en el interés de unos pocos y entiende que es un ejemplo de rancio clientelismo a favor de La Sexta. El propio Consejo de Estado, más moderado, subraya en su informe que la decisión no responde a los intereses generales y que está falto de oportunidad. Las asociaciones de consumidores y los comerciantes se quejan porque cientos de miles de descodificadores y aparatos de TV han quedado obsoletos de repente, la industria tampoco esta satisfecha, así la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (Aetic) alzó su voz contra la urgencia del Ejecutivo para poner en marcha la nueva modalidad televisiva y sin que el Ministerio de Industria haya elaborado normas con las características técnicas de los descodificadores para que sean abiertos, es decir, compatibles con todas las cadenas. Otros como el diario El Mundo aplauden la decisión que según ellos traerá mas diversidad y oferta, en esta misma línea El Plural recuerda que la situación actual no era más que un privilegio concedido por el ex presidente Felipe González al grupo de Polanco.
El citado código que se impuso Rodríguez Zapatero recalca, además, que la finalidad del mismo es la prevención de las situaciones de conflicto de intereses, y entiende que puede existir ese conflicto cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas. Un concepto nuevo que posteriormente junto con las incompatibilidades ha sido trasladado a la ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos, que ha modificando el régimen jurídico anterior que databa de 1995 y se limitaba solo a las incompatibilidades de los ministros y altos cargos.
Pues bien, pensamos que la ministra de Defensa, Carme Chacón, que intervino en el Consejo de Ministros del pasado jueves, el que dio luz verde al citado decreto ley, ha podido vulnerar ese principio.
La ministra pudo incurrir en un conflicto privado de intereses, y, por lo tanto, con arreglo al articulo 7 de la referida Ley y debería haberse inhibido. La razón es sencilla: la ministra se casó a finales de 2007 con Miguel Barroso, a quien se le considera incluido en el círculo más próximo a Rodríguez Zapatero, ex secretario de Estado de Comunicación y ex director de la Casa de América. En la actualidad, Barroso trabaja para el grupo WPP, copropietario del grupo Imagina y es un hombre del entorno del empresario catalán Jaume Roures, propietario de Mediapro e impulsor de La Sexta, la cadena de televisión en abierto concedida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en noviembre de 2005, dos meses después de que Barroso dejara su cargo en La Moncloa, y que dirige su también amigo y antiguo socio José Miguel Contreras. Además de aglutinar este consorcio, Roures impulsó desde Mediapro la llegada a los kioskos del diario Público, completando así un grupo de medios cuya finalidad era competir con Prisa por el espectro ideológico de la izquierda. Además, parece ser que Barroso sigue muy vinculado al entorno de Zapatero como hombre de referencia para cuestiones de imagen y marketing político.
Entendemos que todo ello son razones más que suficientes para que la ministra Chacón no hubiera intervenido en el Consejo de Ministros que aprobó el inesperado decreto ley que tanto favorece al grupo de los, cuanto menos, amigos de su marido.
No es la primera vez que una ministra del actual gobierno interviene en asuntos cuanto menos discutibles en función de su cargo y su anteriores intereses privados, como es el caso de ministra González-Sinde. Aunque la Ley tiene previsto para estos casos que cualquiera pueda interponer denuncia por conflicto de intereses, lo desaconsejamos. La ley esta muy estudiada para que se cumpla la fatídica sentencia de Lampedusa que todo cambie para que todo siga igual. Para empezar la denuncia la resuelve un organismo que depende de la Presidencia del Gobierno, lo que implica con recursos la tardanza de un año para poder acudir a los Tribunales, y cuando estos quieran resolver, dos o tres años después, la legislatura se habrá agotado.
Pero seguimos pensando lo mismo que decíamos días antes, que esto no pasa con un gobierno abierto y transparente, y al igual que resulta cuestionable que la ministra de cultura pueda intervenir en actividades en las que tiene intereses privados, bien personales, bien familiares o de su entorno, también lo es, al menos desde un punto de vista ético, que la ministra Chacón no se haya inhibido de intervenir en un Consejo de Ministros que adoptó una decisión tan favorable para un grupo de comunicación sobre el que gravita la sombra de su marido, Miguel Barroso.
Digámoslo alto y claro: necesitamos una democracia que funcione todos los días y no solo cada cuatro años cuando hay elecciones.
Asociación de internautas
