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A Zapatero se le desatan a la vez todas las batallas del wifi municipal


Industria cierra filas con las telecos en contra de la financiación del Plan E. Salgado y Chaves rompen su neutralidad ahora que la CMT avanza en la consulta de las redes locales. Quiebra la paz entre la FEMP y Redtel: las telecos pelearán todas las tasas municipales, se niegan a financiar con ellas a sus competidores. Ana Zarzuela.- Capital News




Tiene ya las dimensiones definidas -5.000 millones de euros- padrinos suficientes en el Congreso de los Diputados y, si las previsiones del Ministro de Política Territorial no fallan, el respaldo de la FEMP y fecha de bautismo no más tarde de diciembre. Pero con el ‘bálsamo’ municipal del Plan de Inversión local, Manuel Chaves ha echado sal a la batalla entre las operadoras y los municipios y a sus propios desencuentros con Zapatero y con Sebastián.

El vicepresidente se salta la neutralidad con la que trata de caminar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y sacude las promesas que un día Industria les hizo a los casi 200 ayuntamientos que quieren subirse en la carrera de internet por la puerta del adsl sin cable gratuito municipal. La batalla entre la Federación de Municipios y Provincias y las operadoras ya no tiene trincheras.

Si hasta ahora Redtel se conformaba con repudiar el wifi municipal gratuito y esperar las resoluciones caso a caso de la CMT -en tanto llega la nueva regulación por parte de la Comisión- ahora están dispuestas a levantar las lanzas de todas las reclamaciones con lo que las patronales Asimelec y Aetic consideran ‘competencia desleal’ y a pelear las tasas municipales, ahora que los municipios se han lanzado a ‘pasar la gorra’, con la utilización del dominio público local como ariete. Todo antes de terminar financiando a golpe de tasas el despliegue de su propia competencia en banda ancha fija y móvil. Cierra filas con ellos el Ministerio de Industria y la Setsi, con todas sus lanzas en ristre frente a Moncloa. Pero Sebastián se confiesa maniatado. El ‘efecto Chaves’ se lo pone más difícil a una tercera vía entre las operadoras y los municipios para el adsl: la facilidad del acceso y las infraestructuras a cambio de despliegues conjuntos, o complementarios y la cooperación público-privada, tras las huellas de Avilés o Miguelturra. Telefónica, Orange, Vodafone y Jazztel exigen que sean las arcas del Plan E los que nutran un nuevo ‘Renove de la fibra’ que financie las remodelaciones de los edificios.

Industria ya había dejado hasta ahora a la CMT entre la espada de la Ley General de Telecomunicaciones -que impide a los organismos públicos financiar este servicio con impuestos y hacer la competencia desleal a las operadoras comerciales- y la pared de la casuística real. El regulador le sigue buscando sitio al wifi municipal, acaba de cerrar un período de consulta pública y quiere nuevas cartas claras sobre la mesa para encarar el choque de intereses. Tendrá que hacerlo bajo las sacudidas del Plan E II y su inyección de liquidez.

Gaspar Zarrías le ha puesto apellidos a los “proyectos sostenibles” y a su capítulo tecnológico del segundo Fondo de Inversión Local, aún a costa de saltarse las líneas rojas de la prudencia de la CMT. El Gobierno dará prioridad, entre los proyectos que presenten los municipios, a los relacionados con la promoción de nuevas tecnologías, ahorro energético, sostenibilidad ambiental y desarrollo empresarial. Entre otros, al despliegue de wifi municipales gratuitas, que junto al resto de los proyectos TIC podrá ejecutar hasta un 15% de esos 5.000 millones de euros.

Miguel Sebastián calla, no hará más olas con Manuel Chaves, pero las operadoras de telefonía cuentan con el respaldo del Ministerio de Industria. El Secretario de Estado para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, lo ha dicho alto y claro: es “un error que los ayuntamientos pretendan convertirse en un operador de telefonía con inversiones que permitan acceder a Internet de forma gratuita a los ciudadanos”. Más aún si su avanzadilla se alimenta del Fondo Estatal de Inversión Local para 2010 En detrimento de un Plan Renove para las infraestructuras comunes (ICT) -cuyo estado supone un cuello de botella para que los hogares puedan recibir las nuevas redes de banda ancha- o del relanzamiento de la administración electrónica, sobre todo en los ayuntamientos pequeños.

UNA WIFI CON MUCHOS LÍMITES

El oxígeno del Plan E les permitirá a los municipios lanzarse a una piscina a la que hasta ahora la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le ha puesto límites -o es temporal, o debe financiarse- y que ya empieza a resultar demasiado fría para algunos: si requiere servicios técnicos o antenas, los ayuntamientos quieren cobrar; se pueden solapar las frecuencias; empiezan a darse cuenta de que su mantenimiento, su conservación y su reparación necesitarán nuevos fondos. Y de que, si le dan la espalda a las operadoras de telefonía y el despliegue de fibra ultrarrápida, los municipios serán los primeros ´huérfanos’ de las verdaderas autopistas de la información. Algo que -Madrid lo sabe bien- no siempre les interesa: la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha preferido desistir de la promesa de wifi y wimax gratis en sus 2.000 autobuses, antes que claudicar en los muros del regulador, que abogaba por subir la tarifa de los billetes a cambio del servicio o instalar el WiFi con carácter provisional. No es Corcubión el único que comienza a saltarse las líneas rojas: más de uno, tras el municipio coruñés se propone hacer permanente el wifi gratis a sus 1.822 habitantes -que parte de cuatro adsl convencionales- a cambio de una cuota para poder rentabilizar su soporte técnico.

Sólo 132 de los más de 8.100 municipios españoles tiene licencia WiFi, pero más de 200 ayuntamientos han llamado ya en los últimos meses a la puerta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Siguen las huellas de Bilbao -que ya ofrece conexión a internet libre y gratuita a través de WiFi en los doce centros municipales de distrito de la ciudad, así como en la Plaza Nueva- estudia ahora propone ampliar las zonas wifi a las calles peatonales. La legislación no permite que las administraciones den internet gratis por un periodo indefinido, pero el resto de las condiciones son variables. Hasta el momento, el regulador ha limitado el tiempo de gratuidad y la velocidad a la que se navega, ha forzado que el uso sea lúdico o cultural al impedir las descargas o las visitas a determinados contenidos o el tiempo que puede estar conectado cada usuario.

La CMT mira a Valencia -donde 260 de los 266 municipios de la provincia han solicitado participar en el programa ‘Valencia provincia WiFi- o a Aragón, con más de 40 municipios inscritos como operadores WiFi, aunque muchos de estos proyectos aún están en fase de desarrollo. Tendrá que atender, además, las solicitudes que cocinan ya una veintena de ayuntamientos con otras aplicaciones del WiFi distintas al mero acceso a Internet, desde servicios públicos como el control del tráfico, o el tiempo de paso de los autobuses y todo tipo de soluciones prácticas, como sucede en algunas ciudades de Estados Unidos, donde los contadores de agua disponen de WiFi, lo que permite obtener el consumo de agua en tiempo real de toda una zona.

Se lo dejaba claro la CMT a Barcelona con el veto a su propuesta Premium: ni la ley ni el regulador quieren dejar sitio a servicios que atenten contra las ofertas de banda ancha móvil de las operadoras. El acceso básico sólo podrá darse de forma gratuita durante un año, en un horario determinado. La duración de la conexión estará limitada a 60 minutos por usuario y día, con una velocidad de transmisión que rondará los 200 Kbps -mucho más baja que la banda ancha- y se prohíben las descargas y el acceso a ciertos contenidos. WiFi Ciutadá sólo podrá ser gratis durante un año, cuando el Instituto Municipal de Informática de Barcelona (IMI) pedía tres. Después tendrá que buscar alguna fórmula de pago o patrocinio publicitario. Y tendrá que volver a recibir el beneplácito para el replanteamiento de su servicio Premium. Será -espera el consistorio catalán- cuando la nueva regulación esté ya sobre la mesa. Por si acaso, es la ciudad condal la primera en despejar ‘una tercera vía’ con las telecos. El Ayuntamiento quiere implicar al sector privado (incluso a las operadoras de telefonía) en el Barcelona wifi - la mayor red de acceso libre de España, con 200 puntos de acceso disponibles este verano y 500 a finales del 2010- para usos afectados por las restricciones establecidas por la CMT al proyecto, como la telefonía IP, la videoconferencias o las descargas.

INTERESES ENCONTRADOS

Los ayuntamientos y las grandes operadoras de telefonía se miden las distancias y las urgencias. Si la administración pública ofrece Internet sin coste, nadie va a contratar su conexión con un proveedor de Internet, por lo que se daña la competencia. Pero los ayuntamientos saben que la euforia de sus ‘autopistas digitales’ municipales tiene líneas rojas: los analistas les advierten que los canales wifi pueden solapar sus frecuencias, si el consistorio ocupa un canal en todo el territorio. Las autoridades municipales saben que si no atienden a las demandas de los operadores que construyen las redes de nueva generación, de banda ultra-ancha, se quedarán sin las auténticas ‘avenidas’ de sus ciudades digitales.
Para las telecos, el cumplimiento por parte de las corporaciones locales de la Ley de Acceso Electrónico es mucho más que el puente de la ‘e-administración’ con las Administraciones y los ciudadanos por medios electrónicos, es, además, un gran generador de la demanda para sus servicios. Los alcaldes tienen miedo a quedarse atrás en la carrera hacia la Sociedad de la Información; los operadores de telefonía, a la emergencia masiva de empresas públicas de telecomunicaciones amparadas por los euros del PlanE. Reclaman la vía libre a las canalizaciones que utilizarán los operadores y exigen que se eliminen las restricciones de licencias para zanjas o antenas, la emergencia continua de organismos locales que construyen infraestructura de telecomunicaciones y las nuevas tasas y cargas fiscales. Y advierten que se puede poner en peligro la inversión privada y ampliar la brecha digital.

Desde el sector de las TI -con la Aetic al frente- las operadoras -a través de Redtel y Aste- y desde los municipios -por boca de la Femp- han llamado a la paz. Miran, de parte y parte, el antecedente de Migueturra, donde la CMT ha aceptado el modelo del ‘operador neutro’.El Ayuntamiento del municipio castellano ha desplegado una red de fibra óptica que será alquilada a los operadores para ofrecer hasta 100 megas. El consistorio sólo se ha ocupado de las infraestructuras (la parte más costosa de la inversión) y serán las telecos los que ofrezcan servicios de banda ancha pagando a Miguelturra -que no interfiere en las ofertas- por el alquiler de la fibra. Una iniciativa similar a la red Asturcón desplegada en el Principado de Asturias y que permite a los usuarios navegar con 100 megas desde 40 euros al mes. Los ayuntamientos que tengan ya una red corporativa pueden aportarla a una empresa mixta constituida con operadores privados, o incorporarla a un convenio, contrato o consorcio. La Diputación de Valencia, por ejemplo, ha anunciado la licitación de un contrato de colaboración público-privada para una red provincial en el que se va a usar la novedosa técnica del diálogo competitivo.

LA BATALLA FISCAL

Aunque de los 3.408 millones de euros que aproximadamente pagan en impuestos periódicos las operadoras de telecomunicaciones -incluyendo la nueva fiscalidad para financiar RTVE-, el 90% corresponde a tributación estatal y tan sólo un 10% a la local, el desencuentro impositivo con los ayuntamientos llueve sobre mojado porque la presión parafiscal que sufre el sector de las telecomunicaciones en España, con impuestos y tasas específicos, que gravan exclusiva o preferentemente a las operadoras, se eleva a 825 millones de euros en 2008. Además de pagar los impuestos comunes (Sociedades IBI, etc), las ‘telecos’ abonan un pagan una serie de tasas exclusivas por 400 millones al año, como la tasa de operadores (para financiar la actividad de la CMT), la tasa por la numeración y la que se paga por el espectro de frecuencias radioeléctricas- son las principales contribuyentes, en un 85%-. Además, y aunque contribuyen a financiar a los ayuntamientos con un IAE específico por las antenas de telefonía móvil, desde hace cuatro años, muchos consistorios quieren cobrar a los grupos de móviles la tasa por ocupación del dominio público -que ya repercuten sobre las operadoras fijas- a pesar de que la Ley de Haciendas Locales las excluía expresamente.

Después de cuatro años de guerra abierta -en tablas hasta ahora, las compañías de móviles se habían negado a pagar mayoritariamente y han generado cerca de 2.000 procedimientos judiciales- la avidez de los municipios ha reabierto las grietas del desencuentro. Tras el antecedente de Crevillent -ha presentado alegaciones contra la ordenanza aprobada provisionalmente el 29 de junio- Redtel está dispuesta a recurrir, una a una, la Tasa por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local. Ya lo han hecho con la cantidad de de 53.926 euros que el Ayuntamiento de Salobreña espera reclamarles a Vodafone, Movistar, Orange y Yoigo por la utilización del dominio público local. Las operadoras ya pagan el Impuesto de Actividades Económicas y están gravadas por el Estado por la utilización del dominio público que utilizan (el espectro radioeléctrico), a través de una tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

Aunque los operadores reconocen la validez de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se justifica el canon por ocupación del dominio público local, recuerdan que en telefonía móvil la mayoría de llamadas se canalizan a través del espectro radioeléctrico por el que ya satisfacen una tasa al Estado. Y niegan que la sentencia del Tribunal Supremo de abril en la que se ratificaba otra previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideraba ajustada a derecho esta nueva tasa, sea aplicable nada más que al municipio de Badalona, para el que fue dictada. Miran a las sentencias favorables al sector en la cuantía de las tasas en los Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura, País Vasco, Canarias, La Rioja y Madrid. Sólo tienen ojos para el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE), que ha anulado la tasa municipal sobre las operadoras de telefonía móvil de 57 municipios extremeños, al considerar, entre otras cosas, que establecer de forma genérica un impuesto del 1,5% de los ingresos brutos no es correcto.

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