DAVID ALANDETE - Washington El País.es.- Para ello, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), que fijará esas medidas, exigirá a las proveedoras que ofrezcan información detallada sobre cómo organizan sus redes y distribuyen sus conexiones. La FCC defendió ayer las normas como indispensables para crear un Internet abierto y democrático. Las medidas propuestas, que están todavía en fase de análisis y modificación y se considerarán definitivas en 120 días, prohíben a las proveedoras de ancho de banda "impedir que los usuarios envíen o reciban material legal de su elección" y "dificultar a los usuarios el poder de elegir entre la competencia de proveedores de redes, aplicaciones, servicios y contenido" y, sobre todo, se les obliga a "tratar contenidos, aplicaciones y servicios legales de forma no discriminatoria".
Además, no sólo se aplicarán estas normas a empresas que ofrecen Internet a través de redes de cable, como Comcast o Verizon, sino también a empresas de telefonía móvil, que administran el acceso a la red a través de dispositivos inalámbricos, como Sprint Nextel o T-Mobile. El sector se ha rebelado contra este anuncio, asegurando que es necesario priorizar el contenido que ofrece, ya que el ancho de banda del que dispone es limitado. El miércoles, en un discurso en Chicago, el consejero delegado de Verizon, Ivan Seidenberg, había advertido de que "si se aprueba este régimen agobiante sobre todas las partes de la industria de Internet, impondrá un extraordinario peso de control burocrático sobre el motor de crecimiento económico del futuro".
El Gobierno respondió ayer a través de un comunicado de la FCC que estas normas son una salvaguarda de la democracia en la red, y que facilitan la libre competición al permitir que nuevos emprendedores y pequeñas empresas sean tratadas del mismo modo que los titanes de Internet. De hecho, las grandes empresas de contenido de la red, como Google, han apoyado al Gobierno. El lunes, el vicepresidente de Google, Vint Cerf, junto con otros cuatro pioneros de la creación de Internet, envió una carta a la FCC en la que aseguraba que "los principios de neutralidad en la red de 'no-discriminación' y 'transparencia' son componentes necesarios de unas políticas de la administración que favorezcan la innovación en este país". Ahora se abre un proceso de estudio y redacción definitiva de las normas. Ayer, el consejero de Medios y Telecomunicaciones de Google, Richard Whitt, aseguró que su empresa colaborará con el Gobierno para asegurarse de que la red "sigue siendo una plataforma abierta, donde los ciudadanos y los emprendedores, y no los dueños de las redes, pueden conectarse e interactuar, elegir quienes ganan y pierden en el mercado, y crear nuevos servicios y contenidos en el mismo campo de juego".
Además, no sólo se aplicarán estas normas a empresas que ofrecen Internet a través de redes de cable, como Comcast o Verizon, sino también a empresas de telefonía móvil, que administran el acceso a la red a través de dispositivos inalámbricos, como Sprint Nextel o T-Mobile. El sector se ha rebelado contra este anuncio, asegurando que es necesario priorizar el contenido que ofrece, ya que el ancho de banda del que dispone es limitado. El miércoles, en un discurso en Chicago, el consejero delegado de Verizon, Ivan Seidenberg, había advertido de que "si se aprueba este régimen agobiante sobre todas las partes de la industria de Internet, impondrá un extraordinario peso de control burocrático sobre el motor de crecimiento económico del futuro".
El Gobierno respondió ayer a través de un comunicado de la FCC que estas normas son una salvaguarda de la democracia en la red, y que facilitan la libre competición al permitir que nuevos emprendedores y pequeñas empresas sean tratadas del mismo modo que los titanes de Internet. De hecho, las grandes empresas de contenido de la red, como Google, han apoyado al Gobierno. El lunes, el vicepresidente de Google, Vint Cerf, junto con otros cuatro pioneros de la creación de Internet, envió una carta a la FCC en la que aseguraba que "los principios de neutralidad en la red de 'no-discriminación' y 'transparencia' son componentes necesarios de unas políticas de la administración que favorezcan la innovación en este país". Ahora se abre un proceso de estudio y redacción definitiva de las normas. Ayer, el consejero de Medios y Telecomunicaciones de Google, Richard Whitt, aseguró que su empresa colaborará con el Gobierno para asegurarse de que la red "sigue siendo una plataforma abierta, donde los ciudadanos y los emprendedores, y no los dueños de las redes, pueden conectarse e interactuar, elegir quienes ganan y pierden en el mercado, y crear nuevos servicios y contenidos en el mismo campo de juego".