El asunto, en sus formas, reviste especial gravedad, porque está en entredicho la cobertura legal de este sistema de interceptación, sin una ley orgánica que lo respalde, el derecho fundamental a la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos no está garantizado; con una simple normativa ministerial el Gobierno distrae el necesario control democrático.
Pero el fondo es mucho más peligroso si cabe. El Gobierno legisla contra el interés general por si acaso y, al conservar los datos interceptados, sitúa a todos los ciudadanos como sospechosos, también por si acaso, convierte nuestra sociedad de libertades en una vigilada.
Pero no ha sido la primera vez. Con la imposición del canon digital, el Gobierno desoyendo el rechazo explícito de más de 3.000.000 de signatarios, también por si acaso, impuso a ciudadanos, empresas y administraciones públicas, sin excepción, una tasa arbitraria, indiscriminada y, por lo tanto, injusta, añadida al precio de una gran variedad de soportes digitales como una compensación por los ingresos que, presuntamente, dejan de percibir los autores cada vez que alguien realiza una copia privada de su obra en lugar de adquirir una original. Olvida a los consumidores y su derecho al uso privado o profesional de la tecnología, violándolo con "idoneidad", con la consiguiente inseguridad jurídica que ello conlleva y establece un privilegio insolidario que agrava la crisis.
Así las cosas, y por si acaso, cuídense de este Gobierno.
Tribuna de Víctor Domingo en La Gaceta.
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Pero el fondo es mucho más peligroso si cabe. El Gobierno legisla contra el interés general por si acaso y, al conservar los datos interceptados, sitúa a todos los ciudadanos como sospechosos, también por si acaso, convierte nuestra sociedad de libertades en una vigilada.
Pero no ha sido la primera vez. Con la imposición del canon digital, el Gobierno desoyendo el rechazo explícito de más de 3.000.000 de signatarios, también por si acaso, impuso a ciudadanos, empresas y administraciones públicas, sin excepción, una tasa arbitraria, indiscriminada y, por lo tanto, injusta, añadida al precio de una gran variedad de soportes digitales como una compensación por los ingresos que, presuntamente, dejan de percibir los autores cada vez que alguien realiza una copia privada de su obra en lugar de adquirir una original. Olvida a los consumidores y su derecho al uso privado o profesional de la tecnología, violándolo con "idoneidad", con la consiguiente inseguridad jurídica que ello conlleva y establece un privilegio insolidario que agrava la crisis.
Así las cosas, y por si acaso, cuídense de este Gobierno.
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