Su alegato a favor de un mayor intervencionismo, de la subida de impuestos y contra cualquier cosa que se parezca al sentido común tendrá un precio. Y aunque el acto de entrega del pago consistente en estampar la firma del ministro de turno en alguna norma que amplía las subvenciones o impone cánones a más productos lo haga algún miembro del Ejecutivo, lo pagaremos el conjunto de los ciudadanos. A los autoerigidos representantes de la cultura española no les gusta que nada de lo que hacen salga gratis, y no va a ser ZP quien se rasque el bolsillo.
Si dentro de unos días el Gobierno anuncia que seguirá los pasos de Francia y el Reino Unido y se cortarán las conexiones a los usuarios de redes de pares, nadie debería sorprenderse. Si, cuando hayan pasado unas semanas o meses, se emprende una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se incluye la vieja reclamación de la SGAE de imponer el canon a las conexiones a internet, nadie habría de asombrarse. Si directamente se impone un nuevo impuesto, por ejemplo a los accesos de banda ancha, para crear un fondo con el que subvencionar más cine o teatro español, estaría dentro de lo previsible.
Que nadie se engañe. El manifiesto de los "trabajadores de la cultura", por mucho que tengan poco de "trabajadores" y casi nada de "cultura", lo terminaremos pagando los ciudadanos. Lo firman no sólo por una ceguera ideológica que les impide ver que las fórmulas que propugnan tan sólo crean mayores niveles de pobreza. También lo hacen debido a que en ese mundo suyo, donde los propios méritos no cuentan y lo que vale es vivir de los demás sin merecerlo, estar cerca de un Gobierno que cree que el país es de su propiedad sale muy rentable.
Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.
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