Es habitual que las operadoras de telecomunicaciones vendan su deuda a empresas de recobro. Las facturas que el operador no tiene esperanza de cobrar, se venden a estas empresas por un importe inferior al de la deuda, las cuales hacen negocio intentado recuperar la mayor parte de las facturas impagadas. Para ello, localizan y se ponen en contacto con el cliente mediante correo postal y teléfono, insistiendo en conciliar el pago bajo la amenaza de recurrir a los tribunales, lo que hace que muchos usuarios salden la presunta deuda.
Este negocio, que está amparado por el Código de Comercio, choca con la protección de los datos personales cuando el operador que los cede no se ha asegurado de que la deuda es cierta. Muchas veces se reclaman importes de forma indebida (como los 10 de baja de Yacom) y si el cliente no los atiende acaba siendo acosado por este tipo de empresas.
Según la AEPD Telefónica «cedió los datos de los denunciantes sin comprobar su condición de deudores, en algunos casos porque cedió datos de clientes que no eran deudores y, en otros casos, porque no contaba con prueba acreditativa de la existencia de relación contractual con los mismos». La culpabilidad «se concreta en la falta de diligencia observada por la entidad, para asegurarse de que los datos que recaba, trata y utiliza, hayan accedido al fichero con el consentimiento del afectado, no bastando meras presunciones».
Reproducido de Bandaancha.eu
Este negocio, que está amparado por el Código de Comercio, choca con la protección de los datos personales cuando el operador que los cede no se ha asegurado de que la deuda es cierta. Muchas veces se reclaman importes de forma indebida (como los 10 de baja de Yacom) y si el cliente no los atiende acaba siendo acosado por este tipo de empresas.
Según la AEPD Telefónica «cedió los datos de los denunciantes sin comprobar su condición de deudores, en algunos casos porque cedió datos de clientes que no eran deudores y, en otros casos, porque no contaba con prueba acreditativa de la existencia de relación contractual con los mismos». La culpabilidad «se concreta en la falta de diligencia observada por la entidad, para asegurarse de que los datos que recaba, trata y utiliza, hayan accedido al fichero con el consentimiento del afectado, no bastando meras presunciones».
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