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PILAR CERNUDA

Sitel, el Gran Hermano


Todo empezó en tiempos del gobierno Aznar, cuando el PP centraba su estrategia en luchar contra ETA llegando a un gran pacto con el PSOE que pusieron negro sobre blanco el hoy ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y el entonces secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos. El pacto obligaba a las dos partes a informar sobre todo lo relacionado con ETA y los intentos de ponerla contra las cuerdas, y entre las fórmulas que barajó el ministro de Interior, Angel Acebes, fue solicitar la contratación de un sistema de escuchas internacional del más alto nivel. Fueron los directivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los que sugirieron ese servicio que consideraban importante para localizar a los terroristas y lograr información a través de sus conversaciones. Se informó a Rubalcaba de que existía esa posibilidad, y dio su visto bueno, como sucedía en los tiempos de vigencia del Pacto.




Una vez tomada la decisión, Policía, Guardia Civil y Cesid (hoy CNI) se dispusieron a utilizar ese servicio de tanta cualificación y avanzada tecnología, capaz de captar cualquier tipo de conversación se produjera donde se produjese, además de captar también correos electrónicos y mensajes sms a través de móviles. Sin embargo, cuando se iba a poner en marcha, el Gobierno pidió un informe jurídico porque no estaba seguro de que fuera absolutamente legal, ya que las escuchas eran universales y por tanto imposible darle a todas y cada una de ellas la obligada cobertura judicial.

El informe confirmó los temores del gobierno: la red Sitel podía afectar derechos fundamentales como el derecho a la intimidad de las personas o el derecho a las comunicaciones. Por tanto, la única posibilidad de activar la red era con la aprobación previa de una Ley Orgánica para regular su utilización, entre otras razones para que la información que se pudiera lograr a través de las escuchas pudiera ser aportada como prueba inculpatoria o exculpatoria ante un tribunal. Era un proyecto, hay que recordar, pensado principalmente para la lucha contra el terrorismo de ETA, que han puesto en práctica otros países y que obliga a su regulación. No sólo por la necesidad de garantizar derechos fundamentales sino también para que no contamine un proceso judicial y provoque su anulación.

El Gobierno del PP no llegó a ponerlo en marcha por falta de la ley orgánica, que pensaba llevar al Parlamento en la siguiente legislatura si volvía a ganar las elecciones. Las perdió, y cinco años más tarde la red Sitel se encuentra en el ojo del huracán, porque el principal partido de la oposición afirma que la utiliza la policía no solo para la lucha contra el terrorismo sino para controlar conversaciones de políticos, empresarios y periodistas. Sin ley orgánica y sin autorización judicial previa. Se calcula que en los archivos sonoros judiciales se encuentran en este momento la recopilación de conversaciones privadas mantenidas por unos dos mil políticos empresarios, periodistas e incluso personalidades del mundo judicial. Es más: en medios políticos de la oposición -no sólo del PP- se piensa que la polémica cena mantenida hace unos meses por Mariano Bermejo, el inspector González de la policía judicial, y el juez Garzón, en la cacería que finalmente costó el cargo al entonces ministro de Justicia, tenía como objeto cambiar impresiones sobre la utilización de la red Sitel y las pruebas logradas a través de sus escuchas, no sólo para los casos relacionados con ETA sino también para los de corrupción política que en aquellos momentos empezaban a acaparar titulares a raíz del caso Gürtel. En algunos de los autos de Garzón en los que autoriza el control de determinadas conversaciones aparece que para el seguimiento se utilice ‘sistema Sitel’. El problema es que si tiene razón la oposición, esas escuchas serían ilegales ya que no hay una ley orgánica que la respalde, como afirmaba el informe jurídico solicitado en tiempos de Angel Acebes.

Todo se complica porque el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, hizo una consulta a la Fiscalía General hace tres años sobre la utilización de la red Sitel, advirtiendo que iba contra los derechos de los ciudadanos y proponía, como ocurrió con los expertos consultados por el gobierno del PP, la regulación del uso de Sitel a través de una ley orgánica. Nunca tuvo respuesta. Pero aún hay más: la polémica sobre el uso de esta red, que denuncia el PP desde hace unas semanas, ha provocado una reacción que puede echar por tierra un número no despreciable de asuntos de fuerte carga política, porque todos los días se producen declaraciones de jueces y fiscales que afirman que no tenían conocimiento de que estuviera en uso la red Sitel y que cuando han autorizado escuchas, no sabían que se iban a hacer a través de una red de alta tecnología sobre la que el juez no tiene el control que marca la ley. Por otra parte, las nuevas técnicas aportadas por la red Sitel permiten manipular las conversaciones grabadas.

La red Sitel es una especie de Gran Hermano que llega allá donde no llegan otros sistemas, nada escapa a su alcance. Puede escudriñar a cualquier persona y meterse de lleno en su intimidad, sea a no sospechosa de delito o colaboración con un delincuente. El ministro Rubalcaba defiende el derecho de Policía y Guardia Civil a utilizar todos los medios a su alcance para impedir los actos de terrorismo. No le falta razón, en eso coinciden todas las personas consultadas, tanto del mundo político como del judicial. Pero ese derecho no exime a policía y guardia civil de atenerse a las normas que marca la democracia. Y la red Sitel, tan útil para la lucha contra el terrorismo, no puede ser una excepción.

Atención además a su mal uso: aparte de ir contra derechos básicos de los ciudadanos, puede echar por tierra importantes sumarios hoy de actualidad por incluir pruebas conseguidas sin atenerse a las normas procedimentales.

Pilar Cernuda en La Región


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