En EE UU, el acceso a la información está protegido por la Freedom of Information Act, pero es insuficiente en la era digital. Con el arsenal tecnológico disponible, no tiene sentido que el ciudadano sea un simple espectador de lo público, limitado a elegir a sus representantes cada cuatro años. De ahí que el mensaje de Obama marque algo más que distancias sobre su antecesor. Se trata de un cambio en la forma de entender la propiedad de la información pública. Es el primer paso hacia la democracia conectada y transparente que garantice el acceso online a los datos y la participación ciudadana en los proyectos legislativos.
España, sin embargo, está lejos de visualizar esa transformación. Al contrario. Junto a Grecia, es el único país de la UE con más de un millón de habitantes que no regula el acceso a la información. Y eso que el programa electoral del PSOE se comprometía a legislarlo. El ordenamiento jurídico ha incorporado leyes inspiradas en la regresiva Patriot Act de Bush, que suponen un recorte de libertades. Entre ellas, la Ley 25/2007, que permite el almacenamiento de las comunicaciones electrónicas y convierte a todos los ciudadanos en sospechosos o la puesta en marcha del sistema de interceptación de llamadas (Sitel) sin discusión pública. Aquí, como en EE UU, los medios no advirtieron del recorte de libertades que se estaba produciendo a escondidas. Pero gracias a Internet, cada vez es más difícil silenciar lo que no interesa, como las denuncias de la Asociación de Internautas ante el Defensor del Pueblo o la Comisión Europea, que alertaban del uso perverso de la tecnología como sistema de control social.
Paradójicamente, desde 2004 se ha ido restringiendo el ámbito privado (secreto de las comunicaciones, derecho a la información, intimidad) mientras se ampliaban los llamados nuevos derechos (matrimonio homosexual, discriminación positiva, aborto).
Parece que el poder puede saberlo todo de todos. Sin embargo, los ciudadanos no tienen derecho a conocer desde dónde se pinchan las llamadas, cuánto tiempo se guardan las conversaciones, qué medidas de seguridad garantizan su autenticidad, o cómo emplea la SGAE el dinero que recibe del canon, información que el Gobierno denegó en 2008. El peligro aparece allí donde el poder del Ejecutivo se ejerce en secreto (caso Koop, Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Es ineludible que la ley garantice el acceso a la información que se encuentra en manos del Gobierno mediante un procedimiento sencillo y rápido, en el que baste con identificarse, sin que sea necesario explicar ni por qué ni para qué se quiere la información.
Opinión *Pedro Martínez García es Fiscal de la Comunidad de Madrid
España, sin embargo, está lejos de visualizar esa transformación. Al contrario. Junto a Grecia, es el único país de la UE con más de un millón de habitantes que no regula el acceso a la información. Y eso que el programa electoral del PSOE se comprometía a legislarlo. El ordenamiento jurídico ha incorporado leyes inspiradas en la regresiva Patriot Act de Bush, que suponen un recorte de libertades. Entre ellas, la Ley 25/2007, que permite el almacenamiento de las comunicaciones electrónicas y convierte a todos los ciudadanos en sospechosos o la puesta en marcha del sistema de interceptación de llamadas (Sitel) sin discusión pública. Aquí, como en EE UU, los medios no advirtieron del recorte de libertades que se estaba produciendo a escondidas. Pero gracias a Internet, cada vez es más difícil silenciar lo que no interesa, como las denuncias de la Asociación de Internautas ante el Defensor del Pueblo o la Comisión Europea, que alertaban del uso perverso de la tecnología como sistema de control social.
Paradójicamente, desde 2004 se ha ido restringiendo el ámbito privado (secreto de las comunicaciones, derecho a la información, intimidad) mientras se ampliaban los llamados nuevos derechos (matrimonio homosexual, discriminación positiva, aborto).
Parece que el poder puede saberlo todo de todos. Sin embargo, los ciudadanos no tienen derecho a conocer desde dónde se pinchan las llamadas, cuánto tiempo se guardan las conversaciones, qué medidas de seguridad garantizan su autenticidad, o cómo emplea la SGAE el dinero que recibe del canon, información que el Gobierno denegó en 2008. El peligro aparece allí donde el poder del Ejecutivo se ejerce en secreto (caso Koop, Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Es ineludible que la ley garantice el acceso a la información que se encuentra en manos del Gobierno mediante un procedimiento sencillo y rápido, en el que baste con identificarse, sin que sea necesario explicar ni por qué ni para qué se quiere la información.
Opinión *Pedro Martínez García es Fiscal de la Comunidad de Madrid
