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Archivado en Gobierno y Leyes

EL GOBIERNO HA HECHO EXPLÍCITA SU INTENCIÓN DE CONTROLAR LA RED. DEBE DAR MARCHA ATRÁS.

Zapatero, o la 'ley de la patada en el router'


¿Qué ha llevado a cientos de miles de ciudadanos españoles a manifestarse bruscamente en contra del Gobierno, en lo que es ya toda una página destacada del activismo digital a nivel mundial? Repasemos los hechos: el lunes 30 de noviembre, el Ejecutivo hace público el articulado de la Ley de Economía Sostenible.




En la versión del mismo que envía a la prensa, aparece un regalo envenenado: un "comité de expertos" capaz de cerrar páginas web sin la intervención de un juez, algo contrario a la Constitución. Además, una disposición final añadida a la ley incorpora a supuestos como el orden público, la salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia, un quinto punto: la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

En una revista como ésta, dedicada al análisis económico, sabemos que la hiperinflación legislativa no contribuye a una economía sostenible. Internet no está al margen de la ley, y las leyes existentes cubren perfectamente lo que sucede en la red -otra cosa es que tengan problemas de aplicación en un ámbito relativamente novedoso y escurridizo-. Pero el asunto es todavía peor: la nueva ley no sólo cercena bruscamente los derechos de los españoles creando una policía política capaz de cerrar publicaciones en Internet sin intervención de un juez, sino que, además, genera un entorno de peligrosísima incertidumbre, que llevaría a muchos empresarios a replantearse sus inversiones en la red. Ante una ley que puede provocar una disrupción en las actividades de cualquier empresa, lo más razonable es trasladarse a servidores en el extranjero. O simplemente, no invertir. El cambio de modelo productivo, con internet en un papel central, está amenazado por algo que nunca debió estar ahí.

Poco hay que discutir: frente al simplismo de quienes piensan que "los internautas se rebelan porque no van a poder descargar canciones y películas del P2P", se evidencia la realidad de un atropello a los derechos fundamentales de tal magnitud que la única comparación posible es con aquella ley de la patada en la puerta, convertida para esta ocasión, en ley de la patada en el router. Pero si el fondo constituye ya de por sí un atentado contra los derechos no de los internautas, sino de todos los ciudadanos, las formas revelan algo aún peor: ¿qué ha llevado al Gobierno a incorporar semejante engendro en una ley como ésta? Al investigar, aparecen las amistades peligrosas que el Ejecutivo de Zapatero mantiene con una coalición que dice representar a los creadores pero en la que, en realidad, pesan más los intereses de las discográficas e intermediarios del negocio cultural, los cuales celebraron ostentosamente haber conseguido meter un gol al colar una disposición que sitúa los derechos de autor por encima de los mismísimos derechos fundamentales.

Por el momento, una protesta ciudadana rápida y espontánea ha generado un fuerte debate dentro y fuera del Gobierno, en el conjunto de la sociedad: la publicación de un manifiesto el miércoles 2 a las nueve de la mañana prendió inmediatamente en la red: esa misma noche, más de 50.000 páginas lo habían publicado, y en Google suman ya más de 1.780.000 apariciones del mismo. Ante la presión, la ministra de Cultura convoca una reunión de un día para otro con algunos internautas, que acuden y, mientras cuentan en directo la reunión en Twitter, se encuentran una actitud de falta de diálogo sobre la polémica disposición final. Después, el caos total: apoyo decidido de Elena Salgado a dicha disposición, posterior desautorización de ministra y vicepresidenta por el ministro de Justicia, y declaraciones finales del presidente afirmando que "no se cerrará ninguna web".

La pregunta es: si no se va a cerrar nada, ¿para qué consagrar tal posibilidad en el papel? Las declaraciones de intenciones sobre lo que se hará con la ley no sirven. Hay que eliminar la raíz del problema: la ley misma. Las leyes sobreviven a los Gobiernos, y aunque éste fuese limpio y diáfano, cuestión casi imposible, ¿qué nos garantiza que otros posteriores lo serán? La situación requiere una actuación inmediata: la disposición final debe retirarse. El derecho a la propiedad privada, también la intelectual, es la esencia del capitalismo. Éste se vulnera frecuentemente en internet a través de descargas ilegales que impiden a los autores obtener la legítima recompensa por su producción. Pero la persecución de los delitos no puede hacerse a costa de arrasar los derechos fundamentales.

Artículo de Miguel Ángel Belloso reproducido de su Blog en Expansión.com

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