David Hammerstein - Algunos elementos del propuesto acuerdo ACTA asustan en lo que tienen de regresiva marcha atrás, como son: el filtro de los datos personales por parte de las empresas operadoras; el corte del acceso a Internet por vías administrativas de decisión; la persecución criminal a cargo de empresas privadas; la confusión entre la justicia administrativa y la justicia penal; y la explosión de la sospecha global generalizada sin discriminar una posible utilización no-comercial de la cultura y la información.
Hoy 24 de febrero en el Parlamento Europeo se ha presentado una "declaración escrita" en contra de ACTA, y se está preparando otra resolución oral para el próximo pleno de marzo sobre la falta de transparencia del proceso, y sobre el informe que el Supervisor Europeo de Datos acaba de publicar muy crítico acerca de las amenazas que suponen los acuerdos de ACTA para la protección de los datos personales.
El informe del Supervisor de Datos Personales de la Unión Europea sobre ACTA es muy crítico por su posible vulneración del Derecho Comunitario y de los Derechos Fundamentales de ciudadanía que protegen la intimidad de las personas. En su opinión oficial, el Supervisor de Datos Personales de la UE afirma que no es legal responsabilizar a los proveedores de Internet de los contenidos e informaciones que fluyan por sus servicios y redes. Además, considera que el corte de la conexión de Internet es una medida que vulnera un derecho fundamental y que por tanto no puede ser llevada a cabo sin decisión judicial previa.
Hoy en la rueda de prensa que presentaba la "declaración escrita" y que espera conseguir la firma de la mayoría de los eurodiputad@s, los primeros firmantes: Castex, Lambrinidis, Rothova y Alvaro, tuvieron palabras muy duras tanto sobre el proceso como acerca de los contenidos de un «ACTA, en lo que resulta ser: "un blanqueo legislativo a escala global para meter por la puerta trasera lo que ningún parlamento nacional estaría dispuesto aprobar», y en lo que supone: «el control sistemático de l@s ciudadan@s que otorga más poder a las las servidoras de internet que el que tiene la policía para luchar contra el terrorismo», o lo que supone: «colocar la responsabilidad civil sobre las empresas de Internet es como responsabilizar a la oficina de correos del contenido de las cartas que reparten.»
Cada vez más las tendencias represivas están siendo trazadas en la gran batalla sobre el significado de la libertad en la Era Digital. La ciudadanía debe tener la última palabra.
Hoy 24 de febrero en el Parlamento Europeo se ha presentado una "declaración escrita" en contra de ACTA, y se está preparando otra resolución oral para el próximo pleno de marzo sobre la falta de transparencia del proceso, y sobre el informe que el Supervisor Europeo de Datos acaba de publicar muy crítico acerca de las amenazas que suponen los acuerdos de ACTA para la protección de los datos personales.
El informe del Supervisor de Datos Personales de la Unión Europea sobre ACTA es muy crítico por su posible vulneración del Derecho Comunitario y de los Derechos Fundamentales de ciudadanía que protegen la intimidad de las personas. En su opinión oficial, el Supervisor de Datos Personales de la UE afirma que no es legal responsabilizar a los proveedores de Internet de los contenidos e informaciones que fluyan por sus servicios y redes. Además, considera que el corte de la conexión de Internet es una medida que vulnera un derecho fundamental y que por tanto no puede ser llevada a cabo sin decisión judicial previa.
Hoy en la rueda de prensa que presentaba la "declaración escrita" y que espera conseguir la firma de la mayoría de los eurodiputad@s, los primeros firmantes: Castex, Lambrinidis, Rothova y Alvaro, tuvieron palabras muy duras tanto sobre el proceso como acerca de los contenidos de un «ACTA, en lo que resulta ser: "un blanqueo legislativo a escala global para meter por la puerta trasera lo que ningún parlamento nacional estaría dispuesto aprobar», y en lo que supone: «el control sistemático de l@s ciudadan@s que otorga más poder a las las servidoras de internet que el que tiene la policía para luchar contra el terrorismo», o lo que supone: «colocar la responsabilidad civil sobre las empresas de Internet es como responsabilizar a la oficina de correos del contenido de las cartas que reparten.»
Cada vez más las tendencias represivas están siendo trazadas en la gran batalla sobre el significado de la libertad en la Era Digital. La ciudadanía debe tener la última palabra.