Según la propuesta, todas las empresas de telecomunicaciones (incluidos los operadores de telefonía móvil y los proveedores de acceso a Internet) deberán guardar un registro de los números a los que llama cada usuario, así como las direcciones de correo y los mensajes electrónicos que se envían. Y todo ello, por supuesto, sin autorización judicial, aunque sólo con el visto bueno de un juez se podrá tener acceso a esos datos.
La información sobre las comunicaciones de todos los ciudadanos de la Unión Europea quedará almacenada en un sistema central informático, que será accesible a todos los países miembros.
La medida, que todavía tiene por delante un arduo camino antes de ser aprobada por el Pleno Europeo, no ha sido bien recibida ni por las empresas del sector ni por los internautas. La organización Statewatch, que vela por la privacidad de las comunicaciones en la Red, asegura que de aprobarse la medida supondrá cavar la tumba de la privacidad de las comunicaciones en Europa. La organización ha colgado en Internet toda la documentación sobre el caso, para que internautas de todo el mundo puedan consultarla y mostrar su repulsa ante los órganos competentes de la UE. La Asociación Española de Proveedores de Servicios de Internet, por su parte, manifestó la imposibilidad técnica que hay de llevarse a cabo la medida, dada la ingente cantidad de datos que tendrían que almacenar los proveedores. Cumplir las imposiciones de dicha enmienda podría provocar un colapso de la Red (...). Los equipos y el material necesario para mantener almacenados los datos retenidos no deberían implicar costes adicionales para las empresas, aseguran.
La iniciativa fue presentada por primera vez el pasado 30 de mayo por el Parlamento Europeo, que aprobó una revisión de la directiva de protección de datos para permitir interceptar, conservar y examinar las comunicaciones telefónicas, las telecopias, los e-mails y las conexiones a Internet "por un tiempo limitado", pero no precisado, que queda a merced del libre arbitrio de los Estados.
En España, el Partido Popular decidió acogerse a esta propuesta para incluir en la Ley de Internet una disposición que obliga a los proveedores de servicios de Internet a retener durante 12 meses los datos de navegación de los internautas. Sin embargo, la oposición de partidos políticos, internautas y empresas del sector obligó al Gobierno a modificar la Ley para que sólo pudieran se pudiera tener acceso a esos datos con una orden judicial.
Reproducido de El Mundo
La información sobre las comunicaciones de todos los ciudadanos de la Unión Europea quedará almacenada en un sistema central informático, que será accesible a todos los países miembros.
La medida, que todavía tiene por delante un arduo camino antes de ser aprobada por el Pleno Europeo, no ha sido bien recibida ni por las empresas del sector ni por los internautas. La organización Statewatch, que vela por la privacidad de las comunicaciones en la Red, asegura que de aprobarse la medida supondrá cavar la tumba de la privacidad de las comunicaciones en Europa. La organización ha colgado en Internet toda la documentación sobre el caso, para que internautas de todo el mundo puedan consultarla y mostrar su repulsa ante los órganos competentes de la UE. La Asociación Española de Proveedores de Servicios de Internet, por su parte, manifestó la imposibilidad técnica que hay de llevarse a cabo la medida, dada la ingente cantidad de datos que tendrían que almacenar los proveedores. Cumplir las imposiciones de dicha enmienda podría provocar un colapso de la Red (...). Los equipos y el material necesario para mantener almacenados los datos retenidos no deberían implicar costes adicionales para las empresas, aseguran.
La iniciativa fue presentada por primera vez el pasado 30 de mayo por el Parlamento Europeo, que aprobó una revisión de la directiva de protección de datos para permitir interceptar, conservar y examinar las comunicaciones telefónicas, las telecopias, los e-mails y las conexiones a Internet "por un tiempo limitado", pero no precisado, que queda a merced del libre arbitrio de los Estados.
En España, el Partido Popular decidió acogerse a esta propuesta para incluir en la Ley de Internet una disposición que obliga a los proveedores de servicios de Internet a retener durante 12 meses los datos de navegación de los internautas. Sin embargo, la oposición de partidos políticos, internautas y empresas del sector obligó al Gobierno a modificar la Ley para que sólo pudieran se pudiera tener acceso a esos datos con una orden judicial.
Reproducido de El Mundo
