Los ciudadanos perciben la Justicia como una burocracia pesada y opaca, obsesionada con el papel y la escritura, que exige siempre, lo primero el sacrificio del tiempo, los desplazamientos, las colas de espera. En otros casos, como el de las víctimas y testigos protegidos, se les pide una colaboración que en ocasiones llega al heroísmo y produce una segunda victimización.
Las encuestas y los medios de comunicación resaltan la lentitud, el hermetismo, incluso «su lenguaje», y sobre todo su incapacidad para justificar sus decisiones y comunicar con la sociedad. Debemos pues reconocer que el actual sistema está agotado.
Para regenerar esta situación adaptándola a las exigencias de una democracia adentrada en la sociedad de la información, lo primero que se debe hacer, es facilitar atención a las víctimas y testigos. Con esta finalidad la Fiscalia Superior de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Comunidad están desarrollando un ambicioso proyecto, pionero en toda España, de atención a las víctimas, testigos y perjudicados, que en una primera fase se ha centrado en la protección de testigos y situaciones de riesgo.
Próximamente, con un cierto retraso, entrara una segunda fase, dirigida a todas las víctimas, en el que las 34 oficinas judiciales de atención al ciudadano de la Consejería de Justicia de la Comunidad en conexión con los Juzgados, y la policía, facilitarán a las víctimas servicios como, orientación jurídica, gestión procesal básica y apoyo psicosocial.
El objetivo es proporcionarles una información sencilla sobre el proceso, sus derechos, las ayudas a las que pueden acceder, la tramitación de peticiones y ayudas, así como el apoyo psicosocial necesario ante las situaciones de estrés postraumático que se presenten y la preparación psicológica de la víctima ante el procedimiento judicial afín de evitarle el sufrimiento, lo que incluye acompañarla a los actos procesales.
Pero junto a lo urgente, se impone una visión de la Justicia y del justiciable que los contemple como servicio público y como usuario que reclama calidad.
Para ello es preciso incorporar las tecnologías de la información y comunicación, a fin de garantizar la prestación de los servicios de una forma accesible, eficaz y transparente, aunque respetando el régimen de garantías, lo que implica el reconocimiento explícito del derecho a saber del público sin más limitaciones que las establecidas en las leyes procesales.
Desde esta perspectiva la anunciada Ley de acceso a la Información, vuelve a incurrir en el mismo error que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, al excluir a la Justicia de su ámbito de aplicación y, al igual que entonces se desperdicio una oportunidad para modernizarla. Si no se corrige el proyecto anunciado se perpetuara un modelo más próximo a la Inquisición del siglo XVII que a la sociedad del conocimiento.
El futuro no son los Campus de la Justicia, sino la E-Administración, en donde los servicios giren en torno a los ciudadanos y se acerquen a los hogares y los despachos de los profesionales y no al revés, evitando los desplazamientos y la pérdida de tiempo.
Pedro Martínez es Fiscal Coordinador del Servicio de Protección de Víctimas y Perjudicados de la Fiscalia superior de Madrid
Publicado en la edición de Madrid del diario "El Mundo" del domingo día 22 de agosto, no esta en la edición digital de acceso libre.
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La e-democracia y los nuevos derechos
HASTA EL PRÓXIMO 30 DE SEPTIEMBRE
Participación ciudadana en la consulta pública de Bruselas sobre la neutralidad de la Red.
Para enviar comentarios, sugerencias y aportaciones a la Asociación de Internautas sobre este documento: cci@internautas.org
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Próximamente, con un cierto retraso, entrara una segunda fase, dirigida a todas las víctimas, en el que las 34 oficinas judiciales de atención al ciudadano de la Consejería de Justicia de la Comunidad en conexión con los Juzgados, y la policía, facilitarán a las víctimas servicios como, orientación jurídica, gestión procesal básica y apoyo psicosocial.
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Pero junto a lo urgente, se impone una visión de la Justicia y del justiciable que los contemple como servicio público y como usuario que reclama calidad.
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Desde esta perspectiva la anunciada Ley de acceso a la Información, vuelve a incurrir en el mismo error que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, al excluir a la Justicia de su ámbito de aplicación y, al igual que entonces se desperdicio una oportunidad para modernizarla. Si no se corrige el proyecto anunciado se perpetuara un modelo más próximo a la Inquisición del siglo XVII que a la sociedad del conocimiento.
El futuro no son los Campus de la Justicia, sino la E-Administración, en donde los servicios giren en torno a los ciudadanos y se acerquen a los hogares y los despachos de los profesionales y no al revés, evitando los desplazamientos y la pérdida de tiempo.
Pedro Martínez es Fiscal Coordinador del Servicio de Protección de Víctimas y Perjudicados de la Fiscalia superior de Madrid
Publicado en la edición de Madrid del diario "El Mundo" del domingo día 22 de agosto, no esta en la edición digital de acceso libre.
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