En este sentido, y aunque la decisión final corresponda a otro ámbito jurídico, excluye de pagar el gravamen a administraciones, empresas y profesionales, limitando la aplicación de la tasa, en exclusiva, a particulares.
"La mera capacidad de dichos equipos o aparatos para realizar copias basta para justificar la aplicación del canon por copia privada, siempre y cuando dichos equipos o aparatos se hayan puesto a disposición de personas físicas en condición de usuarios privados", reza una sentencia que, al margen de subrayar lo evidente -¿en concepto de qué tienen que pagar a las entidades de gestión de derechos de autor los tribunales, las universidades, los hospitales, los estudios de arquitectura, los de fotografía y un largo e interminable etcétera-, revela o bien la desconexión de las instancias jurídicas de la Union con la realidad digital cotidiana -¿qué faceta no ya profesional, sino personal y diaria, queda hoy al margen de los procesos digitalización?- o, lo que resulta más plausible, las mismas presiones ejercidas desde la industria del entretenimiento y el lobby de los derechos de autor para configurar, tanto aquí como en el resto de Europa, una suerte de legislación a la carta.
El canon por copia privada es un vestigio del mundo analógico, ya entonces injusto, pero hoy definitivamente convertido en algo mucho más grave: un auténtico dislate articulado para mantener en pie modelos de negocio que ya no se sostienen solos.
"La imposición de un canon a los elementos que intervienen en el desarrollo de la Sociedad de la Información representa una carga económica y fiscal injusta e indiscriminada, que encarece la adquisición del producto o el uso de las redes y se traduce en una mayor dificultad del usuario para aceder a los mismos". Lo apuntaba ya en 2006 la Comisión Asesora sobre la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, y lo hacía en plena tramitación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, origen del presente despropósito. El Gobierno prestó entonces escasa atención a esa recomendación, tal como hoy lo hace frente a la previsible aprobación de la Ley Sinde.
No dirán, en cualquier caso, que no estaban avisados.
TRIBUNA de BLAS FERNÁNDEZ en MÁLAGA HOY
"La mera capacidad de dichos equipos o aparatos para realizar copias basta para justificar la aplicación del canon por copia privada, siempre y cuando dichos equipos o aparatos se hayan puesto a disposición de personas físicas en condición de usuarios privados", reza una sentencia que, al margen de subrayar lo evidente -¿en concepto de qué tienen que pagar a las entidades de gestión de derechos de autor los tribunales, las universidades, los hospitales, los estudios de arquitectura, los de fotografía y un largo e interminable etcétera-, revela o bien la desconexión de las instancias jurídicas de la Union con la realidad digital cotidiana -¿qué faceta no ya profesional, sino personal y diaria, queda hoy al margen de los procesos digitalización?- o, lo que resulta más plausible, las mismas presiones ejercidas desde la industria del entretenimiento y el lobby de los derechos de autor para configurar, tanto aquí como en el resto de Europa, una suerte de legislación a la carta.
El canon por copia privada es un vestigio del mundo analógico, ya entonces injusto, pero hoy definitivamente convertido en algo mucho más grave: un auténtico dislate articulado para mantener en pie modelos de negocio que ya no se sostienen solos.
"La imposición de un canon a los elementos que intervienen en el desarrollo de la Sociedad de la Información representa una carga económica y fiscal injusta e indiscriminada, que encarece la adquisición del producto o el uso de las redes y se traduce en una mayor dificultad del usuario para aceder a los mismos". Lo apuntaba ya en 2006 la Comisión Asesora sobre la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, y lo hacía en plena tramitación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, origen del presente despropósito. El Gobierno prestó entonces escasa atención a esa recomendación, tal como hoy lo hace frente a la previsible aprobación de la Ley Sinde.
No dirán, en cualquier caso, que no estaban avisados.
TRIBUNA de BLAS FERNÁNDEZ en MÁLAGA HOY