Todos contra Sinde


El fracaso en el Congreso de la ley Sinde muestra de nuevo las discrepancias dentro del PSOE y del Gobierno con la política "antipirata" de la ministra de Cultura. Ocurrió lo mismo con el canon digital, por eso se espera que Moncloa sea flexible al reformar la ley contra las descargas




ALFONSO PAJUELO / laopinioncoruña.es .- No será tan difícil que Pérez Rubalcaba, Caamaño o Alonso rindan alguna de las líneas rojas del "barco antipirata" de González-Sinde y flexibilicen, como quieren PP y CiU, toda la negociación del paquete normativo de la Propiedad Intelectual y el futuro del canon digital. De hecho, aunque Presidencia del Gobierno, por sorpresa y a contrapié de la ministra, impuso en 2009 la inclusión de la ley Sinde de tapadillo como una simple disposición final en la LES, desde octubre Moncloa e Industria chocaban con los métodos y plazos de Sinde.

El apoyo de la ministra a la SGAE tras la sentencia del TUE del 21 de octubre contra el canon digital para buscar nuevos pagos compensatorios y el olvido de las macrowebs "legales" agitaban desde octubre la "disidencia digital" entre diputados y senadores socialistas. Era Sebastián el que en noviembre se hacía cargo de un Plan de Contenidos Digitales y el propio José Enrique Serrano, jefe de Gabinete de Zapatero, el que anunciaba que Moncloa y Ferraz modificarían el canon digital para adaptarlo al TUE y las directivas comunitarias y rendía públicamente los sables de la ministra. Hasta Alfredo Pérez Rubalcaba lo ha hecho: a la vista de que la ministra no había negociado con ningún grupo por adelantado, era el propio vicepresidente el que soltaba el lastre de la enmienda Sinde para salvar el conjunto de la LES que remató en persona.

Todos, además, hubieran sido más partidarios de seguir las indicaciones en mayo de la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso -con el voto a favor del PSOE-, de aprovechar para poner en cuestión todo el modelo de Propiedad Intelectual (y en él el de los contenidos online) y para volver a someter a debate y negociación con las demás fuerzas políticas las dimensiones, la composición y las competencias de una Comisión de Propiedad Intelectual que Sinde no quería definir hasta el Reglamento de la Ley y que se negaba a abrir a otros ministerios. Tanto, que las filas de Alonso llegaron a poner sobre la mesa de Convergencia i Uniò en el último segundo una enmienda transaccional que incluyera la creación de alguna fórmula (por definir) de arbitraje independiente para mediar entre la Comisión de Propiedad Intelectual, -el organismo dependiente del Ministerio de Cultura que se encargará de tramitar las denuncias contra las páginas webs-, y las propias páginas, antes de acudir a instancias judiciales.

Una nueva vuelta de tuerca que, sin embargo, puede hacer aún más farragoso un procedimiento que ya la judicatura considera poco operativo y que no contaría con todo el beneplácito de los técnicos del Ministerio de Justicia. Ahora que Presidencia del Gobierno directamente busca de nuevo cómo pasar la página de Sinde, Francisco Caamaño tiene de nuevo sobre su mesa el jeroglífico de la contención a las violaciones a la propiedad intelectual sin erosionar la libertad de los internautas y sus garantías judiciales. Al fin y al cabo, no fue otro que el titular de Justicia el que deshizo los entuertos iniciales de Cultura en diciembre de 2009 y a pesar de que la ministra hablaba entonces de hacer de la Comisión de Propiedad Intelectual un sheriff de la Red con licencia para cerrar páginas, acabó incluyendo la intervención judicial de la Audiencia Nacional para bloquear páginas web y excluyendo el bloqueo a usuarios particulares.

La tercera vía

La "guerra de las descargas" se había convertido desde hace ya semanas para Moncloa y Ferraz en un abismo al que asoman otra vez sus desencuentros los ministros y los diputados socialistas. De hecho, militantes y cargos públicos del PSOE que se posicionan desde hace tres años en contra del canon vuelven ahora abrir las heridas de ese debate, tras cuestionamientos como los de la eurodiputada Paca Pleguezuelo, eurodiputada, y un grupo de legisladores y cargos socialistas extremeños. En diciembre de 2007, ya los socialistas conseguían un aprobado muy ajustado y la oposición del PP para la LISI sin la enmienda que instaba a la desaparición del canon, con otras alternativas. En ese momento, el PP se opuso al canon, aunque durante la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) lo había avalado. Desde Moncloa, los partidarios de acabar con el canon argumentan que se trataba de una medida provisional que no ha cumplido con su objetivo de facilitar a los autores la reconversión a internet y ha acabado por dar argumentos a muchos internautas que lo han interpretado como una justificación para intentar descargar gratis música y películas de la Red. Aunque Moncloa había reservado la fórmula para el Reglamento posterior a la ley Sinde, estaba dispuesta a intentar garantizar la vida de la futura Comisión de la Propiedad Intelectual a cambio de atribuirle también la competencia de la supervisión y el control de las cuentas de las entidades de gestión, a semejanza de la CMT en el caso de las telecos.

A cuatro manos con la SGAE, tras la sentencia del TUE, la ministra buscaba blindar los pagos del pasado y ganar tiempo para encontrar nuevos bolsillos -sugieren una tasa al ADSL- con los que suplir ese tercio de sus ingresos que reciben del canon digital, la mayor parte de manos de administraciones públicas y empresas, justo lo que la SGAE no podrá sostener más. El TUE, en su sentencia de 21 de octubre, no invalida el derecho a cobrar un canon por copia privada -no era su competencia en la causa de Padawan-, pero reconocía que su aplicación a empresas, profesionales y administraciones era "indiscriminada" y no acorde con la legislación comunitaria. Y con ello, abre la puerta al vuelco del modelo español en manos de la SGAE en un 90%. Pero Moncloa y Ferraz abogan desde antes de la iniciativa parlamentaria del PP por modificar el canon digital para adaptarlo al TUE y las directivas comunitarias. Callan ante la oleada de reclamaciones que, para empezar, pone entre la espada de los municipios y la pared de Ferraz a la FEMP. No sólo los ayuntamientos gobernados por el PP reclaman los 100 millones de canon pagados; tras la Generalitat y una decena de grandes ayuntamientos socialistas, Andalucía se lo piensa. Salgado, también. Caamaño vuelve a escena. Justicia es una de las administraciones más afectadas por el canon sobre dispositivos digitales.

Por eso, González-Sinde no estaba ya antes del pinchazo a su Ley en condiciones de blindar ni la Ley de Propiedad Intelectual ni el canon digital que el propio José Enrique Serrano anunciaba que habrá que modificar como muy tarde en 2011. El Plan Nacional de Contenidos Audiovisuales llegará el próximo semestre con 200 millones de presupuesto, pero bajo las riendas del Ministro de Industria, Miguel Sebastián. Y en los despachos de Caamaño han tenido que tragar dos veces para digerir la reclamación por daños y perjuicios de un pool de sellos musicales españoles directamente al Consejo de Ministros. Por eso ahora, no será para Presidencia tan costosa esa concesión al PP, CiU y PNV, si a cambio consiguen un aval en el Senado para su regulación de las descargas.

En Justicia habría más de un interesado en aprovechar la ocasión y sumarse a las voces dentro del PSOE que desde hace meses trataban de introducir matizaciones a la difunta ley Sinde. No se les escapa que el CGPJ, el CES, varias asociaciones de la magistratura, jueces de la Audiencia Nacional y expertos en propiedad intelectual le advierten que su regulación es imprecisa, innecesaria y menos garantista incluso que la que ya hay.

Sin criminalizar la Red

Como le advertía Luis Salvador -senador socialista- a la titular de Cultura, no se debe "criminalizar la Red". Lo recordaba Lourdes Muñoz, diputada socialista, ante el fiscal Conde Pumpido: que la desconfianza hacia lo desconocido no lleve a intentar un "estado de excepción" en la Red. No es casualidad que el grupo socialista colgara en su web, horas antes de la votación en la Comisión de Economía, un argumentario sobre la supuesta "tutela judicial" y "naturaleza garantista" de la regulación de descargas.

Pero ni la intervención judicial de la Audiencia Nacional -en cuatro días, a instancia de la Comisión y sin poder entrar en el fondo del asunto, sobre si la web vulnera el derecho de Propiedad Intelectual- ha servido para despejarle el camino a legislación hecha -como denuncia Ofelia Tejerina, de la Asociación de Internautas- por "gente que no conoce la realidad de internet" y que "abren la puerta a la censura política previa sin control judicial". Ni menos aún para evitar el riesgo de colapso del procedimiento en instancias judiciales. Todo lo contrario. Además, la industria de contenidos le había advertido del precio de las facturas que podría tener para ellos el "modelo Sinde". Bastaría con acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar. Y ya hay colectivos de internautas que prometían que tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros. A esas luces rojas se suma, desde octubre, las del abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático David Bravo, que advierte que se podría interponer "una acción de jactancia" para paralizar el procedimiento.

En los oídos de Caamaño resuena ahora de nuevo el informe que Redtel envió a la Comisión de Cultura y a la ministra en septiembre. La asociación que agrupa a Telefónica, Ono, Orange y Vodafone advertía de que el procedimiento procesal basado en el trámite previo en la Audiencia Nacional y los recursos en las salas de lo contencioso-administrativo es "complejo, enmarañado e ineficaz", implicaría la intervención de hasta cinco órganos competentes (Comisión de Propiedad Intelectual, el juzgado central y la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial y el juzgado de lo mercantil), lo que "incrementaría el riesgo de pronunciamientos contradictorios" y sólo lloverá sobre mojado en el atasco de los juzgados y la "ya de por sí elevada litigiosidad" de los derechos de propiedad intelectual. El fracaso de la ley Sinde deja de nuevo a Caamaño entre la espada y la pared. La regulación hizo mella en la propia Secretaría de Estado de Justicia.

La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) le había puesto apellidos: tal como estaba diseñada era una "desproporción" en la defensa de la propiedad intelectual por desproteger la libertad de expresión en internet, al asignar el cierre de webs a la Audiencia Nacional cuando compete a la justicia ordinaria y por obligar a resolver en cuatro días sobre lo que es "una propiedad privada más", "olvidando que también hay que proteger" otros "derechos fundamentales" como "la libre expresión en internet". Con el modelo rechazado en el Congreso, no se había dilucidado aún qué pasaría si alguna de las webs cerradas o bloqueadas emprende un proceso a fondo. Sólo se sabía que una vez que al propietario le hubieran cerrado una web en un proceso administrativo, debería agotar todas las herramientas del procedimiento administrativo, un largo peregrinaje en los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, serán los competentes según el CGPJ, puesto que su jurisdicción se extiende a toda España.

Mientras tanto, ya hay una regulación "antipirata" en marcha, aunque a Cultura y al lobby audiovisual norteamericano y el vicepresidente Joe Biden les pareciera insuficiente. Ya los tribunales de justicia ordinarios son hoy los responsables de decidir el cierre de una página web que se lucra con la transgresión de derechos de propiedad intelectual. Actualmente el cierre de una página cuyo servidor esté establecido en España y albergue enlaces a otras u ofrezca por sí misma los contenidos, puede acordarse como medida cautelar en dos tipos de procedimientos. Bien porque lo decide un juez de instrucción, en un procedimiento penal por la comisión de algún delito; o bien porque un juez de lo mercantil o de primera instancia así lo decida dentro de un procedimiento civil, previa solicitud de una amplia lista de legitimados, que incluye no solo a los directamente afectados, sino también a representantes de intereses difusos.


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