OPINIÓN

La Ley Sinde se estrella contra la Democracia


La ley Sinde es el tercer intento del Gobierno español para introducir en nuestro ordenamiento jurídico un procedimiento para cerrar páginas web que esquive a la autoridad judicial, única capacitada para decidir en materia de los derechos fundamentales afectados: la libertad de expresión y la privacidad de las comunicaciones.




Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. (Montesquieu)

La ley Sinde es el tercer intento del Gobierno español para introducir en nuestro ordenamiento jurídico un procedimiento para cerrar páginas web que esquive a la autoridad judicial, única capacitada para decidir en materia de los derechos fundamentales afectados: la libertad de expresión y la privacidad de las comunicaciones.

Esta era la primera ocasión en que la propuesta llegó al Congreso en forma de adicional e inmersa dentro de la Ley de Economía Sostenible, aunque nada tenga que ver con ella. Uno de los motivos que provocó tan fuerte rechazo social, la Disposición Final Segunda, que no es una medida económica más y afecta a libertades fundamentales, no debería tramitarse de esta forma tan dudosa sin pasar por el Pleno del Congreso, como el Gobierno pretendió y desde Internet se denunció con éxito.

La Ley Sinde no responde al actual dilema ante el que nos encontramos y que es ¿como se conjugan los legítimos derechos de autor en el nuevo mundo digital? La Ley se enroca exclusivamente en la creación de una Comisión afecta al Ministerio de Cultura que cierre, expediente y sancione a páginas web al margen de la tutela judicial.

Y si bien el motivo que la argumenta es legítimo, que los autores puedan vivir de su trabajo creativo, las formas empleadas y el fondo inciden en una actitud de imposición y falta de diálogo desde el Gobierno para mantener un negocio obsoleto en esta era digital, mantenido vía BOE con cánones arbitrarios, abusivos e injustos que criminalizan a toda la población que usa tecnología digital para fines muy distintos de los que presupone. Auspiciado por una ministra con evidentes intereses personales, familiares y corporativos sobre la materia de la que debiera ocuparse de forma equilibrada y sin un sesgo tan evidente como el que tiene.

Desde la Asociación de Internautas hemos pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno a través del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, del que formamos parte, que es necesario agilizar los procesos judiciales, no sólo para la Propiedad Intelectual, sino también para defendernos de abusos como el fraude online, la suplantación de personalidad o la defensa de los menores en la Red, entre otros temas.

Pero agilizar los procesos judiciales no es lo mismo que puentear el poder judicial porque sus resoluciones no nos gustan. Como tampoco es lo mismo implantar la censura en Internet para cerrar cualquier web que resulte molesta.

No nos han convencido de que la rechazada Ley Sinde defienda a los autores, a la cultura y a los ciudadanos. Es notorio que solo defiende a cierto mercado. Debe quedar claro que nadie niega a los creadores el derecho a la explotación de su obra, pero la cultura y el conocimiento también es de todos, por consiguiente es preciso compatibilizar ese derecho individual de autor con el general de todos y garantizar de una forma efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento y la cultura.

Y para llegar a ese punto hace falta un amplio debate y una reflexión sosegada entre las partes, que el Gobierno se niega a propiciar.

Víctor Domingo en El Adelanto de Salamanca y Zamora



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