No voy a entrar en un análisis de la enmienda pactada entre PSOE, PP y CiU; ya se ha encargado de ello, y de forma notable, Ofelia Tejerina (Defensor del Internauta) en el artículo publicado en nuestra web. Voy a fijarme en uno de los puntos que han pactado estos tres partidos.
El primer párrafo de este engendro dice así:
Ya sabíamos que el Gobierno debía modificar la aplicación de esta tasa tras la sentencia del TJUE en el llamado Caso Padawan, situación confirmada por el mismo Órgano Judicial en sentencia del 30 de noviembre de 2010 ante otra causa prejudicial. Era evidente que ante la merma de ingresos que iba a suponer para las empresas gestoras de los derechos de autor la correcta aplicación de las normas vigentes, éstas no iban a quedarse quietas.
El pasado 20 de enero, antes de que se resucitara la mal llamada "Ley Sinde", Eduardo Bautista respondía a los internautas en un foro digital. Una de las perlas que dejó en su intervención es que los derechos de autor no son tan elevados; para ello explicó que, por ejemplo, de los 0,99 euros que cuesta adquirir una canción en iTunes, los derechos de autor únicamente representan 7 céntimos. Una sencilla cuenta nos dice que eso es un 7% del precio que pagamos.
Otra perla. Mantiene el Presidente del Consejo de Dirección de esta organización que hay que plantearse «una remuneración a cargo de la compañías telefónicas» ya que «hacen caja con las comunicaciones y a costa de los autores». Ante este argumento la SGAE, e imaginamos que sus compañeros de viaje (AISGE, AIE, etc.), era evidente que no tardaría en pedir que las líneas ADSL se vean gravadas con esa misma compensación equitativa.
A la vista del texto pactado y del cometario del Sr. Bautista solamente podemos echarnos a temblar. Es evidente que las empresas gestoras de los derechos de autor van a ver mermada de forma importante los ingresos que reciben del canon digital. Y está claro que estas entidades no vana renunciar al chocolate del loro que supone saquear nuestras cuentas.
¿Solución más que probable? Que la Orden Ministerial que regula esta compensación sea modificada en dos direcciones. Por un lado variando la relación de productos sujetos a la misma; obviamente ese cambio se hará ampliando la lista y, casi seguro, aumentando las cantidades a abonar.
La otra posibilidad, que todos venimos temiendo desde la aparición de esa O.M., es aplicar esa misma tasa sobre las líneas de banda ancha (ADSL, cable, etc.) para de esta forma completar las probables pérdidas que va a sufrir la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. El argumento de que los artistas, la industria, las entidades de gestión y de los medios de comunicación apoyan esta modificación es espurio. Y de llevar a cabo modificaciones en este sentido el Gobierno, si nos quedaba alguna duda, únicamente escucha a una parte minoritaria del problema.
Y, una vez más, tratarán de demostrarnos que esa tasa no la pagamos los usuarios finales ya que se le aplicará a quienes dan el servicio. Repetimos argumentos que está más que demostrado son falsos. Cualquier modificación en el sentido que me temo sólo va a llevar a una cosa: al cierre de más empresas en España y, también más que probable, a la baja de clientes en las líneas de banda ancha.
Si esta modificación llega a aplicarse, y no me cabe duda que así será, hemos llegado por parte del Gobierno de España a un punto de desfachatez, parcialidad, cinismo, provocación y no se me ocurren que otros calificativos poner sin incurrir en un delito de injurias.
Si se amplían los conceptos y cantidades por los que hemos de pagar esa compensación el Gobierno institucionaliza y da carta de legalidad al saqueo de nuestro dinero, y todo ello con la connivencia de dos partidos políticos que representan a más del 43% de los votantes.
Estas medidas de nuestros gobernantes nos están acercando peligrosamente a lo que todos conocemos como "república bananera". Olvidar que hay 10 millones de líneas de banda ancha en España es ignorar a muchos potenciales votantes. Legislar oyendo solamente a una parte de los actores implicados es convertir el gobierno en una oligarquía; la tercera acepción de esta palabra encaja como un guante en lo que está ocurriendo:
No sé que pasos podremos dar los españolitos de a pie para, llegado el caso, tumbar estas medidas. Ignoro si algún tribunal podrá darnos dar la razón y hacer que todas estas medidas queden en papel mojado.
Porque si alguna duda teníamos sobre la coherencia de nuestros políticos veamos un párrafo de una noticia:
Cierto es que el Gobierno trata de encajar dos leyes en una: la de Economía Sostenible y la antipiratería, como disposición adicional; además, y siempre según la enmienda pactada y antes citada, se pretenden regular los contenidos ya que la simple sospecha de un posible daño puede llevar al cierre de una web.
¡Ah! ¡Qué se me han olvidado un par de cosas! En ese párrafo anterior hay que sustituir XXX por PSOE y no por Asociación de Internautas, YYY por LSSI y no por Ley Sinde y ZZZ por Alfredo Pérez Rubalcaba, en ese momento portavoz de Ciencia y Tecnología del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, y no por Víctor Domingo (publicado en «El país», 27 de febrero de 2002).
Ante todo esto una cosa sí tengo clara: Anhelo, sinceramente, que se produzca de alguna forma una revolución ciudadana que haga desaparecer el actual gremio político; está claro que los actuales partidos políticos viven total y absolutamente de espaldas a sus electores, preocupados únicamente por conservar el escaño y las prebendas que les otorga a cualquier precio. Señores, por llamarles de alguna forma, políticos: Miren a la cara a sus electores y pregúntense si sus acciones son acordes con la realidad que vive España.
Espero, de verdad, que estos acuerdos y las medidas que de ellos derivarán les pase factura en el único sitio donde de verdad podemos expresarnos: En las urnas.
Angel Matilla
El primer párrafo de este engendro dice así:
Disposición adicional nueva. Modificación de la compensación equitativa por copia privada.
"El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada".
Ya sabíamos que el Gobierno debía modificar la aplicación de esta tasa tras la sentencia del TJUE en el llamado Caso Padawan, situación confirmada por el mismo Órgano Judicial en sentencia del 30 de noviembre de 2010 ante otra causa prejudicial. Era evidente que ante la merma de ingresos que iba a suponer para las empresas gestoras de los derechos de autor la correcta aplicación de las normas vigentes, éstas no iban a quedarse quietas.
El pasado 20 de enero, antes de que se resucitara la mal llamada "Ley Sinde", Eduardo Bautista respondía a los internautas en un foro digital. Una de las perlas que dejó en su intervención es que los derechos de autor no son tan elevados; para ello explicó que, por ejemplo, de los 0,99 euros que cuesta adquirir una canción en iTunes, los derechos de autor únicamente representan 7 céntimos. Una sencilla cuenta nos dice que eso es un 7% del precio que pagamos.
Otra perla. Mantiene el Presidente del Consejo de Dirección de esta organización que hay que plantearse «una remuneración a cargo de la compañías telefónicas» ya que «hacen caja con las comunicaciones y a costa de los autores». Ante este argumento la SGAE, e imaginamos que sus compañeros de viaje (AISGE, AIE, etc.), era evidente que no tardaría en pedir que las líneas ADSL se vean gravadas con esa misma compensación equitativa.
A la vista del texto pactado y del cometario del Sr. Bautista solamente podemos echarnos a temblar. Es evidente que las empresas gestoras de los derechos de autor van a ver mermada de forma importante los ingresos que reciben del canon digital. Y está claro que estas entidades no vana renunciar al chocolate del loro que supone saquear nuestras cuentas.
¿Solución más que probable? Que la Orden Ministerial que regula esta compensación sea modificada en dos direcciones. Por un lado variando la relación de productos sujetos a la misma; obviamente ese cambio se hará ampliando la lista y, casi seguro, aumentando las cantidades a abonar.
La otra posibilidad, que todos venimos temiendo desde la aparición de esa O.M., es aplicar esa misma tasa sobre las líneas de banda ancha (ADSL, cable, etc.) para de esta forma completar las probables pérdidas que va a sufrir la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. El argumento de que los artistas, la industria, las entidades de gestión y de los medios de comunicación apoyan esta modificación es espurio. Y de llevar a cabo modificaciones en este sentido el Gobierno, si nos quedaba alguna duda, únicamente escucha a una parte minoritaria del problema.
Y, una vez más, tratarán de demostrarnos que esa tasa no la pagamos los usuarios finales ya que se le aplicará a quienes dan el servicio. Repetimos argumentos que está más que demostrado son falsos. Cualquier modificación en el sentido que me temo sólo va a llevar a una cosa: al cierre de más empresas en España y, también más que probable, a la baja de clientes en las líneas de banda ancha.
Si esta modificación llega a aplicarse, y no me cabe duda que así será, hemos llegado por parte del Gobierno de España a un punto de desfachatez, parcialidad, cinismo, provocación y no se me ocurren que otros calificativos poner sin incurrir en un delito de injurias.
Si se amplían los conceptos y cantidades por los que hemos de pagar esa compensación el Gobierno institucionaliza y da carta de legalidad al saqueo de nuestro dinero, y todo ello con la connivencia de dos partidos políticos que representan a más del 43% de los votantes.
Estas medidas de nuestros gobernantes nos están acercando peligrosamente a lo que todos conocemos como "república bananera". Olvidar que hay 10 millones de líneas de banda ancha en España es ignorar a muchos potenciales votantes. Legislar oyendo solamente a una parte de los actores implicados es convertir el gobierno en una oligarquía; la tercera acepción de esta palabra encaja como un guante en lo que está ocurriendo:
"3. Conjunto de algunos poderosos negociantes que se aúnan para que todos los negocios dependan de su arbitrio."
No sé que pasos podremos dar los españolitos de a pie para, llegado el caso, tumbar estas medidas. Ignoro si algún tribunal podrá darnos dar la razón y hacer que todas estas medidas queden en papel mojado.
Porque si alguna duda teníamos sobre la coherencia de nuestros políticos veamos un párrafo de una noticia:
El XXX pedirá la retirada de la YYY
[ ]Según la postura del XXX, esta ley no debería aprobarse por dos motivos fundamentales. El primero es que el Gobierno ha tratado de incluir dos leyes "en una", ya que, según ZZZ, [ ], sino que pretende "regular los contenidos" y, en definitiva, "controlar el flujo de información en la Red".
Cierto es que el Gobierno trata de encajar dos leyes en una: la de Economía Sostenible y la antipiratería, como disposición adicional; además, y siempre según la enmienda pactada y antes citada, se pretenden regular los contenidos ya que la simple sospecha de un posible daño puede llevar al cierre de una web.
¡Ah! ¡Qué se me han olvidado un par de cosas! En ese párrafo anterior hay que sustituir XXX por PSOE y no por Asociación de Internautas, YYY por LSSI y no por Ley Sinde y ZZZ por Alfredo Pérez Rubalcaba, en ese momento portavoz de Ciencia y Tecnología del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, y no por Víctor Domingo (publicado en «El país», 27 de febrero de 2002).
Ante todo esto una cosa sí tengo clara: Anhelo, sinceramente, que se produzca de alguna forma una revolución ciudadana que haga desaparecer el actual gremio político; está claro que los actuales partidos políticos viven total y absolutamente de espaldas a sus electores, preocupados únicamente por conservar el escaño y las prebendas que les otorga a cualquier precio. Señores, por llamarles de alguna forma, políticos: Miren a la cara a sus electores y pregúntense si sus acciones son acordes con la realidad que vive España.
Espero, de verdad, que estos acuerdos y las medidas que de ellos derivarán les pase factura en el único sitio donde de verdad podemos expresarnos: En las urnas.
Angel Matilla
