OPINIÓN DE VÍCTOR DOMINGO

¿Para qué hacen leyes que no sirven?


Que la adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible, denominada Ley Sinde, era una aberración jurídica de corte totalitario era claro y notorio; de ahí que su rechazo por el Congreso de los Diputados el pasado 21 de diciembre fue la reacción lógica de un legislador que crea firmemente en el Estado de Derecho. Pero qué poco nos dura la alegría en casa de los pobres.




Esta semana hemos asistido y seguido, paso a paso, aún con el telón bajado, a cómo no se debe legislar en una democracia. A puerta cerrada y en un par de tardes, Gobierno y PP han reanimado la adicional que el Congreso echó a la papelera.

Si la adicional rechazada tenía como objeto esquivar la tutela judicial efectiva y dar categoría de autoridad competente a una comisión política afecta al Ministerio de Cultura, con esta adicional –y parece ser que gracias a la aportación del Partido Popular– nos encontramos que ahora hay dos jueces para esquivar y así justificar por los pelos el argumento de que las actuaciones censuradoras de la comisión garantizan la tutela judicial efectiva.

Lo explica en términos jurídicos muy claramente Andrés de la Oliva Santos, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid:




Ustedes dicen que es necesaria una autorización judicial para requerir, cuando para requerir basta con un notario o, más barato, con un burofax. Porque requerir es pedir con cierta vehemencia: nada más. Pero resulta que si el juzgado de lo contencioso-administrativo autoriza a pedir, el efecto no es poder pedir legítimamente, sino estar obligado a acceder a lo que se pide por la administración. En vez de ese retorcimiento, ¿no podían sus señorías haber establecido que se instara o solicitara del juez el requerimiento, exigiendo, claro es, que estuviesen justificadas esas solicitudes dirigidas al juez? ¿No podían haber dispuesto que fuese el juez quien requiriese?



Podían, pero muy probablemente no sabían o bien, lo que sería aún peor, han querido que la sujeción del presunto infractor de la propiedad sea a una autoridad administrativa, lo que constituye una perversión jurídica de primera categoría especial.

Es evidente que el espíritu de prohibicionismo de nuestro Gobierno ha calado profundamente en el Partido Popular, quien en contra de la opinión de muchos de sus votantes ha protagonizado este paripé de corte totalitario.

Pero no sólo por lo ya enunciado; además, la adicional segunda incorpora un punto para reformar el canon digital en el plazo de tres meses. A eso se dedica el Partido Popular, en lugar de a pedir al Gobierno que cumpla con el dictamen de Tribunal de Justicia Europeo, exima inmediatamente a las Administraciones Públicas y a las empresas del pago de esta arbitraria e indiscriminada tasa y exija la devolución del el dinero ilegalmente cobrado desde el año 2003 por este concepto. En contra de lo que están pidiendo decenas de alcaldes, muchos de ellos del Partido Popular, va ahora y avala esta tomadura de pelo al interés general.

Así las cosas, y para colmo del elogio a lo imperfecto, el diario El País, cuya sección de cultura ha liderado desde el pasado 22 de diciembre una campaña de acoso y derribo contra tod@s para que en el Senado prosperara la adicional rechazada, editorializaba esta semana bajo este titular: Conflicto abierto, que inmediatamente subtitulaba así: Aprobar la 'ley Sinde' es una buena noticia, aunque por sí sola no solucionará el problema. ¿Alguien puede explicarme dónde está la buena noticia de aprobar una ley que no soluciona el problema por la que unos pocos se han dejado tantos pelos en la gatera? Luego que nadie se extrañe de que la sociedad civil se aleje de los partidos políticos, los cuales a pesar de tod@s y contra tod@s se empeñan en leyes de encargo que, además, no sirven para nada.

Opinón de Víctor Domingo en en Libertad Digital.


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