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NOTEBOOK

Controlar Internet, desafío político y policial


El Gobierno británico ha padecido este agosto la incidencia en la seguridad pública del soporte comunicacional y de interrelación que suponen las redes sociales cuando a través de ellas se llama a la revuelta callejera. Las acciones vandálicas en varias ciudades británicas han sido posibles por la socialización de la incontrolable comunicación viral (el socialismo de blackberry) al alcance sólo de plataformas como Twitter y Facebook. También ha jugado un papel decisivo el sistema de mensajes SMS. En ningún caso, al parecer, la policía ha podido controlar el origen de esas consignas, ni cómo ponerles coto. De tal manera que la clase dirigente se ha percatado de que la seguridad y el control urbanos se le escapan de las manos.




También ha jugado un papel decisivo el sistema de mensajes SMS. En ningún caso, al parecer, la policía ha podido controlar el origen de esas consignas, ni cómo ponerles coto. De tal manera que la clase dirigente se ha percatado de que la seguridad y el control urbanos se le escapan de las manos.

Internet, en sus versiones más diversas, aparece en los grandes acontecimientos de estos meses y causa estragos en los convencionales sistemas de vigilancia y tutela de los poderes públicos sobre la calle. Así se ha acreditado con la llamada primavera árabe; igualmente en la protesta de los indignados en España; en las masivas concentraciones de Israel; en la contestación de los jóvenes chilenos a la política educativa del presidente Piñera y, por fin, en los disturbios de Londres, Manchester, Leeds o Birmingham. Visto lo cual, los Gobiernos van a poner sus ojos y sus manos sobre los procedimientos para controlar este nuevo instrumento de carácter potencialmente subversivo para ganarle la partida.

Internet viene desbaratando sectores importantes de la economía a través de prácticas que han dado en llamarse “piratas”. La industria del libro, el cine y la música ha logrado ya en muchos países leyes punitivas para evitar la sangría, aunque migra a modelos de negocios adaptados para no derrumbarse. En España la Ley Sinde, sin reglamento y, por lo tanto, desactivada, es un intento de homologar los controles de la Red a las de otros países. El problema es que hoy por hoy un altísimo número de usuarios de Internet -millones y millones, aunque me refiero a los más concienciados- han plantado cara al poder político constituyéndose en un lobby suficientemente potente como para ser considerado interlocutor de las administraciones públicas. Los políticos temen electoralmente a los llamados internautas -así, en genérico- que disponen de líderes sin legitimidad democrática porque no han sido elegidos pero que se supone encarnan el sentir de la mayoría de ellos.

Nada es sagrado en Internet

Internet es un nuevo poder que actúa, a veces, con extremo descaro, otras con violencia verbal y, siempre, fuera y al margen de cualquier convencionalismo
La gran cuestión es que Internet se ha constituido como el gran espacio alternativo para el desarrollo de una nueva libertad de decir, de convocar, de expresar y de subvertir -entiéndase este verbo en su acepción literal, no siempre peyorativa- que rompe esquemas predeterminados. Nada es sagrado en Internet. Más aún: nada parece intocable en la Red, sean los derechos de autor, los llamados derechos de la personalidad (honor, intimidad e imagen), las limitaciones legales a los derechos de expresión (manifestación y concentración públicas) y las barreras al conocimiento, incluso aquel que se declara por los poderes públicos como datos secretos, susceptibles de ser asaltados y expuestos ante la opinión pública.

Los Gobiernos están llegando a la conclusión -ya tarde porque la tecnología avanza a un ritmo imperativo que deja muy atrás la vigencia de leyes y disposiciones- de que el envés de Internet constituye un poder disociado del estandarizado y controlable que ellos ejercen y quieren encontrarle algún sistema que termine subordinándolo.

David Cameron, primer ministro británico, ha sido muy expresivo al respecto. ¿Lo van a conseguir? Sí, en parte. Meterán a la policía especializada en las redes sociales y apretarán las tuercas a las compañías tecnológicas. No se van a quedar con los brazos cruzados. Algunos políticos han creído que Twitter y Facebook eran sólo soportes electorales. Hoy descubren con cierta sensación de impotencia que una acción subversiva -de nuevo entiéndase esta expresión en su sentido literal- gestionada en la Red puede dejarles k.o.

Así que el desafío político y policial que se ha perfilado este verano, aunque venía cuajándose desde hace mucho tiempo, consiste en que Internet es un nuevo poder que actúa, a veces, con extremo descaro, otras con violencia verbal y, siempre, fuera y al margen de cualquier convencionalismo. No sobra subrayar que las grandes empresas, están igualmente preocupadas porque el ámbito principal de su reputación es ahora el digital.

El periodista, expuesto a Internet

Los periodistas que hemos saltado del papel a la galaxia digital abierta a la crítica y el debate de los foros sabemos bien que nuestros textos han quedado expuestos, en cuanto a su calidad, acierto y sintonía social, a los criterios libérrimos -y, por lo general, anónimos para el articulista- de los internautas. Entre el periodismo de opinión y la comunidad de internautas hay una nueva entente en la que el profesional queda sometido a implacables críticas, después de tantos años de que todo el feedback a nuestros escritos haya sido el silencio de los quioscos o la adulación de las minorías.
Si un amplio sector del periodismo se atiene a las reglas de la interactuación de la Red, a veces onerosas, ¿las admitirá el poder político y económico?, ¿de hacerlo, cómo lo harán?, ¿y cómo las grandes corporaciones mercantiles? Después de este agosto convulso, está por ver.


Opinión de José Sntonio Zarzalejos en El Confidencial


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