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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, aporta tu visión personal

No todo es imposible.


Cierto que la mayoría de alternativas para vivir mejor son complejas y delicadas. No están al alcance de la mano, por supuesto. Hace falta encontrar algunas salidas atrevidas. Pero existen.




Entre la complicidad con un sistema incómodo que nos desagrada y la posibilidad de discrepar, existe un fabuloso espacio de conciencia donde visualizar las razones que se convierten en motores que rugen: “No todo está perdido”.

Convertirnos en agentes para la transformación (individual o colectivamente), pasa por estar bien informados y participar en la cultura del empoderamiento. Estas dos cuestiones encaminan al ciudadan@ hacia la mejora de su comunidad.

Congreso de la Sociedad Civil - Ponencia Democracia Participativa

Resumen y Conclusiones

Constituye un principio moral de la sociedad y una obligación política del Estado desarrollar los derechos participativos del ser humano en los asuntos públicos que le conciernen y que están reflejados en todas las declaraciones universales de los derechos fundamentales del individuo.

La participación no es un derecho natural, se configura como un derecho público subjetivo y como una herramienta necesaria par a garantizar los derechos naturales, cuya base es la razón universal. Pero se puede encontrar una justificación moral que exija su implementación. Siguiendo la estela de la metodología individualista del atomismo, la participación toma al individuo como el punto de partida social y político, y aunque permite que ésta descanse sobre el principio de la representación, no deja que su razón de ser pueda llegar a estar secuestrada por ésta. La participación política de la ciudadanía es una forma de entender la existencia colectiva para desarrollar ciertas capacidades del individuo en beneficio de la sociedad. Su legitimidad reside en la libertad de acción colectiva. Es el “government of the people, by the people, for the people” de Lincoln, que permite sintetizar en clave posmoderna las dos concepciones clásica y moderna de la libertad, recogiendo lo mejor de cada una, es decir, el átomo individual de la libertad política sobre el que estructurar la representación y el principio participativo espontáneo que opere en defecto de la anterior.

La participación, además, ofrece un componente educativo esencial porque conlleva asociado como valor intrínseco el sentido de pertenencia y de raigambre que una sociedad necesita, al mismo tiempo que realiza una rica aportación de universalismo y acción comunitaria frente a una visión individual siempre soberana pero a veces más obtusa a la hora de vislumbrar en el largo plazo los beneficios de la acción política.

Es además, una obligación política de los poderes instituidos de todo Estado democrático desarrollar el contenido de las principales declaraciones universales de los derechos fundamentales del ser humano en relación con los principios de participación política. La participación se configura como un derecho público subjetivo, en virtud, entre otros, de los artículos 21 de La Declaración Universal de los Derecho s Humanos y de los artículos 9 y 23 de la Constitución española del 78, preceptos éstos que disponen, en la teoría, de la tutela privilegiada del artículo 53 y que debería obligar a las instituciones a instrumentalizar un mecanismo transparente de canalización de la participación ciudadana sin el filtro interesado de la representación.

Dicho mecanismo debe desarrollase a través de dos vías fundamentales. Recuperando el ideal participativo del legado de la Atenas clásica y del humanismo republicano, y una vez recuperado, utilizándolo como una medida auxiliar del concepto de representación en lo que vendremos a llamar la libertad de acción política.

Sin representación, la sociedad civil no puede acceder al Estado si no es a través de lo que ha venido llamándose la tiranía de la mayoría. Sin representación, no hay responsabilidad ni control del poder. Ahora bien, el modelo representativo atraviesa una verdadera crisis de legitimidad, debido a que, por una parte, no se han aplicado bien sus principios, y por otra, a que se ha hecho necesaria, tras muchas décadas de estancamiento, una evolución que, aunque fije su mirada en el futuro, sea capaz de recuperar algunos valiosos tesoros del pasado que han sido enterrados en el olvido.

La política del siglo XXI debe rescatar el ideal participativo clásico para aplicarlo al presente e incorporarlo en la clave vanguardista que los nuevos tiempos requieren. El reconstituyente de la pálida representación no es otro que la vitamina de la participación. Muchos ciudadanos compartimos el sentimiento de que podemos contribuir más, influir más en los asuntos que nos afectan y le quitamos la razón a Schumpeter cuando afirma que la política compete sólo a quienes viven de ella. Los acontecimientos mundiales de los últimos meses han evidenciado lo que muchos ya sabíamos: que las revoluciones del siglo XXI en sus di versas morfologías tendrán como arma la participación ciudadana a través de la comunicación autónoma interactiva y que las redes sociales son la matriz desafiante de un sistema esclerotizado que debe ser reconstruido desde la base.

Hasta ahora, la libertad participativa no ha encontrado su cauce natural como complemento de la representación. No hay un solo sistema político que haya llevado hasta el final los principios de la democracia participativa. Ha llegado el momento.

La simbiosis entre la representación y la participación es sencilla de entender. La representación basa su legitimidad en el consentimiento de la sociedad, que se implementa a través de la participación. Cuando la sociedad deja de consentir la representación política cede el mando a la participación ciudadana que pasa a administrarlo como considere oportuno, ya sea convocando nuevas elecciones, ya sea revocando cargos, ya sea anulando leyes vigentes o promoviendo una nueva legislación. La teoría de la activación espontánea del principio participativo de la sociedad justifica el cese de la representación en la medida en que ésta se fundamenta en el consentimiento. Cuestión ésta que la sociedad civil debe reivindicar al Estado.

La participación constituye así una caución frente al poder, porque si los representantes son plenamente conscientes de que dependen del consentimiento de la sociedad, es lógico que, preocupándose por ellos mismos, trabajen para ella.

Consiste también en una libertad que el ciudadano ha de poder desarrollar y articular cuando lo estime oportuno y bajo determinadas condiciones dialógicas, sabiendo que si desea ocupar coyunturalmente la posición de sus representantes, puede hacerlo. Significa que todo ciudadano tiene igualdad de oportunidades para llevar al orden del día de las decisiones colectivas los problemas que para él son importantes, tal y como nos enseñ� � el concepto clásico de isegoría. Implica que cada uno tiene igualdad de oportunidades para ver atendidos sus puntos de vista en los resultados de las decisiones colectivas.

Es lógico, por tanto, que los derechos participativos de la ciudadanía no puedan depender, en ningún caso, de la voluntad de los representantes a quienes pretenden controlar y sustituir puntualmente.

Las reglas de juego políticas deben estipularse de tal modo que los ciudadanos puedan canalizar unilateralmente su libertad de acción cuando la mayoría así lo considere. En este punto se hace imprescindible ser taxativos, pues la ciudadanía no puede establecer concesiones a la representación sin renunciar a su libertad política.

En la legislación española, la participación y la deliberación auténticas brillan por su ausencia. La Constitución del 78 se encargó de limitar al máximo su expresión, camuflando bajo el disfraz de los referéndums y la iniciativa legislativa popular la flagrante limitación que estaba propinando a sus ciudadanos concediendo todo el poder y protagonismo a los partidos que la redactaron.

Con el objeto de complementar el modelo representativo, de contribuir a paliar su crisis de legitimidad y de dotar a nuestro sistema político de los canales de participación ciudadana acordes con la era de la sociedad red, consideramos necesario rediseñar nuestro ordenamiento constitucional a través de la fórmula posmoderna

Democracia = Representación + Participación + Deliberación + División de Poderes

cuyas aportaciones deben ir encaminadas fundamentalmente a:


establecer los controles necesarios a los representantes

facilitar la libertad de acción y el momento participativo

habilitar un marco de máxima libertad d e pensamiento y expresión que favorezca la toma de decisiones racional del ciudadano

Este esfuerzo de complementación, de búsqueda de sinergias democráticas, cuyo resultado ofrecería un incremento cualitativo de nuestra libertad política, puede realizarse a través de una propuesta de herramientas tecnológicas que conciten valores e ideales característicos de los modelos deliberativo y participativo que acaben complementando la teoría de la democracia representativa.

Las herramientas digitales que sugerimos deben incluirse en nuestra Constitución como mecanismos de participación ciudadana y han estar desarrolladas mediante una ley orgánica.

Son las siguientes:

e-Voto
El e-Referéndum
La e-Iniciativa legislativa popular
La e-Revocación de cargos
La e-Disolución popular de las cámaras legislativas o del gobierno
El e-Representante
La e-Cámara
El e-Control
La e-Deliberación


Por todo ello, SOMETEMOS a la consideración del Congreso de la Sociedad Civil pidiéndole que se posicione con su voto, los siguientes tres puntos:

1) INSTAR al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales, difusas depositarias de la soberanía popular, a que implementen estas herramientas digitales de democracia participativa a fin de poder dignificar su función de representantes de la ciudadanía, ser coherentes con el ideal democrático y demostrar su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.

2) INSTAR al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales a que implementen estas herramientas digitales de democracia deliberativa

3) Esto implica necesariamente INSTAR también al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales a abrir las puertas a un proceso constituyente que por primera vez en España cuente con la participación de los ciudadanos y que consista en cuestionar el sistema político actual, deliberar en libertad sobre las distintas soluciones que desde la sociedad se vayan proponiendo y tomar las decisiones que determine la voluntad mayoritaria.

4) Al tratarse de propuestas transversales y sin ideología, con las que podríamos estar de acuerdo todos los españoles, ABRIR vías de entendimiento con todo el asociacionismo para exigir la inmediata implementación de los puntos anteriores en el caso de no ser atendidos por el Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales

PLAZO PARA PRESENTAR ENMIENDAS.
HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE, inclusive.
Para realizar Enmiendas sobre alguna de las ponencias:


1. Analice el resumen de la ponencia.

2. Redacte su enmienda. Esta no podrá exceder los 3 folios, por una sola cara.

3. Envíela antes del 18 de Septiembre de 2011 a: enmiendas@congresosociedadcivil.org junto a su nombre, Dni, correo electrónico y teléfono de contacto.

Las enmiendas tendrán una extensión máxima de tres folios por una sola cara.

La Gestora del Congreso, a través de sus grupos de trabajo y de coordinación de enmiendas, unificará aquellas que sean coincidentes y rechazará aquellas que se aparten del temario de la Ponencia, o sean improcedentes.

En el Congreso, tras la exposición de cada Ponencia y la lectura de conclusiones, se someterán las mismas a votación de todos los asistentes.

A continuación, el responsable del grupo de trabajo de cada Ponencia, procederá a la lectura de las enmiendas, con cita expresa de su autor, o autores.

Cada enmienda que se lea, será sometida a votación para su inclusión, o no, en las conclusiones finales.

Al final de todas las Ponencias y correspondientes votaciones, así como de las enmiendas y sus correspondientes votaciones, todos los responsables del equipo de la Gestora y los Ponentes, procederán a redactar las conclusiones finales, que serán leídas ante todos los asistentes para ser sometidas a una votación final.

Las conclusiones del Congreso serán remitidas inmediatamente a todos los grupos políticos con representación parlamentaria, exigiendo en nombre de todas las Asociaciones, Grupos, Plataformas, Organismos y personas físicas y jurídicas asistentes al Congreso, que sean incluidas obligatoriamente en los respectivos programas electorales de cada uno de los partidos políticos,

Reproducido del Newsletter Ciudadano POWER.

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