El panorama de la propiedad intelectual en nuestro país es atroz: la Embajada de los Estados Unidos ha impuesto la aprobación de la Ley Sinde, el canon digital a empresas y administraciones fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero tras año y medio se sigue pagando, los antiguos dirigentes de la SGAE -siempre defendida por el Ministerio de Cultura- se hallan imputados en la Audiencia Nacional por el saqueo generalizado del dinero de los autores. Este panorama cuadra con el general: una corrupción política extendida y no censurada en las urnas, unida a la subordinación de la democracia a los intereses de unos pocos con nombres y apellidos a los que sin embargo se les llama mercados.
Sólo con inteligencia, diálogo y trabajo se pueden resolver los actuales retos de la propiedad intelectual y comenzar a construir una salida a la preocupante situación económica actual. Como el Tribunal Europeo de Justicia, entendemos que la tensión entre la propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la privacidad y el derecho a recibir o emitir información ha de resolverse en favor de estos tres últimos derechos. Será la única manera de crear riqueza y de mantener las libertades que tanto ha costado conseguir.
Frente a la arbitrariedad, la defensa histórica de la ciudadanía ha consistido en asegurar la garantía de los derechos fundamentales sustrayéndolos de la política, esto es, de los poderes de la mayoría y del mercado: se trata de derechos inviolables, indisponibles e inalienables.
Los gobiernos van y vienen. La red resiste.
Sinde se va del Gobierno como entró: bajo sospecha por conflicto de intereses.
