DARÍO PRIETO - EL MUNDO .- En la rueda de prensa posterior al consejo, la vicepresidenta y ministra portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la puesta en marcha de la Comisión de Propiedad Intelectual encargada de decidir sobre el cierre de webs. Según Sáenz de Santamaría, el objetivo es «proteger los derechos de los propietarios, creadores y otros titulares frente al expolio lucrativo de las webs de descargas ilegales». Mediante esta medida «España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería». La portavoz del Gobierno quiso puntualizar que «sólo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, contra quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros».
Tal y como adelantó EL MUNDO, ayer se materializó lo anunciado por el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en sus dos intervenciones públicas: por una parte, en el acto de traspaso de carteras prometió a la ministra saliente, Ángeles González-Sinde, que intentaría «enfriar las patatas calientes que quedan», en referenca al reglamento que quedó dos veces sobre la mesa en los últimos consejos de ministros del anterior Gobierno; además, este lunes, durante la toma de posesión del nuevo Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, Wert afirmó: «Ningún objetivo que nos hemos planteado para hacer de la cultura un elemento de dinamización económica es compatible con agujeros regulatorios que permitan la desprotección de la propiedad intelectual y el expolio de los creadores culturales. Muy pronto habrá novedades al respecto».
No ha pasado ni una semana y, efectivamente, ya hay un reglamento antidescargas sobre la mesa. Pocos se esperaban tal rapidez, por mucho que Wert se hubiese manifestado a favor de medidas de este tipo en artículos de prensa donde comparaba a las webs de enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor -principales perjudicadas con la regulación- con los peristas. Llama también la atención que haya sido el PP quien ha resuelto el atasco de la ley, cuando entre sus filas ha habido quien se ha pronunciado en contra de ella. Es el caso de Esteban González Pons, que en noviembre de 2009, afirmó que el gobierno socialista había «reinventado la censura, y lo que es peor, creado una policía del pensamiento, de la imagen y de la música correcta» con la Ley Sinde.
El anuncio de la aprobación del reglamento llegó horas después de que el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Jaime Malet, remitiese una carta a Mariano Rajoy en la que le pedía mayor protección a la propiedad intelectual y señalaba que la no aprobación de la Ley Sinde «había supuesto un revés a la seriedad del país en esta materia de tanta importancia para la inversión extranjera directa».
La cuestión pasa ahora por ver cómo entrará en funcionamiento el reglamento. Por lo pronto, la referencia del Consejo de Ministros explica el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual a través de dos secciones: la Primera, que «ejerce las funciones de mediación y arbitraje» y la polémica Sección Segunda, presidida por secretario de Estado de Cultura o un delegado de éste, y que «ejercerá las nuevas funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información. Para ello se establece un procedimiento de naturaleza mixta, administrativo y judicial, que requiere la intervención del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para garantizar la integridad de los derechos fundamentales afectados». Queda por ver también qué sistema se escogerá para sustituir al canon, pues todavía no se ha presentado un modelo alternativo, aunque puede que se destine una cantidad de los presupuestos del Estado.
Polémicas 'antidescargas'
Parece que, al fin, la Ley Sinde va para delante. Sin embargo, quedan todavía muchas cuestiones encima de la mesa respecto a las polémicas medidas antidescargas.
¿Por qué ha aprobado el PP una normativa que nació en el gobierno del PSOE?
El periplo de la Ley Sinde comienza en noviembre de 2009, cuando se introduce dentro de la Ley de Economía Sostenible una disposición, que posteriormente sería conocida con el nombre de la ministra, para cerrar aquellas páginas web que facilitasen el acceso libre a contenidos protegidos con derechos de autor. Un año después, dicha normativa fue rechazada en el Congreso de los Diputados, aunque luego PP y PSOE pactaron un acuerdo para salvarla antes de su paso en el senado. Las muestras de rechazo fueron numerosas y sonadas, como la de Álex de la Iglesia, que dimitió de la presidencia de la Academia de Cine por sus discrepancias al respecto. El pasado febrero fue aprobada en el Parlamento, aunque quedaba por establecer el reglamento que la pusiese en práctica y que tendría que ser aprobado por el consejo de ministros. En dos ocasiones (el 25 de noviembre y el 2 de diciembre) se llegó a debatir, aunque las divisiones internas en el Ejecutivo (José Blanco, Francisco Caamaño y Miguel Sebastián mostraron su oposición, igual que antes hiciese Rubalcaba) hicieron que se quedase encima de la mesa. También la opinión pública, como reconoció el propio José Luis Rodríguez Zapatero: «Visto, además, el debate que se produjo en las redes sociales decidí que no lo aprobaba». Aunque el PP era partidario de una nueva Ley de Propiedad Intelectual, la urgencia de una normativa ha propiciado que éste partido recoja la patata caliente del PSOE.
¿Qué efectos tendrá la ley?
Básicamente, el cierre de las páginas web que enlacen o faciliten el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. Es el caso de seriesyonkis.com o cinetube.es. Según se encargó de subrayar la ministra portavoz, esta persecución se produciría sólo en aquellos casos en los que existiese un ánimo de lucro. El propio texto de la ley abunda: «El procedimiento que establece el texto no se dirige contra los usuarios, sino contra los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información que vulneren los derechos de propiedad intelectual, ya sea ofreciendo contenidos ilegales, ya sea prestando servicios de intermediación. En todo caso, se requiere que dicho responsable, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial al titular de tales derechos».
¿Cuál será su procedimiento?
A petición de un afectado (una discográfica, una productora de cine, una compañía de videojuegos, una editorial, etcétera) por una vulneración de derechos de propiedad intelectual, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual puede hacer dos cosas, que pueden ser simultáneas o no: acudir a la justicia para solicitar que el prestador de servicios al vulnerador del derecho -la empresa que aloja la página web de enlaces, en la mayoría de los casos-- facilite los datos del dueño del sitio -siempre bajo autorización judicial- y, por otra parte, solicitar también al proveedor de servicios que retire el contenido que infringe la ley. Puede que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional autorice la comunicación de los datos del presunto infractor -en unas 24 horas, como si del registro de una casa se tratase- o puede que no. Si lo autoriza, el siguiente paso sería tomar medidas contra el infractor, y aquí entraría de nuevo la justicia. Si no lo autoriza, probablemente al denunciante no le quede más remedio que intentarlo de otra manera, con nuevos indicios de la infracción, hasta que lo logre. Por otra parte, habría en marcha una petición -para la que no tiene que mediar la justicia- al proveedor de servicios para que retire el contenido problemático. En menos de 48 horas, el proveedor debe decidir qué hace. Si opta por retirar el contenido voluntariamente o tras una mediación de la Sección Primera, se acabó el procedimiento. Si no lo hace y apuesta por presentar alegaciones y pruebas para defenderse, habrá dos días parar practicar las pruebas y cinco para que se presenten a las partes las conclusiones de éstas. Después, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual debería dictar resolución en tres días. Según los expertos, en total, no menos de 15 días.
Si tengo una página web que también facilita enlaces, ¿también me la cerrarán?
Éste es quizás el asunto más polémico. Aunque en principio el usuario está libre de la persecución, muchos opositores a la normativa denuncian que su formulación -«que actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial»- deja abierta la posibilidad a un cierto tipo de censura y de extralimitación.
A FAVOR
Pedro Pérez.Presidente de FAPAE (federación de productores españoles). «La medida adoptada debe entenderse dentro de la normalidad absoluta de la democracia. Lo que ha aprobado el Consejo de Ministros ya se discutió en el Parlamento y con el Gobierno estuvieron de acuerdo tanto el principal partido de la oposición como el tercero con representación parlamentaria. Lo extraño es que sea el Gobierno del PP el que acabe por sacar adelante lo que pensó y proyectó el PSOE, y no se atrevió a aprobar. Y dentro de esta normalidad, lo que hay que decir es que la partida empieza, precisamente, ahora».
Antonio Guisasola.Presidente de Promusicae (asociación de productores de música). «El Gobierno no ha mentido. Dijo que la protección de la propiedad intelectual era una prioridad y ha aprobado el reglamento en su segundo Consejo de Ministros. Calculo que para abril veremos las primeras actuaciones. Lo más destacado es el mensaje que se lanza a las páginas de enlaces y lo peor, y aún por arreglar, es el olvido de medidas que eduquen al usuario. No se trata de castigarle, sino de educarle».
Sabino Méndez.Portavoz de la SGAE, músico y escritor. «En 2012 llega la oportunidad de hacer un debate técnico y serio que supere todas las demagogias y falsedades difundidas sobre el canon. Se ha llegado a asegurar que los autores cobraban 300 millones de euros al año por el canon, por ejemplo, cuando en realidad eran 80, mientras la industria tecnológica se sirve de nuestros contenidos en miles de millones».
Ángeles González-Sinde.Ex ministra de Cultura y cineasta. «Es una buena solución que lo que busca es perseguir a las páginas, que son muchas, que se lucran, y no perseguir al usuario. El reglamento aprobado va a permitir desarrollar una oferta legal a precios asequibles, a precios competitivos, y el desarrollo de la cultura en la Red. Además, abre un camino para una convivencia en la Red de todos, de los que quieren vivir de la cultura y de los que quieren disfrutar de ella».
Emilio Gutiérrez Caba.Actor y miembro del consejo de administración de AISGE. «Vamos a ver cómo se aplica. Cualquier Gobierno tiene que defender la Cultura, porque detrás de la Cultura va todo lo demás. Lo que ha ocurrido ayer no es más que un primer paso. En lo que respecta a la supresión del canon. No sé si es muy correcto eliminar algo sin plantear antes una alternativa estructurada y clara».
Enrique González Macho.Presidente de la Academia de Cine, distribuidor y productor. «Me parece todo un gesto el que se haya hecho tan rápido. Y muy positivo. Si el reglamento no se había aprobado hasta ahora ha sido porque no se ha querido. No, porque no se pudiera. De hecho, la ley había pasado todos los filtros posibles. Olvidamos que es una ley aprobada en el Parlamento».
EN CONTRA
Víctor Domingo. Presidente de la Asociación de Internautas. «La aprobación de la Comisión de Propiedad Intelectual puede ser la oportunidad de aclarar muchos puntos oscuros. Si va a tener el papel que pretende la Ley Sinde, no nos parece adecuado, pero si va a servir para aclarar, debatir y solucionar otras cuestiones, bienvenido sea. En lo que respecta al canon, desde el 2003, las administraciones públicas y las empresas están pagando de forma indebida el canon digital, un gravamen que han estado recaudando de forma ilegal, indiscriminada y arbitraria las sociedades de gestión de los derechos de autor, y que tiene que ser devuelto al conjunto de los ciudadanos. Queda por saber si la eliminación del canon acompaña la medida necesaria de que sea retroactivo y tenga que ser devuelto al conjunto de los ciudadanos».
José Jover.Defensor de los derechos de los internautas. «Es más un brindis de cara a la galería, que una medida efectiva. Este anuncio hay que tomarlo con mucha prudencia. No viene más que a poner un poco de vaselina por todo lo que venía detrás. Los derechos fundamentales en la Red han perdido, pero la ciudadanía sigue militando por sus derechos. Yo no quiero que me intervengan Twitter, eso es algo que no debe pasar. El Gobierno debería estar trabajando ya en una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que diera soluciones modernas a problemas modernos».
Juan Gómez-Jurado.Escritor. «Es un grave error. Este Gobierno ha perdido una excelente oportunidad de repensar una medida que ha provocado un rechazo social teremendo. Ni siquiera entre los creadores existe unanimidad respecto a la Ley Sinde. Muchos están en contra de ella. Esto puede acabar no defendiendo los intereses de los creadores, sino destruyéndolos. Pues la persecución del usuario va en detrimento del mercado. Va a ser la destrucción de nuestro público. La única posibilidad es crear modelos de negocio accesibles, asequibles y respetuosos con la gente, como demuestran experiencias como la de Orbyt. Además, ¿qué pasará si son las ideas en vez de los contenidos los que molesten? Ahí está China y su censura a Google y Facebook para mostrárnoslo».
Enrique Dans.Experto en internet y profesor de IE Business School. «Queda por saber si la eliminación del canon digital acompaña la medida necesaria de que sea retroactivo y tiene que ser devuelto al conjunto de los ciudadanos. El debate no se ha dado con seriedad en los años anteriores y, entendiendo que es un momento de urgencia, de crisis, se espera rapidez de actuación y seriedad. Es un anuncio que hay que tomarlo con mucha prudencia. A mí me parece más una medida escaparate para poner un poco de vaselina por todo lo que venía detrás, entre otras cosas por la aprobación del reglamento de la Ley Sinde, que una medida efectiva».
Tal y como adelantó EL MUNDO, ayer se materializó lo anunciado por el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en sus dos intervenciones públicas: por una parte, en el acto de traspaso de carteras prometió a la ministra saliente, Ángeles González-Sinde, que intentaría «enfriar las patatas calientes que quedan», en referenca al reglamento que quedó dos veces sobre la mesa en los últimos consejos de ministros del anterior Gobierno; además, este lunes, durante la toma de posesión del nuevo Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, Wert afirmó: «Ningún objetivo que nos hemos planteado para hacer de la cultura un elemento de dinamización económica es compatible con agujeros regulatorios que permitan la desprotección de la propiedad intelectual y el expolio de los creadores culturales. Muy pronto habrá novedades al respecto».
No ha pasado ni una semana y, efectivamente, ya hay un reglamento antidescargas sobre la mesa. Pocos se esperaban tal rapidez, por mucho que Wert se hubiese manifestado a favor de medidas de este tipo en artículos de prensa donde comparaba a las webs de enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor -principales perjudicadas con la regulación- con los peristas. Llama también la atención que haya sido el PP quien ha resuelto el atasco de la ley, cuando entre sus filas ha habido quien se ha pronunciado en contra de ella. Es el caso de Esteban González Pons, que en noviembre de 2009, afirmó que el gobierno socialista había «reinventado la censura, y lo que es peor, creado una policía del pensamiento, de la imagen y de la música correcta» con la Ley Sinde.
El anuncio de la aprobación del reglamento llegó horas después de que el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Jaime Malet, remitiese una carta a Mariano Rajoy en la que le pedía mayor protección a la propiedad intelectual y señalaba que la no aprobación de la Ley Sinde «había supuesto un revés a la seriedad del país en esta materia de tanta importancia para la inversión extranjera directa».
La cuestión pasa ahora por ver cómo entrará en funcionamiento el reglamento. Por lo pronto, la referencia del Consejo de Ministros explica el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual a través de dos secciones: la Primera, que «ejerce las funciones de mediación y arbitraje» y la polémica Sección Segunda, presidida por secretario de Estado de Cultura o un delegado de éste, y que «ejercerá las nuevas funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información. Para ello se establece un procedimiento de naturaleza mixta, administrativo y judicial, que requiere la intervención del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para garantizar la integridad de los derechos fundamentales afectados». Queda por ver también qué sistema se escogerá para sustituir al canon, pues todavía no se ha presentado un modelo alternativo, aunque puede que se destine una cantidad de los presupuestos del Estado.
Polémicas 'antidescargas'
Parece que, al fin, la Ley Sinde va para delante. Sin embargo, quedan todavía muchas cuestiones encima de la mesa respecto a las polémicas medidas antidescargas.
¿Por qué ha aprobado el PP una normativa que nació en el gobierno del PSOE?
El periplo de la Ley Sinde comienza en noviembre de 2009, cuando se introduce dentro de la Ley de Economía Sostenible una disposición, que posteriormente sería conocida con el nombre de la ministra, para cerrar aquellas páginas web que facilitasen el acceso libre a contenidos protegidos con derechos de autor. Un año después, dicha normativa fue rechazada en el Congreso de los Diputados, aunque luego PP y PSOE pactaron un acuerdo para salvarla antes de su paso en el senado. Las muestras de rechazo fueron numerosas y sonadas, como la de Álex de la Iglesia, que dimitió de la presidencia de la Academia de Cine por sus discrepancias al respecto. El pasado febrero fue aprobada en el Parlamento, aunque quedaba por establecer el reglamento que la pusiese en práctica y que tendría que ser aprobado por el consejo de ministros. En dos ocasiones (el 25 de noviembre y el 2 de diciembre) se llegó a debatir, aunque las divisiones internas en el Ejecutivo (José Blanco, Francisco Caamaño y Miguel Sebastián mostraron su oposición, igual que antes hiciese Rubalcaba) hicieron que se quedase encima de la mesa. También la opinión pública, como reconoció el propio José Luis Rodríguez Zapatero: «Visto, además, el debate que se produjo en las redes sociales decidí que no lo aprobaba». Aunque el PP era partidario de una nueva Ley de Propiedad Intelectual, la urgencia de una normativa ha propiciado que éste partido recoja la patata caliente del PSOE.
¿Qué efectos tendrá la ley?
Básicamente, el cierre de las páginas web que enlacen o faciliten el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. Es el caso de seriesyonkis.com o cinetube.es. Según se encargó de subrayar la ministra portavoz, esta persecución se produciría sólo en aquellos casos en los que existiese un ánimo de lucro. El propio texto de la ley abunda: «El procedimiento que establece el texto no se dirige contra los usuarios, sino contra los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información que vulneren los derechos de propiedad intelectual, ya sea ofreciendo contenidos ilegales, ya sea prestando servicios de intermediación. En todo caso, se requiere que dicho responsable, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial al titular de tales derechos».
¿Cuál será su procedimiento?
A petición de un afectado (una discográfica, una productora de cine, una compañía de videojuegos, una editorial, etcétera) por una vulneración de derechos de propiedad intelectual, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual puede hacer dos cosas, que pueden ser simultáneas o no: acudir a la justicia para solicitar que el prestador de servicios al vulnerador del derecho -la empresa que aloja la página web de enlaces, en la mayoría de los casos-- facilite los datos del dueño del sitio -siempre bajo autorización judicial- y, por otra parte, solicitar también al proveedor de servicios que retire el contenido que infringe la ley. Puede que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional autorice la comunicación de los datos del presunto infractor -en unas 24 horas, como si del registro de una casa se tratase- o puede que no. Si lo autoriza, el siguiente paso sería tomar medidas contra el infractor, y aquí entraría de nuevo la justicia. Si no lo autoriza, probablemente al denunciante no le quede más remedio que intentarlo de otra manera, con nuevos indicios de la infracción, hasta que lo logre. Por otra parte, habría en marcha una petición -para la que no tiene que mediar la justicia- al proveedor de servicios para que retire el contenido problemático. En menos de 48 horas, el proveedor debe decidir qué hace. Si opta por retirar el contenido voluntariamente o tras una mediación de la Sección Primera, se acabó el procedimiento. Si no lo hace y apuesta por presentar alegaciones y pruebas para defenderse, habrá dos días parar practicar las pruebas y cinco para que se presenten a las partes las conclusiones de éstas. Después, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual debería dictar resolución en tres días. Según los expertos, en total, no menos de 15 días.
Si tengo una página web que también facilita enlaces, ¿también me la cerrarán?
Éste es quizás el asunto más polémico. Aunque en principio el usuario está libre de la persecución, muchos opositores a la normativa denuncian que su formulación -«que actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial»- deja abierta la posibilidad a un cierto tipo de censura y de extralimitación.
A FAVOR
Pedro Pérez.Presidente de FAPAE (federación de productores españoles). «La medida adoptada debe entenderse dentro de la normalidad absoluta de la democracia. Lo que ha aprobado el Consejo de Ministros ya se discutió en el Parlamento y con el Gobierno estuvieron de acuerdo tanto el principal partido de la oposición como el tercero con representación parlamentaria. Lo extraño es que sea el Gobierno del PP el que acabe por sacar adelante lo que pensó y proyectó el PSOE, y no se atrevió a aprobar. Y dentro de esta normalidad, lo que hay que decir es que la partida empieza, precisamente, ahora».
Antonio Guisasola.Presidente de Promusicae (asociación de productores de música). «El Gobierno no ha mentido. Dijo que la protección de la propiedad intelectual era una prioridad y ha aprobado el reglamento en su segundo Consejo de Ministros. Calculo que para abril veremos las primeras actuaciones. Lo más destacado es el mensaje que se lanza a las páginas de enlaces y lo peor, y aún por arreglar, es el olvido de medidas que eduquen al usuario. No se trata de castigarle, sino de educarle».
Sabino Méndez.Portavoz de la SGAE, músico y escritor. «En 2012 llega la oportunidad de hacer un debate técnico y serio que supere todas las demagogias y falsedades difundidas sobre el canon. Se ha llegado a asegurar que los autores cobraban 300 millones de euros al año por el canon, por ejemplo, cuando en realidad eran 80, mientras la industria tecnológica se sirve de nuestros contenidos en miles de millones».
Ángeles González-Sinde.Ex ministra de Cultura y cineasta. «Es una buena solución que lo que busca es perseguir a las páginas, que son muchas, que se lucran, y no perseguir al usuario. El reglamento aprobado va a permitir desarrollar una oferta legal a precios asequibles, a precios competitivos, y el desarrollo de la cultura en la Red. Además, abre un camino para una convivencia en la Red de todos, de los que quieren vivir de la cultura y de los que quieren disfrutar de ella».
Emilio Gutiérrez Caba.Actor y miembro del consejo de administración de AISGE. «Vamos a ver cómo se aplica. Cualquier Gobierno tiene que defender la Cultura, porque detrás de la Cultura va todo lo demás. Lo que ha ocurrido ayer no es más que un primer paso. En lo que respecta a la supresión del canon. No sé si es muy correcto eliminar algo sin plantear antes una alternativa estructurada y clara».
Enrique González Macho.Presidente de la Academia de Cine, distribuidor y productor. «Me parece todo un gesto el que se haya hecho tan rápido. Y muy positivo. Si el reglamento no se había aprobado hasta ahora ha sido porque no se ha querido. No, porque no se pudiera. De hecho, la ley había pasado todos los filtros posibles. Olvidamos que es una ley aprobada en el Parlamento».
EN CONTRA
Víctor Domingo. Presidente de la Asociación de Internautas. «La aprobación de la Comisión de Propiedad Intelectual puede ser la oportunidad de aclarar muchos puntos oscuros. Si va a tener el papel que pretende la Ley Sinde, no nos parece adecuado, pero si va a servir para aclarar, debatir y solucionar otras cuestiones, bienvenido sea. En lo que respecta al canon, desde el 2003, las administraciones públicas y las empresas están pagando de forma indebida el canon digital, un gravamen que han estado recaudando de forma ilegal, indiscriminada y arbitraria las sociedades de gestión de los derechos de autor, y que tiene que ser devuelto al conjunto de los ciudadanos. Queda por saber si la eliminación del canon acompaña la medida necesaria de que sea retroactivo y tenga que ser devuelto al conjunto de los ciudadanos».
José Jover.Defensor de los derechos de los internautas. «Es más un brindis de cara a la galería, que una medida efectiva. Este anuncio hay que tomarlo con mucha prudencia. No viene más que a poner un poco de vaselina por todo lo que venía detrás. Los derechos fundamentales en la Red han perdido, pero la ciudadanía sigue militando por sus derechos. Yo no quiero que me intervengan Twitter, eso es algo que no debe pasar. El Gobierno debería estar trabajando ya en una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que diera soluciones modernas a problemas modernos».
Juan Gómez-Jurado.Escritor. «Es un grave error. Este Gobierno ha perdido una excelente oportunidad de repensar una medida que ha provocado un rechazo social teremendo. Ni siquiera entre los creadores existe unanimidad respecto a la Ley Sinde. Muchos están en contra de ella. Esto puede acabar no defendiendo los intereses de los creadores, sino destruyéndolos. Pues la persecución del usuario va en detrimento del mercado. Va a ser la destrucción de nuestro público. La única posibilidad es crear modelos de negocio accesibles, asequibles y respetuosos con la gente, como demuestran experiencias como la de Orbyt. Además, ¿qué pasará si son las ideas en vez de los contenidos los que molesten? Ahí está China y su censura a Google y Facebook para mostrárnoslo».
Enrique Dans.Experto en internet y profesor de IE Business School. «Queda por saber si la eliminación del canon digital acompaña la medida necesaria de que sea retroactivo y tiene que ser devuelto al conjunto de los ciudadanos. El debate no se ha dado con seriedad en los años anteriores y, entendiendo que es un momento de urgencia, de crisis, se espera rapidez de actuación y seriedad. Es un anuncio que hay que tomarlo con mucha prudencia. A mí me parece más una medida escaparate para poner un poco de vaselina por todo lo que venía detrás, entre otras cosas por la aprobación del reglamento de la Ley Sinde, que una medida efectiva».
