Sin embargo, según explicaron fuentes jurídicas a Europa Press, el trabajador ha percibido una cantidad económica compensatoria de entre 100.000 y 200.000 euros que fue negociada hace unos días entre los representantes legales de la entidad y el denunciante.
Las citadas fuentes señalaron que uno de los acuerdos alcanzados por las dos partes es la no revelación de la cantidad percibida por el trabajador, quien, además, ha retirado un recurso que tenía presentado ante el Tribunal Constitucional por la misma causa, aunque por vía laboral.
Inicialmente, la acusación particular, pedía la imposición de cinco años de cárcel a los acusados por "vulnerar el derecho de la inviolabilidad de comunicaciones" de su cliente y reclamaba 200.000 euros de indemnización. Por la vía laboral, en caso de anularse el despido hubiera cobrado unos 100.000 euros. Entre estas dos cantidades se encuentra el dinero cobrado por el trabajador.
Los hechos acontecieron después de que el denunciante fuese despedido de la entidad bancaria. Los acusados Juan Cruz Alcalde y José Antonio Soler, directores de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales, acordaron el despido del afectado en noviembre de 1999, hecho por el que el Sindicato de Empleados del Grupo Deutsche Bank les acusó de un delito contra la libertad sindical por el que se siguieron diligencias ante el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona.
Dado que el despedido no había sido sancionado en los 28 años en los que trabajó en Deutsche Bank, los dos directivos anteriormente citados "decieron interceptar su correo electrónico" --según señalaba el escrito de acusación del trabajador--, con el fin de "obtener pruebas con las que sustentar un eventual despido disciplinario".
A tal efecto, encomendaron al director de Seguridad Lógica de la Entidad Deutsche Bank, Albert Faulín Berned, tercer imputado en la causa que ha sido archivada, "el acceso, bloqueo y copiado" de los 'e-mails' "enviados" por Giménez, aunque también interceptó los recibidos por el afectado.
De este modo, los acusados leyeron los citados correos sin contar con el consentimiento previo de Giménez, ni de los emisores y destinatarios de éstos, que vieron también vulnerado, según consideró la juez que investigó el caso, su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.
Tras recibir la denuncia del trabajador contra la dirección de la entidad bancaria, el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona acordó que se celebrara el juicio, pese a que la Fiscalía solicitó el archivo de las actuaciones.
La juez consideró que la orden emitida por los directivos del banco de "acceso, bloqueo y copiado" de los correos remitidos por su trabajador Gregorio Giménez presentaba "caracteres del tipo penal", en cuanto que vulneran el derecho fundamental de cualquier persona al secreto de sus comunicaciones, recogido en la Constitución (artículo 197 del Código Penal).
La juez instructora señalaba que, para poner fin al envío de correos por parte del empleado en horario laboral, hubiera bastado con bloquear su servicio de correo electrónico, sin acceder al contenido del mismo.
El juicio no llegó a celebrarse hoy, pero el trabajador ha cobrado una "importante" cantidad de dinero por estos hechos, según fuentes jurídicas, que explicaron que por la vía laboral hubiera tenido que cobrar en caso de anularse su despido unos 100.000 euros, y por la vía penal reclamó 200.000.
Reproducido de Comfia.info
Las citadas fuentes señalaron que uno de los acuerdos alcanzados por las dos partes es la no revelación de la cantidad percibida por el trabajador, quien, además, ha retirado un recurso que tenía presentado ante el Tribunal Constitucional por la misma causa, aunque por vía laboral.
Inicialmente, la acusación particular, pedía la imposición de cinco años de cárcel a los acusados por "vulnerar el derecho de la inviolabilidad de comunicaciones" de su cliente y reclamaba 200.000 euros de indemnización. Por la vía laboral, en caso de anularse el despido hubiera cobrado unos 100.000 euros. Entre estas dos cantidades se encuentra el dinero cobrado por el trabajador.
Los hechos acontecieron después de que el denunciante fuese despedido de la entidad bancaria. Los acusados Juan Cruz Alcalde y José Antonio Soler, directores de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales, acordaron el despido del afectado en noviembre de 1999, hecho por el que el Sindicato de Empleados del Grupo Deutsche Bank les acusó de un delito contra la libertad sindical por el que se siguieron diligencias ante el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona.
Dado que el despedido no había sido sancionado en los 28 años en los que trabajó en Deutsche Bank, los dos directivos anteriormente citados "decieron interceptar su correo electrónico" --según señalaba el escrito de acusación del trabajador--, con el fin de "obtener pruebas con las que sustentar un eventual despido disciplinario".
A tal efecto, encomendaron al director de Seguridad Lógica de la Entidad Deutsche Bank, Albert Faulín Berned, tercer imputado en la causa que ha sido archivada, "el acceso, bloqueo y copiado" de los 'e-mails' "enviados" por Giménez, aunque también interceptó los recibidos por el afectado.
De este modo, los acusados leyeron los citados correos sin contar con el consentimiento previo de Giménez, ni de los emisores y destinatarios de éstos, que vieron también vulnerado, según consideró la juez que investigó el caso, su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.
Tras recibir la denuncia del trabajador contra la dirección de la entidad bancaria, el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona acordó que se celebrara el juicio, pese a que la Fiscalía solicitó el archivo de las actuaciones.
La juez consideró que la orden emitida por los directivos del banco de "acceso, bloqueo y copiado" de los correos remitidos por su trabajador Gregorio Giménez presentaba "caracteres del tipo penal", en cuanto que vulneran el derecho fundamental de cualquier persona al secreto de sus comunicaciones, recogido en la Constitución (artículo 197 del Código Penal).
La juez instructora señalaba que, para poner fin al envío de correos por parte del empleado en horario laboral, hubiera bastado con bloquear su servicio de correo electrónico, sin acceder al contenido del mismo.
El juicio no llegó a celebrarse hoy, pero el trabajador ha cobrado una "importante" cantidad de dinero por estos hechos, según fuentes jurídicas, que explicaron que por la vía laboral hubiera tenido que cobrar en caso de anularse su despido unos 100.000 euros, y por la vía penal reclamó 200.000.
Reproducido de Comfia.info
