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Miseria competitiva


Una de las pruebas evidentes de que la política económica de los últimos gobiernos se ha limitado a aprovecharse sin más de la bonanza del ciclo económico es que la competitividad de la economía española no sólo no mejora, sino que en algunos aspectos empeora a velocidad de vértigo. Los índices de competitividad miden las mejoras que se introducen en una economía a través de las normas legales que promueve el Gobierno o las decisiones de inversión que adopta. Si nos atenemos al informe sobre Competitividad Global del Foro Económico Mundial, difundido ayer, veremos los mediocres resultados cosechados. Respecto al Índice de Crecimiento Global o competencia macroeconómica, que mide el nivel tecnológico, la eficiencia de la Administración y la estabilidad económica, España mantiene un decoroso, aunque insuficiente, vigésimo segundo puesto. Y respecto al de Competitividad Microeconómica, que mide la calidad de la gestión empresarial, cae hasta el vigésimo quinto lugar, a la cola de los países de la Unión Europea y sólo por encima de Portugal y Grecia.





El informe del Foro revela con perfección de miniaturista las ventajas y las carencias de la economía española. El potencial de crecimiento es elevado, más que el de países como Francia, Italia o Irlanda, gracias a una posición de partida relativamente más baja y a los beneficiosos efectos de la estabilidad económica proporcionados por la integración en el euro. Pero las ventajas se agotan prácticamente en esa estabilidad. Cuando se examinan indicadores de calidad, la economía española se hunde en niveles muy bajos, que producen cierto bochorno.

Ocupa el puesto 47 sobre 80 cuando se mide el éxito del Gobierno en promocionar las tecnologías de la información, puesto que refleja el fracaso del plan Info XXI, tan publicitado por el Ejecutivo; ocupa el puesto trigésimo -siempre sobre 80- en número de usuarios de Internet, y resultan sencillamente escandalosos los indicadores de independencia judicial -puesto 46- y de neutralidad en las decisiones institucionales (36). No es admisible que, después de la retórica desplegada por el Gobierno sobre las reformas legales y estructurales aplicadas, resulte que España ocupa el puesto 75 en lo que se refiere a obstáculos regulatorios para los negocios.

Estamos hablando de lacras graves, en línea con las carencias de inversión tecnológica y competitividad real que han denunciado informes recientes como el de la CEOE o los indicadores de convergencia real actualizados recientemente por el Banco de España. La calidad del crecimiento de la economía española es tan baja que desmiente la retórica reformista. La deplorable situación en innovación tecnológica y en calidad de la gestión de las empresas pone en riesgo el ritmo del crecimiento futuro y la aproximación de la economía española al club de los países más avanzados.

Editorial de El País.


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