OPINIÓN DE PILAR PORTERO

La nueva ley de Propiedad Intelectual convierte en policías de la red a los operadores


El gobierno de Rajoy emprende su cruzada contra la piratería en Internet. El decreto ley de Propiedad Intelectual pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros, reforma la ley de enjuiciamiento civil para poder identificar a “los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de la propiedad intelectual con fines comerciales”, según fuentes que han participado en la redacción de la ley. La polémica en torno a la vulneración del derecho a la intimidad, uno de los derechos fundamentales, que enfrentó a Industria y Justicia contra Cultura en el Gobierno de Zapatero e impidió, en parte, la aprobación de la Comisión Sinde, se resuelve así por el gobierno de Rajoy.




Por Pilar Portero en TU2IS.- El juez obligará a las operadoras, como Telefónica, Orange o Vodafone, a identificar a los clientes que sea proveedores de contenidos y no hayan respondido a los requerimientos de Cultura por la demanda de infracciones de propiedad intelectual. Bruselas ya trató hace dos años de obligar a las operadoras a detectar y bloquear las obras que violasen los derechos de autor, convirtiéndolas en una especie de policías de la red, a lo que se negaron en redondo.


Otra de las novedades más importantes es que el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, asume todas las competencias sancionadoras, tras el fracaso de la Comisión Sinde y las presiones del lobby de la industria cultural norteamericana, en la lucha contra las webs de descargas ilegales. El objetivo de la nueva ley es cortar el grifo a las páginas que el Gobierno persigue pero no logra cerrar, no solo exigiendo al operador que corte el servicio, sino obligando también a los proveedores de sistemas de pago y de publicidad a anular sus acuerdos con las webs sancionadas. A pesar del desgaste que le supondrá al Ejecutivo  hacer efectivas estas medidas que en la anterior legislatura ya incendiaron la red, España vuelve ya seguro a la lista 301 como uno de los países más piratas, según revelan fuentes de la industria  y no saldrá de ella hasta que el cierre efectivo de webs de descargas ilegales sea una realidad.  Hace ahora un año, EEUU sacó a España de la lista que tanto atemoriza a los políticos, en señal de buena voluntad y como premio por haber aprobado nada más asumir el poder el Reglamento de la ley Sinde que encalló con Zapatero. Sin embargo, el plazo para ver resultados en el cierre de webs de descargas se ha agotado.
 
El beneplácito de Google a la ley de Propiedad Intelectual ha sido también decisivo en el progreso de la ley, ya que el gigante mostró sus reticencias a los anteriores secretarios de la Sociedad de la Información sobre la ley Sinde porque consideraba que no se le eximía de forma suficientemente clara de quedar atrapado en la ley. La redacción de el siguiente artículo en la ley dejando a salvo a los buscadores ha solventando el problema:  “Se entenderán incluidos en el ámbito de aplicación de este artículo los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren directamente derechos de propiedad intelectual y aquellos prestadores que participen en dicha vulneración y tengan como principal actividad la de facilitar la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente, entre otros, mediante listados ordenados y clasificados de enlaces a tales contenidos, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral de mantenimiento y actualización de las correspondientes herramientas de localización, u otra que alcance un efecto equivalente en relación con la facilitación del acceso a dichos contenidos”.
 
Cuando el pasado 22 de febrero el presidente de la MPAA, el lobby cinematográfico estadounidense, se reunió con Rajoy en su despacho de Moncloa, acompañados por el embajador de EEUU, Alan D Solomont -encargado de apretar las tuercas a este ejecutivo y al anterior-, el presidente de la Coalición de Creadores, el presidente de Warner Internacional y Jorge Moragas, el presidente español se comprometió a satisfacer los requerimientos de la industria cultural norteamericana. Rajoy echó mano de dos de sus clásicos. Se pasó media hora hablando de fútbol -¡en inglés!- y dijo que Soraya Sáenz de Santamaría se ocuparía de solucionar el asunto de la piratería que tanto preocupa al lobby americano. La vicepresidenta hizo el consiguiente encargo a Lassalle, quien desde hace casi un año trabajaba en el borrador de la Ley de Propiedad Intelectual. La primera versión de julio del año pasado, circuló por los despachos pero a la industria le pareció flojita y entonces, el secretario de Estado de Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo se puso diligentemente codo con codo con Lassalle para endurecer el contenido. La armonía entre ambos ha facilitado el proceso. Algo impensable en la anterior legislatura donde la batalla entre ministerios a cuenta de la ley Sinde fue sonada.
 
El primer escollo era lograr que las operadoras revelaran las direcciones IP de las páginas que se pretendía cerrar. Las operadoras, siempre se han negado a convertirse en la policía de Internet, pues su negocio se basa en el ADSL y en vender cuanto más tráfico mejor, sin entrar a fiscalizar a las webs y a los particulares a los que dan servicio. Las operadoras temen, además, que la medida puede desincentivar el uso particular del servicio, y por descontado, no piensan dedicar personal a hacer ese trabajo. Hasta ahora la persecución contra los prestadores de servicios no ha funcionado. Por eso se ha planteado una modificación de la ley de enjuiciamiento civil para lograr el permiso que el juez negaba reiteradamente. Para que un operador ceda un dato de un dueño de una IP tiene que haberse producido un delito muy grave, entre los que no están tipificados los de propiedad intelectual. La modificación permitirá que un juez de lo contencioso administrativo otorgue permiso para la identificación de un usuario. En las últimas versiones del texto también había una modificación del artículo 270 del Código Penal para armonizarlo con la nueva ley, pero parece ser que ha desaparecido de la que se aprobará en el Consejo de Ministros.
 
Lassalle tendrá poder, en caso de que el supuesto infractor no se identifique, para pedir al juez que exija a los operadores la IP, y para ordenar la posterior sanción, para lo que volverá a necesitar el permiso del juez. Con esto se pretende agilizar los trámites y conseguir cerrar en torno a una veintena de webs en un año.
 

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