Quedate en casa



Archivado en Sin Canon

La 'Ley Lassalle' se cobra más víctimas que beneficiados


El anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del Gobierno aglutina el desacuerdo de todas las partes. Unos y otros denuncian que endurece las penas, criminaliza los enlaces y conduce a la ilegalidad a millones de ciudadanos.




T.L.M. Zoom News Pocos, muy pocos, parecen estar contentos con el anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), más conocido como 'Ley Lassalle' (toma su nombre del apellido del actual Secretario de Estado de Cultura), aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo.

Y es que esta reforma concita las quejas y desacuerdos de los diferentes agentes implicados y afectados por la misma, desde las entidades de gestión de derechos de autor a los internautas, dos colectivos que siempre se han visto como enemigos naturales pero que ahora, sin embargo, coinciden en criticar abiertamente este asunto. Tal y como ha diseñado el Ejecutivo, el anteproyecto, mediante el cual se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, pretende “reforzar la transparencia, el control y la vigilancia efectiva de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por las Administraciones Públicas, mejorar la protección de los autores frente a las vulneraciones de sus derechos en Internet y revisar el concepto legal de copia privada”, señala el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el ministro José Ignacio Wert a la cabeza.

Sin duda, el escándalo que afectó seriamente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en 2011 y que se materializó en la denominada Operación Saga, ha sido el desencadenante de esta decisión del Gobierno de mirar con lupa la actuación de esta y otras entidades de gestión de derechos de autor.

Por eso, este anteproyecto de reforma de la LPI recoge de forma detallada el catálogo de obligaciones de las sociedades de gestión para con las Administraciones Públicas y respecto a sus asociados, con especial atención a aquellas relacionadas con la rendición anual de cuentas.

Asimismo, establece un cuadro de infracciones y sanciones que permitan exigir a las entidades responsabilidades administrativas por el incumplimiento de sus obligaciones legales. Dichas sanciones estarán vinculadas a un porcentaje de la recaudación del año anterior de la entidad de gestión que variará según sea la gravedad de la infracción, pudiendo llegar hasta el 2 por ciento.

Como paso previo a la revocación de la licencia, que es la sanción más grave que se le puede poner a una entidad, se establece la posibilidad de que se intervenga la misma nombrando un gestor interino.

Finalmente, se somete a la aprobación del órgano autorizante la facultad de crear fundaciones y, de forma especialmente justificada y excepcional, sociedades mercantiles destinadas a dar cumplimiento a sus obligaciones asistenciales, formativas y promocionales en favor de sus socios. También se modifica el régimen de voto plural y se introducen nuevas obligaciones en relación con el establecimiento y publicación de las tarifas generales.

“Precipitado y chapucero”

Según Julia Altares, portavoz de la Junta Directiva de la SGAE, este anteproyecto es “precipitado, chapucero, injusto y discriminatorio” y presenta “numerosas contradicciones”.

Altares apunta que la entidad que representa ha enviado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sus alegaciones a este anteproyecto, un total de 200 folios en los que se analizan pormenorizadamente todos los detalles del mismo.

Por otra parte, la portavoz de la SGAE cuestiona la eficacia de la Comisión de Propiedad Intelectual. “Tras un año de puesta en marcha, solo dos webs se han visto forzadas a retirar los contenidos ilegales que alojaban en sus páginas”, recuerda añadiendo, por otra parte, que las industrias creativas “aportan el 4 por ciento del PIB y más de un millón de trabajadores que se van incorporando al mercado laboral” y que a eso se le llama “defender la imagen de España”.

Respecto al tema de la copia privada, Altares lo tiene claro: “Nos asombra que sea además una Ley que atenta contra la libertad de los consumidores y que criminaliza cualquier acto de copia privada”.

La SGAE, en la información que facilita a sus socios, deja claro que hoy “el canon de copia privada no afecta al precio de los productos electrónicos. Se ha suprimido desde diciembre de 2011 y el precio de estos productos no ha bajado”.

Sin embargo, opina que el Gobierno “ha decidido exonerar a los fabricantes de estos productos del pago de los derechos de autor y cargarlo al presupuesto del Estado”. La entidad considera que tal decisión “supone dar una ayuda pública a costa del erario a empresas en su gran mayoría extranjeras que no pagan impuestos regulares en España”. “El Estado, además, regateando a los creadores, fija una cuantía reducida en un 95% respecto a la que antes pagaban los fabricantes”, critica.  Y es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha fijado esa compensación a los autores en 5 millones de euros, imputándola a los Presupuestos Generales.

Para Altares esta situación que plantea el anteproyecto de reforma parcial de la LPI ha abocado a los creadores “a una situación nefasta” aunque confía en que “el sentido común se imponga”.

Otros aspectos de la reforma

El anteproyecto de Ley recoge además otras propuestas como la modificación de forma puntual de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para permitir que un juez pueda solicitar la identificación del prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo a gran escala, de forma directa o indirecta, contenidos protegidos.

Además, entre otras cuestiones, se dota a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de “mecanismos más eficaces de reacción frente a aquellos que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de contenidos vulneradores de los derechos de autor. Así, se incluye la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pago electrónico y de publicidad, como paso previo a la petición al juez de lo contencioso-administrativo del bloqueo técnico de la web”.

En caso de incumplimiento reiterado se prevén sanciones económicas de entre 30.000 y 300.000 euros y se incluye en el ámbito del procedimiento de la Comisión a las webs que tengan como principal actividad facilitar la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de forma notoria. El Ministerio pone como ejemplo “listados ordenados de enlaces a tales contenidos ilegales”, excluyendo a los motores de búsqueda, y advierte que estas medidas están dirigidas a los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información. “En ningún caso afectarán a los usuarios finales de Internet”, apunta.

En cuanto a la revisión del concepto legal de copia privada, el Gobierno mantiene que la reproducción por copia privada sea “la que se lleva a cabo por una persona física para su uso privado sobre obras ya divulgadas y que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa. A esto se añade la condición de que la reproducción se realice sin asistencia de terceros, es decir, que el copista y el usuario de la copia sea la misma persona”.

Modelo francés

Hace escasos días, según recoge el Instituto Ibercrea, las entidades de gestión españolas han vuelto a pedir al Ejecutivo una paralización de la tramitación actual del anteproyecto para iniciar un proceso de consulta a los sectores afectados, tal y como se está produciendo en Francia.

Las entidades consideran que el modelo a seguir para reformar la vigente Ley de Propiedad Intelectual es el iniciado por el Gobierno francés para actualizar su política cultural, que incluye un proceso de diálogo previo con todas las partes implicadas del mundo de la cultura y la tecnología, tanto del ámbito público como privado y que ha dado como resultado el denominado Informe Lescure. En él se concretan 80 propuestas, divididas en tres áreas: oferta legal en Internet; remuneración a los creadores y financiación de la creación; y adaptación de los derechos de autor a la era digital, incluyendo la lucha contra la piratería.

La conclusión de este informe, según las entidades, es que la entrada en el entorno digital provocó una transferencia muy importante de valor del contenido a los proveedores de Internet, los fabricantes de equipos y dispositivos, o los motores de búsqueda, y se hizo un llamamiento a “vigilar el reparto de ingresos en el universo digital, para que los autores puedan recuperar los justos frutos de su creación”.

“Hecho con encaje de bolillos”

Por su parte, los usuarios de internet también arremeten contra la propuesta del Gobierno. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI) considera, al igual que SGAE, que el Ejecutivo “ni ha consultado ni ha consensuado” este asunto, como sí se hizo en anteriores ocasiones.

“Está hecho con encaje de bolillos”, dice agregando que además existen tres cuestiones “no meditadas”. La primera se refiere al canon: “Rajoy se comprometió a eliminarlo, y lo estaba jurídicamente, pero ahora se crea un canon para pagar a las entidades 5 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”,  alega. “Cuando nosotros denunciamos este asunto lo hicimos por considerarlo arbitrario e injusto, pero en este momento lo es más por cuanto que nos lo colocan a los contribuyentes”, añade.

Domingo explica también que el anteproyecto “restringe el derecho de la copia privada de manera sorprendente” y finalmente, asegura que “criminaliza los enlaces para otorgar más potestades a la Comisión de Propiedad Intelectual, que ha demostrado ser un rotundo fracaso”. Cree que con esto sólo se consigue “poner en situación de ilegalidad” a la inmensa mayoría de los internautas y recuerda que el enlace es “la filosofía de Internet, uno de los desarrollos que la Red proporciona a la gente”.

El presidente de la AI no duda en señalar que hasta ahora han perdido mucho tiempo en “intentar conjugar la propiedad intelectual con internet”. “Pero hemos jugado con las cartas marcadas, primero por las entidades de gestión y después por la industria norteamericana”, afirma.

En breve el anteproyecto de reforma parcial de la LPI iniciará su tramitación parlamentaria, tal y como informó en su día el ministro Wert, quien ya aludió a una “filosofía de persecución” contra aquellos que comercien ilícitamente con contenidos protegidos. Mientras tanto, el mundo de la cultura sigue bajo presión: “Nos están acogotando”, claman.







pdfprintpmail