Quedate en casa



Archivado en Noticias, Acceso

Humo de colores para los ciudadanos.


Dos años después de que el Gobierno presidido por José Maria Aznar promulgara la liberalización del último bastión de las telecomunicaciones, la llamada local, está en una situación sin retorno, debido, sin duda, a la desidia y dejadez de este Gobierno a la hora de intervenir decididamente en este proceso de liberalización y que ha dejado a criterio de las operadoras telefónicas el futuro del servicio universal y el coste tarifario de acceso a la red.





El pasado 23 de junio de 2000 el Gobierno promulgo una orden ministerial en la que puso fecha de inicio a la liberalización del bucle o llamada local al día 31 de diciembre de 2.000, con esta decisión el Gobierno dio por finalizado el proceso de la liberalización de las telecomunicaciones previendo con este plan de liberalización la obligación de Telefónica de bajar sus tarifas mínimas gradualmente hasta lograr la apertura total del mercado.

En enero el 2003 el Ejecutivo da marcha atrás y renuncia a bajar las tarifas telefónicas suaviza la normativa para aliviar los márgenes de las nuevas operadoras. También se contempla un mejor trato fiscal para facilitar la amortización de las inversiones realizadas en la construcción de su propia red, cuyo montante es desconocido.

Las operadoras telefónicas todavía no se han puesto de acuerdo a la hora de ofrecer servicio de llamada local en régimen de libre competencia al conjunto de la población, con las consecuencias negativas que este estado de cosas tiene para el acceso a Internet tanto en lo universal, como en las tarifas y en la calidad del servicio.

Además el Gobierno, a través de la Ley General de Telecomunicaciones, creó "en el papel" el Fondo de Financiación del Servicio Universal, mediante el cual cada una de las Operadoras con licencia debería abonar un tanto por ciento de su facturación a dicho fondo para compensar las pérdidas que la prestación del Servicio Universal pudiera causar al operador/es encargado/s de prestar el Servicio. Esta bonita declaración de intenciones se ha quedado en eso, en una intención, dado que el Gobierno ha sido incapaz hasta el momento (y son casi tres años) de llevar a cabo esta iniciativa, y estamos hablando de recaudar, no de pagar. La consecuencia que puede derivarse de este retraso es que una vez regulado el servicio universal a Internet nos estamos encontrando con un servicio universal "en el papel" pero sin medios para ponerlo en marcha.

Si en lo más básico esta es la actuación de nuestro Gobierno, ¿a quien le extraña el follón con las concesiones y los dineros que supone la telefonía de tercera generación, UMTS?. En cuestión de telecomunicaciones este Gobierno se esta especializando en la venta al por mayor de humo de colores.

Artículo de Víctor Domingo en La Clave


pdfprintpmail