Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones.
Son muchas las actividades encajan con esta definición. Por ejemplo, la venta de modchips o la modificación de videoconsolas. El rooteo de un móvil iPhone quedaría prohibido, puesto que neutraliza las medidas técnicas puestas por el fabricante para proteger su software. Incluso la reproducción de una película comercial en DVD sobre Linux, que emplea la biblioteca libdvdcss para superar la protección CSS con la que están encriptados. Son solo algunos ejemplos de las miles de actividades cotidianas que se penalizarían con esta reforma.
Actualización
La versión que hay colgada en la web del Ministerio de Justicia suaviza este artículo (pág. 124) respecto al anteriormente enlazado, introduciendo la necesidad de que haya una finalidad comercial, de modo que no quedaría penalizado el uso de estas herramientas siempre que no haya contraprestación económica.