Sabiendo de dónde y de quién viene el movimiento, es relativamente fácil ver sus derivaciones: el gobierno, obsesionado con el tratamiento de los medios de comunicación y preocupado por las próximas citas electorales, ha decidido tomar por asalto las posiciones que no controlaba: mediante el reparto de la jugosa tarta de la publicidad institucional y poniendo encima de la mesa la citada modificación de la ley, ha conseguido ya modificaciones en las cúpulas de los principales diarios que le habían resultado hostiles: tras los cambios en la dirección de La Vanguardia y El Mundo, suena ahora el relevo en El País, completando un movimiento en las cabeceras tradicionales que estaba en realidad planificado desde antes incluso de que el Partido Popular llegase al poder.
El diseño cuidadoso del anteproyecto de ley, que toma como modelo el caso alemán y busca claramente cerrar los huecos que permitieron que Google fuese capaz de evitar el pago en aquel país, dejan claro que estamos hablando de una pieza más en toda esta jugada de toma de control. El secuestro de la red, como moneda de cambio para lograr un control de los medios digno de un país populista o directamente autocrático.
La modificación del proyecto de ley de propiedad intelectual planteada por el gobierno español está pensada, por encima de todo, como una manera segura de entregar dinero a los medios. En primer lugar, destaca el planteamiento de derecho irrenunciable: ¿cómo puede plantearse como derecho irrenunciable algo a lo que yo o muchos otros medios expresamente renunciamos mediante una licencia de contenidos abierta? Una licencia Creative Commons BY explicita de forma clara que permito la reproducción de mis contenidos con la única condición de que vayan correctamente atribuidos. ¿Cómo puede un gobierno pasar por encima de mi voluntad y obligar a que esos contenidos devenguen un pago, que además es recaudado por una sociedad de gestión y repartido con criterios que ellos mismos deciden? ¿Cómo justificar semejante componenda? La única razón es asegurar que ese dinero, un auténtico impuesto revolucionario se mire como se mire, llega finalmente a quienes ellos quieren que llegue. Mientras en Alemania bastó con un cambio en las condiciones de los agregadores para evitar el pago (la práctica totalidad de los medios se apuntaron al sistema opt-in planteado por Google News con tal de no quedarse fuera), en España esa posibilidad queda cerrada, porque hablamos de un supuesto derecho irrenunciable. Hace falta mucho valor y mucha premeditación para plantear algo así.
¿Cómo explicar el cambio que supone pasar a definir los fragmentos no significativos como elemento diferencial, frente a la consideración tradicional opuesta, la de tomar en consideración precisamente los fragmentos significativos? Hablamos de lo mismo: de tomar la experiencia alemana, y evitar los errores que llevaron a que finalmente, nadie pagase a nadie y la situación se mantuviese como estaba. Porque, no lo olvidemos: esto no tiene nada que ver con defender a Google News, a Menéame o a otros: hablamos de defender el mismísimo funcionamiento de una red abierta. Si se establece el canon de la AEDE, pasamos a tener una parte determinada de la red que, en virtud de una ley, no puede ser citada ni enlazada si no media un pago a cambio. No, las cosas no son así: en la red, citar fragmentos breves y enlazar es algo que forma parte de la libertad de todo usuario. Bajo el régimen propuesto, pasamos a generar todo un ámbito con límites difusos en los que el Estado pasa a meter sus narices mediante una sociedad de gestión que recauda un canon, bajo exactamente la misma fórmula que el de la denostada SGAE, y que reparte igualmente a su antojo. Todo lo aplicable al canon de la SGAE es aplicable a este caso, con el agravante de que, además, aquí nos referimos a algo tan sensible como la libertad de información.
¿Como razonar que el anteproyecto ponga el foco en los enlaces, precisamente una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita un dictamen en el que deja claro que un enlace dirigido hacia una obra que está disponible regularmente en otro lugar de la red no puede ser constitutivo de delito? No, absolutamente nada que ver con los agregadores nos roban, o se aprovechan de nuestra propiedad intelectual para generar ingresos a nuestra costa. Hablamos de sistemas de agregación basados en la más rigurosa voluntariedad: todo medio puede excluirse de esas plataformas si lo desea. Además, hablamos en algunos casos de sistemas carentes de publicidad y que no generan ingresos, o que si los generan, son muy exiguos e incapaces de justificar un planteamiento de impuesto revolucionario adicional.
Lo mejor de todo este movimiento es que en ningún caso lo vas a poder seguir a través de ningún medio perteneciente a AEDE, verdadero cómplice del mismo. Si quieres enterarte realmente de algo, tendrás que recurrir a medios nativos digitales y a publicaciones no incluidas en AEDE. ¿No te extrañó ver a Luís Enríquez, presidente de AEDE, a la derecha de Jose Ignacio Wert en la presentación del proyecto de ley? ¿Qué hace el presidente del lobby de las grandes cabeceras en la comparecencia en la que un ministro explica la modificación de una ley? El resultado final es un país con sus cabeceras tradicionales bajo control, renunciando a toda hostilidad hacia el gobierno merced a un pago llevado a cabo mediante el reparto de la publicidad institucional y del recién generado canon: se entrega a la AEDE la simbólica cabeza de un enemigo que venían reclamando desde hace ya muchos años, y se deja a otras empresas, como Menéame, en la situación de ser un simple daño colateral. Una situación de auténtica república (en este caso, monarquía) bananera. El gobierno de España ha aprendido mucho de otros países: ahora ya hasta se le ve Maduro.
Reproducido del blog de Enrique Dans
