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CCOO y UGT exigen cambios que faciliten un acuerdo social y político sobre el Proyecto de LPI


Ambos sindicatos consideran que esta Ley institucionaliza el "canon digital", limita el derecho de cita y obstaculiza el desarrollo del mundo digital. Y sin embargo, no sirve para la mejora y reconocimiento de los derechos del autor, debilitando la posición de los creadores ante los editores y las grandes empresas tecnológicas




En la mañana de hoy ha tenido lugar el “Seminario sobre la importancia y trascendencia de la Ley de Propiedad Intelectual”, organizado por CCOO y UGT, en la sede del Consejo Económico y Social, donde distintos invitados, han analizado esta Ley que se encuentra en la fase de introducción de enmiendas en el Congreso de los Diputados.

Para ambos sindicatos esta jornada es importante, ya que la Ley no solo mueve un 4% del PIB, sino que, dada su amplitud y complejidad es necesario alcanzar un consenso entre todos los agentes implicados que fije el objeto sujeto a la aplicación de los derechos de autor y determine la gestión de los derechos que se establezcan, de forma que se garantice su transparencia, como sucede en países avanzados de Europa. CCOO y UGT consideran que los creadores son trabajadores de la cultura y el conocimiento y como tal deben ser remunerados, a la vez que la ciudadanía tiene derecho al conocimiento y la información. Por tanto, hacen una llamada al debate y al consenso y a poner las bases firmes para que esta reforma y las que en el futuro anuncia la Ley, sean bases sólidas y garanticen derechos.

Marcos Peña, Presidente del CES expresó la necesidad de regular esta materia, partiendo de que “estamos ante un nuevo modelo de producción provocado por el conocimiento”. Pero, en esta nueva gobernanza, “los agentes sociales tienen que estar presentes y comprometidos para reforzar el conocimiento”.

José Campos, Secretario de Relaciones Institucionales de CCOO, partió de la importancia de esta Ley para el futuro del país, que además “incide directamente en el empleo, sin olvidar que es una ley oportuna, importante, y que necesita de consenso social”. Planteo la necesidad de un pacto de Estado ante esta Ley. “Necesitamos una ley integran fruto del dialogo y el acuerdo que nos homologue a Europa”.

Frederic Monell i Lliró, Secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, expuso la necesidad de que se conozca más y mejor el proyecto de ley, y “nosotros somos portavoces del interés general, y tenemos opinión y posición”.

Carlos Guervos, Subdirector General de Propiedad Intelectual, expuso la necesidad de un sostén jurídico para todas las obras, y la protección de los derechos de los creadores. Aludió al texto afirmando que “está en un terreno de consenso, siendo necesario reforzar la transparencia de quienes gestionan la Ley, mejorar la protección de los derechos de los internautas, regular la propiedad privada sin olvidar su función social, establecer los derechos en su uso periodístico, de enseñanza o investigación, gestionar las copias privadas, así como la transparencia y control de las entidades”.

Antonio Fernández, Director General de la Asociación para el desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI) apoyó la Ley desde el punto de vista de desarrollo de la supervisión y la transparencia. Matizó que la industria audiovisual representa el 4% del PIB, además de afectar directamente a todos los usuarios, por lo que “se tendría que haber realizado un estudio previo”. De ahí la crítica de este proyecto Ley por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial entre otras instituciones.

Irene Lanzaco, representante de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), defendió el proyecto de Ley, y denunció la situación de las editoriales, que con “audiencias muy altas, más que nunca, sin embargo tienen dificultades en sus cuentas de resultados, por lo que es necesario un reequilibrio económico”.

Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, partió de la base de que la propiedad intelectual es un derecho reconocido, pero “no se pueden hacer leyes contra los ciudadanos”. Considera necesario “conjugar la Ley de Propiedad Intelectual con el mundo digital, para lo que se requiere un consenso”.

Mariano Rivero, miembro de la Plataforma por los Derechos de Autor de los periodistas, denunció la indefensión de los derechos de los periodistas en este proyecto de Ley, alegando que “son los verdaderos autores de lo que crean”. La Ley contempla compensar a los editores, pero “también debe compensar a los periodistas, tanto gráficos como a los literarios”.

Ángel García Castillejo, abogado y profesor de Comunicación en la Universidad Carlos III, señaló a los autores de una obra como los creadores del ámbito de la cultura, pero “también son trabajadores, y requieren su retribución con justicia y equidad”. Definió este proyecto de Ley como polémico, problemático y complejo, que debe ser “equilibrado, pues debe retribuir a los autores y satisfacer a la sociedad”.

Eduardo Fernández, del PP expuso que “no se puede pretender satisfacer a todo el mundo con la Ley de Propiedad Intelectual”, y abogó por buscar el máximo de consenso, sabiendo que es muy difícil conjurar intereses contrapuestos, pero que hay que hacer un esfuerzo por avanzar y alcanzar la máxima armonización posible.

José Andrés Torres, del PSOE denunció que con esta Ley el “derecho de propiedad intelectual del creador está muy limitado por otros derechos”. Reclamó la necesidad de llegar a un consenso, subrayando que “nos encontramos ante un cambio tecnológico que esta provocando una fuerte reconversión en el mundo de la cultura”.

Chésus Yuste de Izquierda Plural, matizó que “la Ley de propiedad Intelectual es una ley parche y refleja un fracaso”. A pesar de las declaraciones del gobierno, considera que la cultura no es un prioridad ni una “cuestión de Estado para el Gobierno”, aunque señala que “hay que buscar el máximo de consenso y equilibrio para garantizar dos derechos: el derecho de los creadores y el derecho al acceso a la cultura de la ciudadanía”.

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