EL Boletín.- La Asociación de Internautas considera que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga motores de búsqueda como Google a eliminar los enlaces de informaciones pasadas que perjudiquen a los ciudadanos no resuelve el problema del 'derecho al olvido'. En su opinión, la decisión crea una mayor inseguridad al ciudadano, pues se pone el ojo en el intermediario, pero no al origen de la información.
En este sentido, el presidente de la asociación, Víctor Domingo, ha recordado en declaraciones a ElBoletín.com que hay muchas formas de llegar a una misma información, el buscador Google es la más popular, pero no la única. Por ejemplo, en el sitio Archive.org se recoge todo lo que se ha publicado en Internet en todos los tiempos.
De esta manera, Domingo entiende que para garantizar el 'derecho al olvido' lo que habría que hacer es eliminar la información de origen. En el caso de la demanda que ha dado lugar al fallo del tribunal europeo, el afectado, Mario Costeja, se encontró buscando su nombre en Internet que aparecía vinculado a una información publicada once años antes en La Vanguardia relativa a una subasta por impagos de 1998. Solicitó la retirada de esta información en el periódico, alegando que el embargo estaba solucionado desde hacía tiempo y que, por tanto, los datos carecían de interés. El medio denegó la petición y la solicitud se derivó a Google para que eliminase en los resultados de sus búsquedas los vínculos al anuncio publicado
Así, la decisión del TJUE ha resuelto el caso particular de Castela, entiende el presidente de la Asociación de Internautas, pero no un 'derecho al olvido' real en Internet. Si el enlace no está, no se llega a él, Google es un simple intermediario, ha asegurado Domingo en declaraciones a ElBoletín.com en las que ha insistido que si se elimina el origen, se elimina automáticamente el enlace.
Por ello, desde la Asociación de Internautas consideran que el TJUE no ha cogido el toro por los cuernos y ha otorgado al gigante buscador demasiada responsabilidad o poder.
El fallo emitido este martes estable que todo ciudadano tiene derecho a la eliminación en los motores de búsqueda de enlaces que dirijan a información del pasado que carezca de relevancia o que resulte perjudicial para el afectado.
En este sentido, el presidente de la asociación, Víctor Domingo, ha recordado en declaraciones a ElBoletín.com que hay muchas formas de llegar a una misma información, el buscador Google es la más popular, pero no la única. Por ejemplo, en el sitio Archive.org se recoge todo lo que se ha publicado en Internet en todos los tiempos.
De esta manera, Domingo entiende que para garantizar el 'derecho al olvido' lo que habría que hacer es eliminar la información de origen. En el caso de la demanda que ha dado lugar al fallo del tribunal europeo, el afectado, Mario Costeja, se encontró buscando su nombre en Internet que aparecía vinculado a una información publicada once años antes en La Vanguardia relativa a una subasta por impagos de 1998. Solicitó la retirada de esta información en el periódico, alegando que el embargo estaba solucionado desde hacía tiempo y que, por tanto, los datos carecían de interés. El medio denegó la petición y la solicitud se derivó a Google para que eliminase en los resultados de sus búsquedas los vínculos al anuncio publicado
Así, la decisión del TJUE ha resuelto el caso particular de Castela, entiende el presidente de la Asociación de Internautas, pero no un 'derecho al olvido' real en Internet. Si el enlace no está, no se llega a él, Google es un simple intermediario, ha asegurado Domingo en declaraciones a ElBoletín.com en las que ha insistido que si se elimina el origen, se elimina automáticamente el enlace.
Por ello, desde la Asociación de Internautas consideran que el TJUE no ha cogido el toro por los cuernos y ha otorgado al gigante buscador demasiada responsabilidad o poder.
El fallo emitido este martes estable que todo ciudadano tiene derecho a la eliminación en los motores de búsqueda de enlaces que dirijan a información del pasado que carezca de relevancia o que resulte perjudicial para el afectado.
