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Libertad y respeto 'tuit' a 'tuit'


El Gobierno ha decidido atacar las amenazas e insultos en las redes sociales · Internautas y jueces consideran que no es necesario crear nueva legislación, sino aplicar la ley en internet.




gentedigital.es/Liliana Pellicer.- "Más tiros a la cabeza de PPeros!! Isabel CarrasKO", "El Maccabi se dará una ducha después del partido... Pero en la cámara de gas, espero" o "Torturadores corneados, me encanta". Éstos son sólo algunos ejemplos del aluvión de comentarios desagradables, en ocasiones delictivos, que inundan las redes sociales. Nadie se libra, pero son los políticos y personajes conocidos los que se llevan la peor parte.

La inmediatez, el fácil acceso a cualquier persona y el anonimato hacen que determinados exabruptos que antes quedaban en el círculo íntimo pasen a ser ahora de dominio público y lleguen hasta el domicilio, o incluso el bolsillo, de la víctima sólo con un 'click'.

NUEVOS MECANISMOS

La situación no es nueva. De hecho, personas como la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ya cuentan con sentencias a su favor. Sin embargo, fue tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, cuando el Gobierno decidió atajar el problema.

Hace escasos días, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, indicó que su departamento trabajaba con Justicia en mecanismos de control e insistió en la necesidad de "limpiar la red" y erradicar manifestaciones que incitan al odio, el asesinato, enaltecen el terrorismo, humillan a las víctimas e incitan a la xenofobia.

Interior no baraja nuevos delitos o endurecer penas, sino que en su articulado se recoja la potencialidad que tienen estas redes a la hora de cometer delitos, según fuentes ministeriales.

Las principales asociaciones de jueces no creen necesaria la introducción de cambios, ya que, según afirman, el Código Penal ya aporta soluciones para estas infracciones. Por su parte, la Asociación de Internautas defiende que lo que se debe hacer es aplicar la legislación en la red, como se haría en cualquier otro lugar.

Y es que la frontera entre la libertad de expresión y los derechos individuales es, en ocasiones, difusa, pero lo cierto es que lo que es delito en la calle, también lo es en la prensa, por teléfono, por correo electrónico o en las redes sociales.

LIBERTAD FRENTE A DERECHOS

La Constitución recoge la libertad de expresión como un derecho fundamental, cuyo su límite aparece cuando se vulneran los derechos de otras personas. Así, el uso de ciertas palabras o símbolos pueden atentar contra el honor o la integridad de otros, también recogidos en la Carta Magna. Existen más casos en los que desaparece: los comentarios que suponen una incitación al odio, apología de la violencia, injurias, calumnias...

En este momento se puede pasar a estar cometiendo una falta o delito, que podría llevarse ante la justicia. Será el juez el que decida si constituye una infracción y, en caso afirmativo, quien dicte sentencia.

Las penas a las que deben hacer frente depende de la gravedad del comentario. Según las principales asociaciones de jueces, la mayoría son faltas, que se resolverán con el pago de una multa cuya cuantía suele oscilar entorno a los 150 euros. La cárcel es complicada y se reserva para delitos que revisten una mayor gravedad, como puede ser la incitación al odio, o las amenazas que revisten seriedad.

En la mayoría de los casos es la víctima quien tiene que iniciar el proceso, presentando una denuncia, pero en otros más graves la Policía puede actuar de oficio.

DIFICULTADES EN LA INVESTIGACIÓN

La principal dificultad de estas investigaciones se encuentra en la identificación de la persona que ha hecho el comentario, ya que en muchos casos se oculta bajo seudónimo. Para la localización del sujeto es necesaria la colaboración de las empresas donde han aparecido los insultos o amenazas. Otro problema es acreditar que el acusado ha cometido realmente el delito y no se ha producido una suplantación.

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