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ADIÓS AL PAPELEO: La Administración responderá por mail


El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que regula los registros y las notificaciones telemáticas de la Administración, que tiene como principal consecuencia que los ciudadanos y las empresas se ahorrarán tener que solicitar 6 millones de certificados, ahora obligatorios, con datos que ya posee la Administración. Además, los ciudadanos podrán recibir cualquier documento o respuesta oficial en su propio correo electrónico.





Hasta ahora, muchas peticiones de los ciudadanos, referidas a becas, ayudas de vivienda u otras, requerían certificados de ingresos del solicitante, datos que ya tiene la Administración a través del Ministerio de Hacienda. Lo mismo ocurre con las empresas, que se ven obligadas a certificar datos que ya conoce el Fisco.

Según los datos del Gobierno, los españoles solicitaban anualmente 6 millones de certificados a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social, porque así lo exige la propia Administración -ya sea estatal, autonómica o local-, para los distintos trámites que gestiona. A partir del día 24, estos certificados desaparecen.

La pretensión del Ministerio de Administraciones Públicas, según explicó su titular, Javier Arenas, es que los ciudadanos cuenten en breve con un domicilio electrónico único en el que recibirán las notificaciones de la Administración.

Además, el Gobierno apuesta decididamente por el correo electrónico a Internet como vía de comunicación entre los ciudadanos y la Administración.

Así, desde la entrada en vigor del Decreto se contemplan los registros telemáticos (funcionarán las 24 horas de todos los días del año) y las notificaciones telemáticas, con los cuales el ciudadano tendrá opción a ser notificado de los procedimientos por medio de una dirección electrónica única que haya elegido expresamente. Se abre también el debate sobre la ampliación al horario de tarde de más servicios públicos.

Arenas valoró este avance de la Administración pública y confió en mejorar aún más la firma de acuerdos con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, de manera que los ciudadanos se ahorrarían otros 1,5 millones de certificados.

El resto de los certificados requeridos a los ciudadanos, y que recaen cuantitativamente en su mayor parte sobre el Ministerio de Justicia a través de los diversos certificados que emiten los Registros Civiles, serán eliminados en el plazo de un año.

Reproducido de El Mundo

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