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Con el nuevo canon la LPI permitirá al Gobierno decidir cómo financiar a los medios de comunicación.


La conocida como “Tasa Google” o “Canon AEDE”, parece que sigue su curso, ayer fue aprobado el proyecto de reforma de la LPI por el Congreso, con las incongruencias que Internet lleva denunciando meses y meses, también por lo relativo al derecho de cita y a los enlaces en Internet.




Parece que el empeño de parte del sector periodístico por cobrar un canon irrenunciable, con motivo de que los “agregadores” utilicen fragmentos de sus noticias para referenciar el enlace a las mismas, no se ha entendido bien en el Congreso.

Además de otras cuestiones, como que las webs que contengan enlaces que, presunta o aparentemente, puedan o pudieran lesionar intereses económicos de titulares de derechos de autor, se verán expuestos a sanciones de 300.000.-euros, si no retiran el enlace a petición de la Comisión del Gobierno conocida como “Comisión Sinde”; o si identificar usuarios para solucionar asuntos de carácter civil (LPI), utilizando bases de datos creadas por las operadoras de comunicaciones al amparo de la normativa que regula la retención de datos en España, contradice o no las razones expuestas por el TJUE para anular la Directiva europea que lo amparaba, se debatía la de la famosa “tasa Google” (que afectará también a Twitter u otros prestadores de servicios similares), que está escandalizando, y con razón, a la sociedad civil española.

Tal vez, si la idea básica de cobrar derechos de autor por referenciar una noticia que ha elaborado un tercero, incluyera también un canon a favor de las personas que generan la noticia o la opinión noticiable que recojan, el esfuerzo creativo se vería compensado de una manera un poquito más justa. Sin embargo, esto es sólo un ejemplo de lo vago que resulta el derecho que pretenden “canonizar”, y porque puestos a exigir, de las noticias podemos exigir todos algo, por supuesto incluidos los que la enlazan, por difundir y publicitar el trabajo y/o prestigio de ese medio de comunicación, o del periodista que intervino en la noticia.

Este es el sinsentido. Pero lo más grave, es el fondo constitucional de este tasazo: se lo exigen al Parlamento los medios de comunicación de un país, un Parlamento que está lleno de políticos, cuya permanencia en el mismo sabemos depende en gran medida de la “objetividad periodística” que esos mismos medios de comunicación les ofrezcan, esos medios a los que van a procurar una financiación extra. Y es que va a ser el ejecutivo, el Gobierno, el que mediante un Reglamento decida cuáles van a ser los pormenores (“cifras”) de este nuevo sistema de financiación irrenunciable de los medios de comunicación ¿Será generoso el Gobierno con los medios? ¿Estamos ante un chantaje al Estado de Derecho y una patada a la libertad de información? Las dudas desde luego son más que razonables.

En cualquier caso, la Asociación de Internautas, que no da crédito a lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados, atada de pies y manos, sólo puede resignarse y explicar estas barbaridades. La norma saldrá, y pero no será llevada a los Juzgados. Y no porque la Constitución Española no lo permita, sino porque no hay dinero para asumir los costes de pedir justicia en casos como este, en los que se aprueban normas sin sentido.
La AI no impugnará la nueva LPI. Como asociación sin ánimo de lucro, no puede arriesgarse a que se ordene otra vez su ruina total, como ya se ha denunciado ante el Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Supremo sancionó a esta asociación (y ahora están exigiendo bajo amenaza de embargo) a pagar más de 10.000.-euros a los abogados de las distintas asociaciones que se personaron en el pleito de la impugnación de la Ley Sinde, voluntariamente y sin ser necesarios, incluso en contra de su propia doctrina jurisprudencial.

Y así estamos.

Asociación de Internautas

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